Episodios de tortura y maltrato contra prisioneros en Iraq y en la base naval en Guantánamo, Cuba, salieron a la luz, detallados por soldados estadounidenses, en una reunión organizada por veteranos opuestos a la guerra.

De estos testimonios, la organización Veteranos de Iraq Contra la Guerra concluyó que los actos brutales de las fuerzas de Estados Unidos hoy ampliamente conocidos por el público no han sido hechos aislados perpetrados por "unas pocas manzanas podridas", como aseguran políticos y militares.

Por el contrario, advirtieron, esas acciones se han constatado a diario, y respondido a instrucciones y órdenes precisas dictadas por los comandantes.

"Uno puede convertirse en guardia de un campo de concentración sin tomar muchas decisiones propias", dijo en ese sentido Christopher Arent, de 24 años, ante el auditorio convocado por Veteranos de Iraq contra la Guerra el fin de semana... Arent dijo haber perdido el entusiasmo cuando lo trasladaron a Guantánamo en 2003... "Llegaba a la oficina a las 4.30 de la madrugada y a veces ya había algún prisionero en la sala de interrogatorios. Allí la temperatura era de unos seis grados bajo cero y el volumen de la música era atronador. Los prisioneros estaban encadenados al piso de pies y manos", dijo...

El ex sargento Domingo Rosas, destacado entre abril de 2003 y abril de 2004 en la localidad iraquí de Al-Qayim, cerca de la frontera con Siria, aseguró haber recibido la orden de no dejar dormir a los prisioneros durante su turno de guardia...

Andrew Duffy, quien también fue miembro de la Guardia Nacional y prestó servicio como médico en la prisión de Abu Ghraib, cerca de Bagdad, relató que se negaba a los detenidos todo tipo de asistencia, aun en casos críticos...

Veteranos de Iraq contra la Guerra difundieron una declaración en la que destacaron que "estos testimonios no se refieren a conductas individuales, sino a la naturaleza de la ocupación" en Iraq... "Le pedimos al Departamento de Defensa que deje de decir que se puede lograr lo imposible. Nos enfrentamos con un problema político que no tiene solución militar. Esta guerra no puede ganarse: es una ocupación que sólo puede ser terminada", concluyeron.

La política exterior de Estados Unidos es cada vez más dominada por el Pentágono en vez del Departamento de Estado (cancillería), y el Congreso legislativo no hace nada para detenerlo, alertaron organizaciones de derechos humanos.

El Departamento de Defensa no sólo logra más dominio con la creación de sus nuevos programas de ayuda militar, en el marco de su "guerra contra el terrorismo", sino también a través del creciente poder de los "comandantes combatientes", altos mandos que supervisan las operaciones militares en todo el mundo, según el informe titulado "Preparen, apunten, política exterior", divulgado el jueves por una coalición de organizaciones no gubernamentales.

De hecho, un documento de estrategia preparado el año pasado por el Comando Sur, que supervisa todas las operaciones en el Caribe y América Latina al sur de México, proponía que esa oficina militar coordinara además a todas las agencias estadounidenses relevantes, incluyendo las civiles, "para cubrir toda la gama de desafíos regionales"...

Este informe es el último de una serie que han alertado sobre la creciente militarización de la política exterior estadounidense, sobre todo bajo el gobierno de Bush.

En mayo de 2007, por ejemplo, el organismo independiente de control Centro por la Integridad Pública, divulgó en su sitio web información sobre el flujo de miles de millones de dólares del Pentágono a gobiernos represivos como los de Djibouti, Etiopía, Pakistán y Uzbekistán, fondos que el Departamento de Estado muy probablemente no habría aprobado siguiendo las disposiciones sobre derechos humanos incluidas en las leyes estadounidenses sobre ayuda exterior.

El proyecto de investigación del Centro por la Integridad Pública, titulado "Daño colateral", concluyó que el Congreso ejerció poca o ninguna vigilancia sobre el desembolso de esa ayuda.

Informes de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental del Congreso, e incluso del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, han reflejado también la preocupación de que la influencia y las operaciones en el exterior del Departamento de Estado y de otras agencias civiles están siendo eclipsadas por los mayores recursos del Pentágono y sus comandantes combatientes...

Al cumplirse cinco años de la invasión de Estados Unidos a Iraq, la tétrica realidad y la opinión pública iraquí desmienten al gobierno del país ocupante, según el cual la situación allí ha mejorado.

El vicepresidente estadounidense Dick Cheney declaró el lunes, en visita sorpresiva a Iraq, que la invasión lanzada el 20 de marzo de 2003 había sido un "esfuerzo exitoso".

Pero las cifras dejan en evidencia que uno de cada tres iraquíes abandonó su hogar, depende de la asistencia de emergencia para sobrevivir o murió a causa de la invasión y la ocupación. Eso es lo que Cheney considera un "esfuerzo exitoso".

La organización humanitaria Just Foreign Policy calculó que más de un millón de iraquíes murieron tras la invasión y ocupación de su país...

Más de cuatro millones de iraquíes debieron abandonar sus hogares, y alrededor de la mitad de ellos se vieron obligados a dirigirse a otros países, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Uno de cada cuatro residentes de Bagdad, con seis millones de habitantes, debió dejar su vivienda, indicó la Media Luna Roja iraquí...

El desempleo, que ya se ubicaba en 32 por ciento de la población económicamente activa, osciló durante la ocupación entre 40 y 70 por ciento, según el gobierno iraquí...

Bagdad se convirtió en la ciudad más peligrosa del mundo, en gran parte a causa de la política estadounidense de enfrentar a facciones políticas y a grupos étnicos y religiosos entre sí...

Las estrategias de limpieza étnica y religiosa, respaldadas por las fuerzas ocupantes, eliminaron virtualmente todas las áreas mixtas de la capital...

