Otras fuentes ligan a "Zacarías" con la CIA, en la Operación Irán Contra que se administraba desde Ilopango, junto al cubano Luis Posada Carriles. "Él era un agente encubierto que tenían ellos (CIA), cuando estaban entrenando a los escuadrones de la muerte, el señor Rivera, Félix Rodríguez y Posada (Carriles)", cuenta ahora el ex agente de la DEA, Celerino Castillo, quien aparece en una foto de su página web personal junto a George Bush, padre del actual gobernante de Estados Unidos...

La separación de los dos altos mandos se da en el contexto de una publicación del matutino El Periódico, que cita a un ex miembro de comandos extrajudiciales liderados por altos mandos de la policía y el ministerio de gobernación, quien describe cómo se organizaban los operativos de ejecuciones extrajudiciales y asaltos...

En su investigación "Poderes Ocultos. Grupos ilegales armados en la Guatemala postconflicto y las fuerzas detrás de ellos", WOLA indica que estos grupos "perpetúan el clima de inseguridad y socavan el estado de derecho", por lo que demanda proceder a su desmantelamiento inmediato para rescatar las posibilidades democráticas en Guatemala...

Las estructuras clandestinas develadas durante el proceso de investigación del asesinato de diputados salvadoreños y la ejecución de los sospechosos de este hecho, han operado también en ejecuciones extrajudiciales de jóvenes, mujeres y en ataques y agresiones contra defensores y defensoras de Derechos Humanos..."

Tres policías más están acusados del crimen y actualmente están prófugos: Marvin Roberto Contreras, Geiner Barillas Recinos y otro, cuyo nombre no se ha dado a conocer...

... Es evidente que, en el tema de la seguridad, el gobierno y en general el Estado de Guatemala han fracasado. La administración de justicia sigue dando como resultado más y más impunidad. No hay una política pública de seguridad de la cual se desprendan estrategias de mediano y largo plazo ni planes operativos con carácter integral. Las autoridades se han dedicado a reaccionar ante las diferentes coyunturas y eso no permite tener un combate sostenido contra el crimen y la violencia..."

El contexto nacional no es propicio. La realidad cotidiana muestra que hemos arribado a una situación de pérdida de gobernabilidad, cuya manifestación más significativa es el creciente deterioro de la institucionalidad del Estado, su falta de funcionalidad e inoperancia, y su incapacidad de ofrecer una respuesta a las demandas sociales, políticas y económicas de la población..."

Sobre este conflicto hemos entrevistado a Mariano Calel, del Movimiento Campesino Pro-justicia Nueva Linda, y Domingo Matías, de la organización canadiense Derechos en Acción, quienes nos exponen el origen del conflicto y la situación actual.

Con relación a ello el Equipo Nizkor declara, entre otras cuestiones, "Que es evidente que la jurisdicción penal universal debe ejercerse sobre aquellos actos delictivos que constituyen crímenes contra la humanidad y nos alegra que el Tribunal Constitucional establezca los límites racionales en derecho que permitan garantizar el debido proceso, la tutela judicial efectiva y los derechos de las víctimas... y que "el fondo de esta sentencia excede el propio caso en litigio, toda vez que el Gobierno español, pero especialmente el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Tribunal Supremo, había utilizado los casos de Guatemala y Perú como procedimientos con los que imponer limitaciones a la persecución universal de los crímenes contra la humanidad e imponer además la figura de “subsidiariedad” que perversamente se infiltró en el discurso de la política exterior española desde la época de la discusión del Tratado de Roma y que fuera denunciado por el Equipo Nizkor en enero y julio de 2000..."

Por último, la sentencia agrega que "la concepción del Tribunal Supremo sobre la jurisdicción universal, en la medida que aspira a unir 'el interés común para evitar la impunidad de crímenes contra la Humanidad con un interés concreto del Estado en la protección de determinados bienes se sostiene sobre fines de difícil conciliación con el fundamento de la misma institución, lo que da lugar a una práctica abrogación de facto del art. [23.4] LOPJ".

En Guatemala, la iniciativa legislativa que lleva por nombre "Código Militar" pasó a primer debate en el Congreso el 21 de septiembre de 2005.

Se trata de un conjunto orgánico de cuatro leyes que regulan diversos aspectos del Derecho Penal Militar, el sistema de organización de la justicia penal militar y el sistema penitenciario militar.