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) considera que los procedimientos utilizados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la Unión Europea para elaborar las listas negras de individuos y grupos supuestamente vinculados al terrorismo, violan derechos básicos y son "completamente arbitrarios". En consecuencia, sus miembros insisten en que estos procedimientos deben ser revisados "para preservar la credibilidad de la lucha internacional contra el terrorismo".

El 23ene08 la PACE sometió a votación una recomendación sobre la cuestión de las listas negras del Consejo de Seguridad de la ONU y de la Unión Europea. Esta recomendación fue aprobada con 110 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones. Votaron en contra los parlamentarios Cezar Florin PREDA (Rumanía) del grupo del Partido Europeo de los Pueblos y Dragan ŠOC (Montenegro), miembro de la Asamblea por el mismo partido. Se abstuvieron Ryszard BENDER (Polonia), del Grupo Demócrata Europeo, Tomáš JIRSA (República Checa), también del Grupo Demócrata Europeo y Ladislav SKOPAL (República Checa), parlamentario del Grupo Socialista Europeo.

La publicación el 16nov07 del proyecto de resolución y recomendación, así como del memorándum explicativo sobre las listas negras, ha ayudado a reavivar la discusión sobre esta cuestión en los círculos políticos y académicos.

Ese memorándum explicativo o informe fue publicado por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, siendo relator del mismo el parlamentario suizo Dick Marty, perteneciente a la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa. Entre las conclusiones del informe, Dick Marty manifiesta que "Es lamentable y preocupante que organismos internacionales tan importantes y prestigiosos, fundados sobre la protección de los derechos humanos, el estado de derecho y la democracia, hayan decidido retroceder en estos valores, mientras el mundo permanece casi indiferente. Da que pensar cómo los estados abandonan tan fácilmente los principios recogidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos... Los gobiernos lavan su conciencia invocando, sencillamente, la prioridad que deben acordar a las decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU. Esto... no dispensa a los estados de abstenerse de aplicar "procedimientos" arbitrarios que son contrarios a todos los principios fundamentales de la cultura jurídica de los países civilizados. Ciertamente la lucha contra el terrorismo es una necesidad que nadie puede cuestionar. Pero consideramos inaceptable renunciar, en nombre de esta lucha, a los principios fundamentales de una sociedad democrática. Esto es intolerable desde el punto de vista jurídico, éticamente inaceptable y difícilmente defendible como una cuestión de eficacia."

"... [L]a práctica actual de las listas negras es escandalosa y mancha el honor de las instituciones que hacen uso de ella en estos términos. La elaboración de listas negras sin respetar los derechos más elementales cuestiona la credibilidad de la lucha contra el terrorismo y como consecuencia reduce su eficacia. Es posible desarrollar una prevención eficaz y una persecución rigurosa del crimen de carácter terrorista al tiempo que se respetan los principios fundamentales del Convenio Europeo de Derechos Humanos; respetar estos principios es incluso indispensable para que todos los ciudadanos apoyen y se identifiquen con esta lucha. La injusticia es un aliado importante de los terroristas: por tanto, combatámosla también. Esta es precisamente la finalidad de los textos presentados a consideración de la Asamblea por la Comisión de asuntos jurídicos."

Members of the European Parliament fear that the new Passenger Name Record agreement between the European Union and the United States, reached on June 28th, 2007, fails to protect citizens' data.

The European Parliament passed a resolution on July 12, 2007 on this agreement expressing that that the new deal still fails to offer an adequate level of data protection and it has been concluded without any involvement of parliaments from both sides, lacking democratic oversight.

While recognising the difficult conditions under which the negotiations took place, MEPs regret that the EU-US agreement for the transfer of Passenger Name Records is "substantively flawed", in particular by "open and vague definitions and multiple possibilities for exception".

Even though the European Parliament welcomed the provision that existing data protection law for US citizens (US Privacy Act) will be extended administratively to EU citizens' data processed in America, MEPs felt there is still much more to be improved... It "criticises the failure of the new PNR agreement to offer an adequate level of protection of PNR data, and regrets the lack of clear and proportionate provisions as regards the sharing of information and retention and supervision by data protection authorities; is concerned about the numerous provisions that are to be implemented at the discretion of the US Homeland Security Department"...

After the European Union concluded on June 28, 2007 a controversial new agreement with the USA giving its agencies access to PNR (passenger name record) personal data on everyone flying to and from that country, the European Commissioner for justice and home affairs, Mr Frattini, said that he would present a Framework Decision for a EU PNR system in October.

Mr Frattini is reported as saying that, in the wake of the attempted attacks in London and Glasgow: "I suggest that all member states should equip themselves with a PNR system and share information with others when relevant".

Mr Frattini's proposal is all the more confusing as there appears to have been no reference to the implementation of the April 2004 EU Directive on the obligation of carriers to communicate passenger data which had to be implemented in all member states by 5 September 2006...

The data to be sent comprises, according to said Directive, personal data on each passenger: type of travel document (eg: passport/visa), nationality, full name and date of birth, that is, the data held on the "machine readable zone" (MRZ) of passports (just four items of data). This is known as Advance Passenger Information or "API".

It appears that Spain is the first EU country to start collecting API (Advance Passenger Information) from incoming travellers as from 13 June 2007 - the UK requires Advance Passenger Information from targeted countries.

Article 3.1 of the 2004 Directive refers to transferring data "by the end of check-in". However, airlines are likely to collect Advance Passenger Information data when the ticket is booked days or weeks before the flight. This data could be passed to the national agencies well prior to check-in and be followed by a final passenger manifest after check-in.

So the question has to be asked: If the collection of Advance Passenger Information at the flight booking stage becomes the norm why is Passenger Name Record needed?...