Esta iniciativa ha sido cuestionada y rechazada por diversos sectores sociales y organizaciones de derechos humanos, quienes ven en ella una forma de favorecer a integrantes del Ejército inmersos en casos de corrupción, crímenes y delitos comunes, al tiempo que algunos expertos también señalan que las cuatro leyes militares en estudio son inconstitucionales porque violan el derecho de igualdad.

La Fundación Myrna Mack ha elaborado un análisis del proyecto de Código Militar, análisis que hemos extractado y que reproducimos en este fichero audio, junto con el comunicado de la bancada de la URNG en el Congreso a tenor de este tema.

"“El día 7 de julio, a las 7.40 horas de la mañana, en las oficinas centrales de la organización en Chimaltenango ingresó un fax conteniendo amenazas contra nuestro Coordinador General, Sr. Mario Antonio Godinez López, que literalmente mencionaba que '...las acciones desestabilizadoras hechas por su organización han provocado descontento e indignación en las organizaciones que trabajamos por la paz del departamento. Le recomendamos que se abstengan de llevar a cabo reuniones de mas de 20 personas en cualquier lugar ya que lo entenderemos como un acto de nueva provocación y reaccionaremos en respuesta de sus acciones desestabilizadoras. Le recomendamos mucha prudencia en lo que de aquí en adelante planeen en las comunidades y en el departamento...'

Dicho documento está firmado por un grupo desconocido auto llamado Grupo de Acción por la Paz en Huehuetenango.

Esta amenaza se une a varios hechos de intimidación que en distintas partes del país han recibido tanto miembros directivos de Ceiba como personal de la misma, durante el primer semestre de este año, las cuales han sido documentadas en la Procuraduría de Derechos Humanos y el Ministerio Público..."

According to the latest report recently submitted by the Unit for the Protection of Human Rights Defenders of the National Human Rights Movement, between January and May of this year 68 attacks against human rights defenders have been reported, a number which also includes breaking and entering of the offices of such organizations, attacks against and killings of justice officials, social leaders, members of human rights organizations and communications workers.

In the face of this situation the Human Rights Ombudsman (Procurador de los Derechos Humanos), gravely concerned by the recent increase in the number of attacks against justice officials and human rights defenders, has released a statement in which he calls for an effective implementation of international mechanisms to protect human rights in Guatemala. He also highlights the need to unite efforts at the national level to defend such rights.

Según el último informe presentado recientemente por la Unidad de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos del Movimiento Nacional de Derechos Humanos, entre enero y mayo de 2005 se han reportado 68 ataques en contra de defensores de derechos humanos, cifra que comprende allanamientos a sedes de organizaciones, atentados y asesinatos en contra de operadores de justicia, dirigentes y líderes sociales, así como contra miembros de organizaciones de derechos humanos y comunicadores sociales.

Ante esta situación, el Procurador de los Derechos Humanos ha emitido un pronunciamiento exponiendo la grave situación de acoso contra el movimiento de derechos humanos y la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección de los ddhh en Guatemala.

El Movimiento Indígena, Campesino, Sindical y Popular de Guatemala, convocó a un paro nacional el 14mar05 para manifestar su protesta ante la reciente aprobación, por parte del Congreso de la República, del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.

Estas manifestaciones de protesta social fueron reprimidas violentamente por las fuerzas de seguridad. No son las únicas que se han dado en los últimos meses en Guatemala.

Eddy Armas, activista de derechos humanos, nos habla de la situación de los derechos humanos y del disfrute de las libertades civiles en Guatemala. En este reportaje, Eddy explica cuáles están siendo las principales trabas para el desempeño del trabajo de las organizaciones sociales y de derechos humanos en Guatemala. Nos habla también acerca de las implicaciones del TLC sobre el disfrute de los DESC en Guatemala y qué reacción ha tenido el Gobierno hacia la protesta social.

"...No existen argumentos técnico-jurídicos, legales y constitucionales que avalen con suficiente fuerza la decisión contenida en el Decreto 28-04, emitido recientemente por el Organismo Legislativo y sancionado por el Presidente de la República, que estipula el pago de una remuneración económica a los paramilitares por una supuesta actividad cívica realizada a favor del Estado durante el conflicto armado interno...