An "Extraordinary meeting" of the Permanent Representatives Committee (COREPER) was held in Luxembourg on 12 June 2007 during the Justice and Home Affairs Council. The sole subject on the agenda was the EU-USA passenger name record (PNR) agreement.

The current "Undertakings" state that PNR data will be held for: "3.5 years from the date the data is accessed (or received) from the air carrier's reservation system. After 3.5 years, PNR data that has not been manually accessed during that period of time, will be destroyed. PNR data that has been manually accessed during the initial 3.5 year period will be transferred by the Customs and Border Protection Department to a deleted record file." Under the proposed new agreement: "PNR data would be kept for 7 years as "active" data and 8 years as "dormant" data." Under the existing agreement data which has not been accessed for 3.5 years is destroyed.

Under the proposed agreement all data will be held for 15 years...

The USA has used the successful challenge against the legal basis of the 2004 EU-US agreement (plus "Undertakings") on the transfer of passenger name records in the European Court of Justice by the European Parliament to put forward significant changes - to which the EU has agreed.

"What is particularly outrageous is that if the law changes in the USA the way the agreement is implemented changes too without any renegotiation - which is very worrying given the nature of new laws which remove the rights of suspects including habeaus corpus", commented Tony Bunyan, Statewatch editor...

On June 27th, 2007, two weeks after the EU Permanent Representatives Committee meeting on the agreement, the European Data Protection Supervisor, Peter Hustinx, addressed a letter to the German Council Presidency, expressing grave concern" at the proposals to:

• extend the time personal data is held from 3.5 years to 15 years:
• data can be passed to a "broad range of US agencies" with "no limitation" on its further processing;
• the absence of a "robust legal mechanism" for EU citizens to "challenge misuse" of their data;
• and the fact that the US "wants to avoid a binding agreement"

Numerosas organizaciones no gubernamentales, ex altos funcionarios del Banco Mundial y el sindicato de la institución piden la renuncia de Wolfowitz por favorecer, de manera impropia y en violación de los protocolos internos, a su novia, Shaha Riza, con un aumento de salario y una transferencia al Departamento de Estado estadounidense. La polémica por este asunto se incrementó además por nuevas revelaciones sobre pasadas irregularidades de la funcionaria.

"Según el no gubernamental Government Accountability Project (GAP, Proyecto para la Responsabilidad del Gobierno), con sede en Washington, que investigó el caso desde el comienzo, fuentes internas del Banco confirmaron que Riza nunca había solicitado ni recibido permiso del organismo para trabajar en el SAIC, el mayor contratista de defensa del gobierno de Estados Unidos cuando Wolfowitz se desempeñaba como subsecretario de Defensa... La Junta del organismo multilateral no estaba al tanto de los generosos aumentos de salario que recibió Riza pese a que se encontraba en una "misión externa" en el Departamento de Estado de Estados Unidos."

Por su parte, el sindicato del Banco Mundial ha pedido la renuncia de Wolfowitz, pues "su conducta puso en tela de juicio la integridad y eficacia del Grupo del Banco Mundial y destruyó la confianza de sus empleados en su liderazgo". El sindicato advierte que no hubo representación de la asesoría legal del Banco durante las negociaciones del nuevo contrato de Shaha Riza, su pareja, aunque sí estaba presente su propio abogado personal. Señala también que el ex consejero general del Banco, Roberto Danino, rechazó los términos de la transferencia de la funcionaria al Departamento de Estado, lo que llevó a Wolfowitz a excluirlo de las negociaciones del contrato...

A todo ello se añade el hecho de que el actual presidente del Banco Mundial fue uno de los principales ideólogos de la invasión a Iraq, y que de los cinco nombramientos de altos funcionarios internacionales realizados por Wolfowitz en sus dos años en la presidencia del Banco, tres correspondieron a miembros de gobiernos que apoyaron la guerra de Estados Unidos contra Iraq: se trata del nuevo vicepresidente para Asuntos Externos del Banco y ex viceprimer ministro de Jordania, Marwan Muasher; la ex Ministra española de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, nombrada Primera Vicepresidenta y Consejera Jurídica General del Grupo del Banco Mundial en junio de 2006; y Juan José Daboub, ex ministro de Finanzas de El Salvador y que se desempeña ahora como uno de los dos directores gerente del Banco.

Estos hechos llevan también a pensar que "Paul Wolfowitz usó su cargo para recompensar a gobiernos y personas que ayudaron a Estados Unidos en la guerra de Iraq", tal y como declaró el director del Programa Estratégico de la organización no gubernamental New America Foundation, Steven Clemens...

El formato Real Media de este fichero, permite visualizar documentos de análisis contextual sincronizadamente con el audio. Esto es posible con el programa Real One Player. Más Información.

"La indolencia de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos ante el clamor de los más de 300 detenidos en la base naval de este país en Guantánamo, Cuba, es objeto de duros cuestionamientos por parte de activistas y expertos en derechos humanos.

La Corte decidió el 2 de abril no atender los casos de los musulmanes tomados prisioneros en la "guerra" de Estados Unidos "contra el terrorismo" y recluidos en Guantánamo, hasta que no se agoten las vías legales en tribunales de apelaciones de menor rango.

Como consecuencia, el principal tribunal estadounidense se negó a revisar la legalidad de la detención hasta que se cumplan, en todos los casos, los procedimientos previstos en la Ley de Tratamiento a Detenidos (DTA), aprobada en 2005.

Esa norma permite apelaciones de las decisiones tomadas por paneles militares ante tribunales civiles, pero muy limitadas...

Los tres jueces que redactaron el fallo, Anthony M. Kennedy y John Paul Stevens, anotaron que deseaban ver el proceso establecido por la DTA en acción antes de determinar si se trata de un sustituto adecuado para el hábeas corpus...

Abogados del Centro para los Derechos Constitucionales consideraron que el proceso en estos tribunales es "una farsa"..."

Richard Wilson, Professor of Law and Director of the International Human Rights Law Clinic at the American University of Washington, provides us with a new and in depth update on the Detainees at Guantanamo Bay, their legal situation and in particular the legal situation of Wilson's client Omar Khadr, a Canadian citizen detained by U.S. forces in July 2002 when he was 15 years old.

Richard Wilson has collaborated with Equipo Nizkor for several years. He is also a member of Equipo Nizkor‘s Board of Directors.

Wilson has addressed for Radio Nizkor the situation of the Guantanamo Detainees and the US Administration policies on Guantanamo on two previous occasions:

On October 2004, Radio Nizkor interviewed Wilson on the the developments regarding the situation of the Guantanamo detainees and, at that time, the current status of legal issues in Guantanamo, where he addressed topics as important as:

• The relationship of the Guantanamo Bay situation and the torture scandal at Abu Ghraib prison in Iraq
• The publication of internal Memoranda bu high ranking officials within the Bush Administration regarding the approval of the use of torture, and
• The very important decision of the US Supreme Court in June of 2004, namely Rasul vs. Bush.

Upon addressing those matters, Wilson provides the audience with an outstanding systematization of the current legal situation of the Guantanamo Detainees and the issues at stake in order to properly exercise their defense.

"Au cours de nos recherches, nous n'avons découvert aucune pièce infirmant les déclarations de M. Al-Masri" qui accuse la CIA de l'avoir enlevé, a indiqué le 10 juillet devant les députés Martin Hoffman, procureur de Munich chargé d'instruire le dossier. Témoignant devant la commission temporaire sur les activités présumées illégales de la CIA en Europe, il a cependant indiqué ne disposer d'aucune preuve de la participation des autorités ou des services secrets allemands dans cet enlèvement.

Citoyen allemand d'origine libanaise, Khaled Al-Masri affirme que des agents de la CIA l'ont enlevé en décembre 2003 et détenu pendant cinq mois dans une prison secrète en Afghanistan.

Il avait raconté son histoire devant la commission parlementaire au mois de mars, affirmant qu'il avait été arrêté lors d'un voyage dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, séquestré durant 23 jours dans un hôtel de Skopje, interrogé, puis transporté "les yeux bandés et un capuchon sur la tête" dans une prison secrète en Afghanistan où il aurait été torturé à plusieurs reprises. Il a été finalement relâché sans qu'aucune charge ne soit retenue contre lui..."

Selon le Parlement européen, "dans un certain nombre de cas, la CIA ou d'autres services américains se sont rendus clairement responsables de l'arrestation, de l'expulsion, de l'enlèvement et de la détention illégaux de terroristes allégués" en Europe.

Le texte souligne également la complicité de certains Etats membres. La commission temporaire a reçu le feu vert du Parlement afin de poursuivre son travail pour six mois de plus.

Les députés ont adopté, le 6 juillet, un rapport intérimaire de la commission temporaire sur l'utilisation alléguée de pays européens par la CIA pour le transport et la détention illégale de prisonniers.

Le rapport de Giovanni Claudio FAVA (député italien qui fait partie du Group Socialiste européen) a été adopté par 389 voix pour, 137 contre et 55 abstentions.

Les députés rappellent que ces actions "ne correspondent pas à des concepts de droit international connus et sont contraires aux principes fondamentaux de la législation internationale en vigueur en matière de droits de l'homme".

Le rapporteur de la commission d'enquête temporaire sur les activités illégales présumées de la CIA en Europe s'est exprimé devant les députés, mercredi 5 juillet, ainsi que le Conseil et la Commission. Selon lui, les restitutions extraordinaires sont un "fait", réalisé avec la complicité de certains Etats membres. Les députés ont toutefois exprimé des opinions parfois plus nuancées.

Le rapporteur du Parlement, Giovanni Claudio FAVA a rappelé à l'Assemblée qu'il était question de contribuer à faire la lumière sur les abus commis au nom de la lutte contre le terrorisme. Ou dans le cas présent, rechercher "la vérité sur une négation des droits", en l'occurrence "les droits refusés à ceux qui sont accusés d'être nos ennemis mais qui, en tant qu'êtres humains, en tant que suspects, ont ces droits - à un procès équitable, à une défense, à un jury et à un traitement digne-". Selon le rapporteur, "sans cela, il n'y a pas de loi, il n'y a que la force arbitraire, exercée par certains pays et acceptée par les autres"...

La costumbre del gobierno de George W. Bush de procurar sistemáticamente ampliar su poder en nombre de la "guerra contra el terror" quedó al desnudo una vez más, tras un histórico fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos.

Ese alto tribunal falló el 29 de junio contra el procesamiento de los denominados "combatientes enemigos" en tribunales especiales ("comisiones") militares.

Bush alegaba que tenía, en su carácter de presidente, "derechos inherentes" previstos por la Constitución de su país para hacer "lo que sea necesario" en su tarea de proteger a los estadounidenses en tiempos de guerra.

En ese sentido, ha apelado sistemáticamente a la facultad de adjuntar a las leyes aprobadas por el Congreso legislativo, en el momento de su sanción, las denominadas "declaraciones firmadas" ("signing statements"), en las que indica cómo interpreta el Poder Ejecutivo la nueva norma y cómo será aplicada...

"El 'número dos' del servicio secreto de Italia SISMI fue detenido el 05 de julio por su presunta participación en el secuestro de un supuesto terrorista islámico realizado por la CIA...