La función de los ex PAC no tuvo carácter de actividad cívica, pues su labor consistió en ayudar a los militares a repeler la acción insurgente. En el proceso, algunos de ellos participaron activamente en la comisión de graves crímenes, y actualmente hay casos judiciales que involucran a algunos ex PAC en más de una masacre...

... es preciso que el Estado dilucide la situación actual de los ex patrulleros civiles, a efecto de esclarecer la legalidad de su organización y qué otras actividades desarrollan en las comunidades del interior del país, para evitar que resurjan como fuerzas de represión y de violencia."

"The security situation of human rights defenders and various civil society organizations deteriorates further in Guatemala.

The first type of actions consisted in illegal covert break-ins which looked like normal delinquency but which, due to the circumstances, the material stolen and the background of intimidation and prior threats, have the hallmark of the co-ordinated action of the military counter-intelligence services.

On the 19th September, 2004, in Guatemala City three organizations experienced break-ins with this modus operandi: "Casa del Migrante", "Paz y Tercer Mundo" and the "Proyecto Institucionalización del Mesodiálogo"...

In addition, claims by local communities affected by the construction of the Chixoy dam have been the subject of a defamation campaign, similar in type to the PR campaigns carried out by specialist firms, and set in motion contemporaneously with the events which have taken place in Guatemala City...

This campaign, has been led by the newspaper "El Periódico" which has published an article which even a superficial contextual analysis would describe as a "military intelligence report". It merely demonstrates that the military counter-intelligence services continue to act on the borders of Guatemalan constitutional legality..."

La Fundación que lleva el nombre de la antropóloga Myrna Mack, surgió de la necesidad de poner a disposición de la sociedad el aprendizaje adquirido en la lucha por que se hiciera justicia en este caso, evitando que el asesinato de Myrna quedara impune.

Myrna Mack Chang era graduada en Ciencias Sociales y se especializó en antropología social en universidades del Reino Unido y de Estados Unidos. Fue fundadora de la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales, AVANCSO. La defensa de los derechos de la población civil desplazada por el conflicto armado la había convertido en un blanco para los militares, y el 11sep90 fue asesinada por un comando especial del Estado Mayor Presidencial.

Por muchas razones, este caso es considerado paradigmático: probó, por primera vez, la participación de agentes del Estado en las violaciones a los derechos humanos; evidenció la forma de actuación ilegal de los servicios de inteligencia; evidenció la utilización de toda la estructura militar con la finalidad de evitar que se investigue y sancione a sus miembros o a otras fuerzas de seguridad civiles y/o castrenses.

El trabajo en torno al caso, ha llevado a la Fundación Myrna Mack a investigar y analizar una serie de aspectos que están interrelacionados con el funcionamiento del poder judicial y el estado de derecho, como son la seguridad, los órganos de inteligencia y defensa; el seguimiento de los acuerdos de paz y la lucha contra la impunidad en Guatemala.

Por todo ello, Radio Nizkor ha entrevistado a Helen Mack, para que nos hable de los avatares del caso, de la relación entre servicios de inteligencia, crimen organizado y violaciones a los derechos humanos, así como del continuo hostigamiento de que son objeto los defensores de derechos humanos y sus organizaciones.

(Esta entrevista comienza a los 11min y 30ss., tras la introducción que la precede)

El formato Real Media de este fichero, permite visualizar documentos de análisis contextual sincronizadamente con el audio. Esto es posible con el programa Real One Player. Más Información.

La precaria situación de seguridad de los defensores de derechos humanos y de algunos organismos sociales se agrava en Guatemala.

La primera forma de actuación ha consistido en allanamientos ilegales, encubiertos como acción de delincuentes comunes, pero en los que la circunstancialidad, el material que ha sido robado y el contexto de intimidación y amenazas previo, hacen notorio la acción coordinada al estilo de los servicios de contrainteligencia militares.

El 19sep04, en Ciudad de Guatemala, sufrieron este tipo de modus operandi la "Casa del Migrante", "Paz y Tercer Mundo" y el "Proyecto Institucionalización del Mesodiálogo". También fueron allanadas la Unión Progresista Amatitlaneca y la cooperativa COOSADECO...