De acuerdo con los reportes, Marco Mancini fue detenido a primera hora de la mañana en su casa cerca de Ravenna, en el norte de Italia , acusado de ser cómplice del secuestro en Milán del imán egipcio Hassan Mustafa Osama Naser, también conocido como Abu Omar, en febrero de 2003..."

La "Commission temporaire du Parlement sur l’utilisation présumée des pays européens par la CIA pour le transport et la détention illégale de prisonniers" a indiqué dans son rapport intérimaire adopté le 12 juin 2006, que la CIA était "directement responsable" des "restitutions extraordinaires", de "la saisie illégale, l'enlèvement et la détention de terroristes présumés sur le territoire des Etats membres", qui constituent des violations du droit international.

Les députés critiquent aussi les Etats membres pour leur passivité face aux agissements de la CIA, voire leur complicité avec celle-ci.

Le rapport --rédigé par le député italien Claudio FAVA-- a été adopté par 25 voix pour, moyennant 14 contre et 7 abstentions. Il indique que la CIA a utilisé des avions pilotés par des compagnies aériennes de premier rang pour le transfert illégal de terroristes présumés vers des pays utilisant couramment la torture pour l'interrogation des prisonniers...

D'autre part, la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a déclaré le 7 juin 2006 que les Etats-Unis ont progressivement tissé une « toile d’araignée » de disparitions, de détentions secrètes et de transferts illégaux d’un Etat à l’autre – grâce à la collaboration ou la tolérance d’Etats membres du Conseil de l’Europe.

Dans un projet de résolution adopté lors d’une réunion à Paris et inspiré d'un rapport de Dick Marty, la commission affirme que des centaines de personnes, même simplement soupçonnées de sympathie pour des organisations considérées terroristes, se sont ainsi retrouvées piégées...

Pour la justice européenne, le transfert de données des voyageurs à l'administration américaine est illégal.

La Cour de Justice européenne, dans un arrêt redu le 30 Mai 2006, a jugé illégales les autorisations de transfert des données des passagers aériens aux autorités américaines données par la Commission et le Conseil.

Un accord entre les Etats-Unis et l'UE dans ce domaine a été signé au nom de la lutte contre le terrorisme mais, visiblement, contre la loi. L'arrêt de la Cour donne partiellement raison aux critiques émises par le Parlement européen mais ne résout pas tous les problèmes...

Pour la seconde fois, le Parlement européen appelle à fermer le centre de détention de Guantanamo Bay, désigné par l’Administration américaine comme une zone de non-droit.

En février déjà, les eurodéputés avaient voté une résolution réclamant la fermeture du centre de détention.

La résolution adoptée le 13 juin 2006 par le Parlement européen sur la situation des prisonniers à Guantanamo, "appelle à nouveau l'administration américaine à fermer le centre de détention de Guantanamo Bay et demande instamment que chaque prisonnier soit traité conformément au droit humanitaire international et, s'il est inculpé, jugé sans retard, dans le cadre d'une procédure équitable et publique, par un tribunal compétent, indépendant et impartial ou un tribunal international".

Elle appelle aussi les autorités américaines "à mettre en ouvre la convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et à mettre fin immédiatement à toutes les "techniques d'interrogatoire spéciales".

"El mando militar de Estados Unidos suspendió las ya limitadas visitas de abogados y periodistas a la base naval de Guantánamo, prohibición ordenada tras la muerte de tres prisioneros en ese enclave...

Según letrados del Centro para los Derechos Constitucionales (CCR), una organización no gubernamental con sede en Nueva York, la restricción contra los representantes legales afloró casi al unísono de una negativa a reporteros interesados en visitar el enclave...

Barbara Olshansky, abogada del CCR, dijo que sus colegas sospechaban que las visitas serían suspendidas súbitamente, pero que aún así establecerían una querella ante un tribunal federal en Washington para procurar el acceso a sus clientes..."

"The Central Intelligence Agency conducted a review of its "operational files" last year, as it is required to do every ten years under the CIA Information Act of 1984, to see if any such files could have their "operational" designation rescinded, making them subject to Freedom of Information Act requests... But instead of removing any files from operational status, as contemplated by the 1984 Act, the CIA added nearly two dozen new categories of files that will now be exempt from search and review under the FOIA, according to a newly disclosed report to Congress."

On the other hand, "The Department of Defense is seeking a broad new exemption from the Freedom of Information Act for unclassified information relating to weapons of mass destruction. According to the proposed legislation, 'Examples of such information could include ... formulas and design descriptions of lethal and incapacitating materials; maps, designs, security/emergency response plans, and vulnerability assessments for facilities containing weapons of mass destruction materials.' The proposal is puzzling because most such information, including that which is not classified, is already exempt from the FOIA..."

The Electronic Privacy Information Center, EPIC, informs that Members of Congress are calling for laws in the United States that would compel Internet service providers and telecom companies to store information about their customers for months or years and make those records available to the police upon request...

To date, law enforcement has not been able to show that retaining all users' data helps to solve criminal cases. Traffic data is seldom essential in criminal investigations and data retained for longer than 6 months is rarely useful.

Retaining all customer data could also raise serious security and privacy risks..."

"Fruit d'une longue traque, tant il a fallu multiplier les enquêtes, les sources et parfois les prises de vue clandestines, le dernier rapport d'Amnesty International sur les vols secrets de la CIA, rendu public le 5 avril, est curieusement passé inaperçu au Maghreb.

Et pourtant... « Below the radar » dévoile en une cinquantaine de pages l'une des facettes les moins connues de cet archipel du non-droit qu est la lutte américaine contre le terrorisme...

À bien décrypter les documents publiés par Amnesty, deux catégories de « pays-relais » peuvent être distinguées.

Les soutiens actifs tout d'abord, où l’« ennemi combattant » de l'Amérique peut être transféré pour y être interrogé de façon musclée... Le Pakistan, la Jordanie et la plupart des Républiques russophones d'Asie centrale figurent dans ce premier groupe. Tout comme, en Afrique, trois pays : l'Egypte (une centaine de transférés, dont 30 % ont disparu depuis) ; Djibouti, où les Américains ont installé début 2002 une base et huit cents hommes entièrement voués à l'antiterrorisme; et, dans une moindre mesure, le Maroc...

À ces soutiens... s'ajoute... le soutien passif... des pays qui autorisent les vols secrets à se poser sur leurs aéroports pour embarquer ou débarquer des suspects, le tout dans la plus grande discrétion...

Cette seconde liste est beaucoup plus longue : la plupart des pays européens (y compris la France et la Suisse) y figurent. Mais aussi, en Afrique, la Gambie, le Maroc à nouveau et - a priori plus étonnant - la Libye et l'Algérie. Les enquêteurs d'Amnesty ont ainsi traqué à travers le monde les mouvements de quatre avions affrétés par la CIA (un Boeing 737 et trois Gulfstream), dont deux appartiennent à Premier Executive, entre 2002 et fin 2005..."

Dos años después de conocidos los abusos a presos en la cárcel bagdadí de Abu Ghraib a manos de soldados de Estados Unidos, la justicia se muestra lenta en procesar a los acusados, según tres importantes organizaciones de derechos humanos.

Los redactores del informe constataron un patrón generalizado de maltrato en varios centros de detención, así como casos de tortura lisa y llana y al menos ocho homicidios.

El estudio registró 330 casos creíbles de abuso, que involucraron a 600 funcionarios estadounidenses y a 460 víctimas, en Afganistán, Iraq y el enclave naval del país norteamericano en Guantánamo, Cuba, desde fines de 2001...

El informe titulado "By The Numbers", consta de 27 páginas, y es el resultado de un proyecto conjunto denominado "Hallazgos del Proyecto sobre Abuso de Detenidos y Responsabilidad", que integran Human Rights First, Human Rights Watch y el Centro de Derechos Humanos y Justicia Global de la Universidad de Nueva York.

"Nuestra investigación demuestra que los abusos contra detenidos eran generalizados, y que pocos (responsables) fueron puestos verdaderamente a disposición de la justicia", agregó.

Apenas tres oficiales fueron condenados en tribunales marciales por su participación en abusos de detenidos, y ninguno por la doctrina de la responsabilidad de la cadena de mando.

"In December 2005, the New York Times reported that President Bush secretly issued an executive order in 2002 authorizing the National Security Agency (NSA) to conduct warrantless surveillance of international telephone and Internet communications on American soil. President Bush acknowledged the existence of the NSA surveillance program and vowed that its activities would continue.

The Electronic Privacy Information Center - EPIC- submitted Freedom of Information Act (FOIA) requests to the NSA and four Department of Justice components just hours after the existence of the warrantless surveillance program was first reported. Noting the extraordinary public interest in the program — and its potential illegality — EPIC asked the agencies to expedite the processing of the requests...

Documents obtained by EPIC earlier in March 2006, through the FOIA litigation, reveal that a former top official in the Justice Department doubted that the domestic surveillace program was allowed under the Authorization for Use of Military Force Resolution..."

"El gobierno de Estados Unidos se empeña en presentar a los prisioneros en su base naval de Guantánamo, Cuba, como peligrosos terroristas, pero informes independientes y poco conocidos indican que la evidencia contra los detenidos es casi nula.

'Las personas que están allí, detenidas en el campo de batalla, son terroristas, fabricantes de bombas, reclutas e instructores de terrorismo, guardaespaldas (del líder saudita Osama bin Laden), potenciales suicidas, quizás vinculados con los atentados del 11 de septiembre' de 2001 en Nueva York y Washington, dijo el año pasado el secretario (ministro) de Defensa, Donald Rumsfeld. Los detenidos son "lo peor de lo peor", agregó el jefe del Pentágono.

Pero dos recientes informes independientes basados sobre documentos del propio Departamento (ministerio) de Defensa llegan a conclusiones diametralmente diferentes a las de Rumsfeld.

A pesar de las millones de palabras publicadas en la prensa sobre Guantánamo en los últimos años, la mayoría de los principales medios de comunicación de Estados Unidos han ignorado estos dos estudios..."

"Con ocasión del Día de los Derechos Humanos, expresamos alarma ante los intentos de muchos Estados de sortear diversas disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos dando nombres nuevos a prácticas viejas. Si bien los instrumentos internacionales señalan que los derechos humanos están en la base de cualquier sociedad democrática, cada vez con mayor frecuencia son vistos como un obstáculo frente a los esfuerzos de los gobiernos por garantizar la seguridad...

Tenemos la determinación, en el marco de nuestros respectivos mandatos, de continuar con nuestro trabajo en cuanto defensores de todos los derechos humanos de todas las personas. Con la mirada en los valores consagrados en la Carta y otros instrumentos de las Naciones Unidas, rechazamos la artificial contraposición entre derechos humanos y seguridad nacional. De hecho, no puede haber seguridad sin respeto hacia los derechos humanos..."

Bolton promueve agresivamente una campaña de renovación del aparato administrativo de la ONU desde que fue designado por el presidente George W. Bush en agosto, pero ha enfrentado una gran oposición de parte del Grupo de los 77 (G-77) y China, bloque de 132 países en desarrollo..."

El funcionario amenazó con retener fondos de su país para la ONU (Organización de las Naciones Unidas) e impedir que el foro implemente su presupuesto para 2006-2007, a menos que primero aplique las propuestas de reforma presentadas por el gobierno de George W. Bush..."