Paralelamente, se llevaba a cabo una grave campaña de difamación puesta en marcha al estilo de las campañas de imagen promovidas por empresas especializadas, y que ha sido concurrente en el tiempo con los hechos ocurridos en Ciudad de Guatemala.

Esta campaña la encabezaba el diario "El Periódico", que publica un artículo al que un mero análisis contextual puede catalogar como "informe militar de inteligencia" y simplemente viene a demostrar que los servicios de contrainteligencia militar continúan actuando al margen de la legalidad constitucional guatemalteca.

Uno de los principales afectados por esta campaña de difamación ha sido Juan de Dios García, Director de ADIVIMA (Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia en las Verapaces, Maya Achì), a quien Radio Nizkor ha entrevistado y quien nos habla del continuo acoso y hostigamiento al que se ve sometido el trabajo de defensa de los derechos humanos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró en su sede en San José de Costa Rica su LXII Período Ordinario de Sesiones, del 19 de abril al 7 de mayo de 2004.

Durante este período de sesiones la Corte conoció, entre otros, del caso de la Masacre Plan de Sánchez, de la cual ha responsabilizado al Estado de Guatemala.

En palabras de uno de los magistrados, el juez CANÇADO TRINDADE, "es la primera vez en toda la historia de la Corte Interamericana que una masacre de la presente dimensión es sometida a su conocimiento".

La aldea Plan de Sánchez pertenece al municipio de Rabinal, Baja Verapaz. El 18 de julio de 1982 fueron ejecutadas alrededor de 268 personas, quienes eran en su mayoría miembros del pueblo maya achí y algunas no indígenas residentes en otras comunidades aledañas como Chipuerta, Joya de Ramos, Raxjut, Volcanillo, Coxojabaj, Las Tunas, Las Minas, Las Ventanas, Ixchel, Chiac, Concul y Chichupac;.

La Corte declara la responsabilidad del Estado de Guatemala por violación de varios artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El informe elaborado por DESCGUA da lugar a este documento audio sobre el disfrute del derecho a la vivienda en Guatemala. El informe analiza los obstáculos que impiden el acceso a una vivienda digna, principalmente en las zonas urbanas, y su relación con otras causas que impiden el disfrute de los DESC, cuales son las políticas de exclusión social.

El libro escrito por los periodistas Bertrand de La Grange y Maite Rico, titulado "¿Quién mató al Obispo?", se inscribe en campañas de contrainteligencia que pretenden la deslegitimación de las víctimas y la cobertura de las organizaciones criminales que, como en el caso de Guatemala, son responsables de aproximadamente 250.000 víctimas y no se han dado sólo en este caso...

El 22 de abril de 2004 se llevó a cabo la ceremonia mediante la que el Estado de Guatemala reconocía su responsabilidad institucional en la ejecución extrajudicial de la antropóloga social Myrna Mack, ocurrida el 11 de septiembre de 1990, y en la ulterior denegación de justicia.

Este acto de reconocimiento de responsabilidad fue una de las medidas que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó ejecutar al Estado de Guatemala mediante sentencia de 25nov03, en la cual fue hallado responsable de ese crimen.

Este documento audio es el discurso pronunciado por Helen Mack, hermana de Myrna y Presidenta de la Fundación Myrna Mack, durante la ceremonia.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos celebra en San José de Costa Rica su 62 Período Ordinario de Sesiones, que transcurrirá entre el 19 de abril y el 8 de mayo de 2004.

Los días 23 y 24 de abril de 2004, la Corte escuchará en audiencia pública los argumentos de las partes en el caso de la masacre Plan de Sánchez.

Este caso tiene su origen en una demanda contra el Estado guatemalteco por la masacre de 268 personas, en su mayoría miembros del pueblo indígena maya en la aldea Plan de Sánchez, Municipio de Rabinal, Departamento de Baja Verapaz, masacre que habría sido ejecutada por miembros del ejército de Guatemala y colaboradores civiles, bajo la tutela del ejército, el día domingo 18 de julio de 1982 en Guatemala.

Además se ocupará los días 26 y 27 de abril del caso Caso Molina Theissen, sobre hechos sucedidos también en Guatemala.

La Misión de Verificación de las Naciones Unidas para Guatemala (MINUGUA), aseguró que la ausencia de una Ley de Exhumaciones ha contribuido a mantener en la impunidad los actos de genocidio cometidos por grupos armados durante la guerra.