"When the Bush administration rewrote the rules for dealing with prisoners after 9/11, needlessly scrapping the Geneva Conventions and American law, it ignored the objections of lawyers for the armed services. Now, heedless of the lessons of Abu Ghraib, the civilians are once again running over the people in uniform. Tim Golden and Eric Schmitt reported yesterday in The Times that the administration is blocking the Pentagon from adopting the language of the Geneva Conventions to set rules for handling prisoners in the so-called war on terror...

Dana Priest reports in The Washington Post that even the Central Intelligence Agency's clandestine operators are getting nervous about the network of secret prisons they have around the world - including, of all places, at a Soviet-era compound in Eastern Europe."

"Human Rights Watch has conducted independent research on the existence of secret detention locations that corroborates the Washington Post's allegations that there were detention facilities in Eastern Europe." Specifically, Human Rights Watch "have collected information that CIA airplanes traveling from Afghanistan in 2003 and 2004 made direct flights to remote airfields in Poland and Romania."

In turn, On November 7th. 2005, the Legal Affairs Committee of the Council of Europe Parliamentary Assembly (PACE) appointed its Chairperson Dick Marty (from Switzerland, member of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe) as rapporteur to examine the subject of alleged secret CIA detention centres...

"La Asociación Americana de Juristas, organización no gubernamental con estatuto consultivo en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, se une al dolor e indignación del pueblo puertorriqueño por el vil asesinato perpetrado por el FBI, Buró Federal de Investigaciones, del patriota y líder independentista puertorriqueño, Filiberto Ojeda Ríos, quien tenía 72 años de edad y padecía de una condición cardiaca que le requería llevar un marcapasos.

El ataque a la residencia y la muerte del dirigente independentista Filiberto Ojeda Ríos por agentes federales del gobierno de los Estados Unidos no fue producto de un mero operativo policiaco, sino de una acción militar con objetivos políticos.

Los datos conocidos hasta esta fecha apuntan a que allí lo que ocurrió fue un fusilamiento, a raíz de dicho operativo militar..."

According to an article published on August 4, 2005 by the British newspaper “The Guardian”, a new army special forces regiment was involved in the operation that led to the killing of an innocent man at Stockwell tube station in south London.

The article says that the Special Reconnaissance Regiment, set up in April to help combat international terrorism, was deployed in the surveillance operation which led to the shooting of Jean Charles de Menezes, a Brazilian electrician, on July 22, according to Whitehall sources...

On August 3, Whitehall sources told the Guardian that soldiers of the Special Reconnaisance Regiment, modelled on an undercover unit that operated in Northern Ireland, was engaged in "low-level intelligence behind the scenes" when the Brazilian was shot. There was "no direct military involvement in the shooting", the sources said...

The regiment absorbed 14th Intelligence Company, known as "14 Int", a plainclothes unit set up to gather intelligence covertly on suspect terrorists in Northern Ireland. Its recruits are trained by the SAS...

According to a report published on August 8, 2005 by the Washington Post, "the U.S. military has devised its first-ever war plans for guarding against and responding to terrorist attacks in the United States, envisioning 15 potential crisis scenarios and anticipating several simultaneous strikes around the country, according to officers who drafted the plans".

The report - elaborated by Bradley Graham, Washington Post Staff Writer - says that "the classified plans, developed at Northern Command headquarters, outline a variety of possible roles for quick-reaction forces estimated at as many as 3,000 ground troops per attack, a number that could easily grow depending on the extent of the damage and the abilities of civilian response teams.

The possible scenarios range from "low end," relatively modest crowd-control missions to "high-end," full-scale disaster management after catastrophic attacks such as the release of a deadly biological agent or the explosion of a radiological device, several officers said"...

A "Declaration on the European Union response to the London bombings", that defines the priorities to combat terrorism and indicates a strict timetable for implementing practical measures, was adopted on July 13th. 2005 in Brussels at the end of an extraordinary meeting of the European Interior ministers.

According to this Declaration, the Council will:

• agree the Framework Decisions on the Retention of Telecommunications Data (October 2005), on the European Evidence Warrant (December 2005), and on the exchange of information between law enforcement authorities (December 2005); adopt the Decision on the exchange of information concerning terrorist offences (September 2005);
• combat terrorist financing by agreeing by December 2005 a Regulation on Wire Transfers; adopting the Third Money Laundering Directive and the Regulation on cash control by September 2005; agreeing a Code of Conduct to prevent the misuse of charities by terrorists (December 2005); reviewing the overall EU’s performance (December 2005) and urging Member States to ensure that comprehensive financial investigation is a part of all terrorist investigations and to develop robust asset freezing powers.

Regarding the specific issue of data retention, a proposal for an EU Framework Decision on the mandatory retention of all traffic data was put forward by the UK, Ireland, France and Sweden on 28 April 2004. Tony Bunyan, Statewatch editor, comments that "...If this proposal was limited to tackling terrorism that would be one thing but it is not. It will put everyone in the EU under surveillance, be used to tackle crime in general and potentially could be used for social and political control."

On 28 August 2004, 160 lawyers from around the world, meeting at the International Commission of Jurists biennial conference in Berlin, adopted a Declaration on Upholding Human Rights and the Rule of Law in Combating Terrorism.

"Since September 2001 many states have adopted new counter-terrorism measures that are in breach of their international obligations. In some countries, the post-September 2001 climate of insecurity has been exploited to justify long-standing human rights violations carried out in the name of national security."

The subject of terrorism came up in several resolutions and decisions adopted at the 61st. session of the Commission on Human Rights, which concluded on April 22, 2005. During this year's session a group of human rights organizations issued a joint press release calling on the Commission to act to address meaningfully one of the greatest human rights challenges presently faced by the international community: the need to protect human rights in combating terrorism.

The Berlin Declaration highlights the grave challenge to the rule of law brought about by excessive counter-terrorism measures, reaffirms the most fundamental human rights violated by those measures, and delineates methods of action to address the challenge.

On December 1st, 2004, the Center for Constitutional Rights asked two federal court judges to forcefully reject the Bush Administration's effort to dismiss 12 Habeas Corpus petitions brought on behalf of individuals detained at Guantanamo Bay.

In an extraordinary move, the government has essentially sought to overturn the decision of the U.S. Supreme Court in the landmark case Rasul v. Bush.

On November 5th, 2004, a group of attorneys representing several Guantanamo detainees submitted a Memorandum in opposition to the government's motion to dismiss the instant habeas petitions.

The Petitioners assert in their Memorandum the following:

• that the President's exercise of his war powers is subject to judicial review
• that the Supreme Court has already determined that the Guantanamo detainees have stated a claim
• that pertinent case law, moreover, confirms that the detainees have due process rights under the Constitution that they may vindicate through habeas actions.
• that the detainees also have rights under the Geneva Conventions and other international law that may be vindicated in a habeas action and,
• that the detainees have common law rights that inhere in the habeas statute and do not depend upon the cognizability of rights otherwise provided by the Constitution, laws or treaties of the United States.

In a decision dated November 8, 2004, US District Judge James Robertson ruled that it is unlawful to try prisoners detained at Guantánamo by the currently constituted Military Commissions.

"In his ruling on Hamdan v. Rumsfeld, Judge Robertson asserted that the Geneva Conventions - the conventions signed by the United States and countries all over the world to govern the conduct of nations during wartime - protect those incarcerated at Guantánamo."

According to the Court, all those arrested in or around the conflict in Afghanistan must be treated as prisoners of war if there is any doubt as to their status.

Under the Geneva Conventions, prisoners of war must be provided the same legal process as the soldiers in the armed forces of the capturing army. Mr. Hamdan, the petitioner in the case, is, therefore, entitled to have his case heard by a properly convened military court or courts martial as defined under United States law...

In the case of Doe and ACLU v. Ashcroft et al., US District Judge Victor Marrero ruled, on September 28th, 2004, that "the compulsory, secret, and unreviewable production of information required by the FBI's application of 18 U.S.C. § 2709 violates the Fourth Amendment, and that the non-disclosure provision of 18 U.S.C. § 2709 (c) violates the First Amendment."

Plaintiffs in this case, "John Doe" - an internet access firm -, the American Civil Liberties Union (ACLU) and the American Civil Liberties Foundation, "challenge the constitutionality of 18 U.S.C. § 2709. That statute authorizes the Federal Bureau of Investigations to compel communications firms, such as internet service providers (ISPs) or telephone companies, to produce certain customer records whenever the FBI certifies that those records are "relevant to an authorized investigation to protect against international terrorism or clandestine intelligence activities".

The FBI demands under § 2709 are issued in the form of national security letters (NSLs), which constitute a unique form of administrative subpoena cloaked in secrecy and pertaining to national security issues. The statute bars all national security letters recipients from ever disclosing that the FBI has issued an National Security Letter.

The Court concluded that § 2709 violates the Forth Amendment because, at least as currently applied, it effectively bars or substantially deters any judicial challenge to the propriety of an National Security Letter request. And also, that the permanent ban on disclosure contained in § 2709 (c) operates as an unconstitutional prior restraint on speech of the First Amendment.

"In general, as our sunshine laws and judicial doctrine attest, democracy abhors undue secrecy, in recognition that public knowledge secures freedom. Hence, an unlimited government warrant to conceal, effectively a form of secrecy per se, has no place in our open society.

Such a claim is especially inimical to democratic values for reasons borne out by painful experience. Under the mantle of secrecy, the self-preservation that ordinarily impels our government to censorship and secrecy may potentially be turned on ourselves as a weapon of self-destruction.

When withholding information from disclosure is no longer justified, when it ceases to foster the proper aims that initially may have supported confidentially, a categorical and uncritical extension of non-disclosure may become the cover for spurious ends that government may then deem too inconvenient, inexpedient, merely embarrassing, or even illicit to ever expose to the light of day.

At that point, secrecy’s protective shield may serve not as much to secure a safe country as simply to save face."

Richard Wilson is Professor of Law and Director of the International Human Rights Law Clinic at the American University of Washington and Equipo Nizkor collaborator.

This audio report is an update of the speech previously delivered, in March 2003, at the Seminar on "States of Exception and Strategies for Peace and for the Defense of Civil Rights", under the title: "US policy after 9/11: The situation of Detainees at Guantánamo Bay and the Inter-American Human Rights Commission Response".

Richard Wilson speaks about the developments in relationship to the individuals detained in Guantanamo Bay that have happened since that previous presentation, covering mainly the following topics:

• Information about children detained at Guantanamo
• Relationship of the Guantanamo Bay situation and the torture scandal at Abu Ghraib prison in Iraq
• Publication of internal Memoranda within the Bush Administration with regard to the approval of the use of torture by high ranking government lawyers
• The very important decisions of the US Supreme Court in June of 2004
• Current status of legal issues in Guantanamo
• Legal strategy pursued by lawyers in the U.S. in addressing those current issues
• Potential resources for further reading

Los Relatores y Representantes Especiales de las Naciones Unidas, los expertos independientes y los presidentes de los distintos grupos de trabajo de los Procedimientos Especiales de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, así como del programa de Servicios de Asesoramiento, reunidos en su sesión anual, entre los días 21 y 25 de junio de 2004 en Ginebra, acordaron por unanimidad que cuatro de ellos viajen a Iraq, Afganistán y la base naval estadounidense de Guantánamo, para entrevistarse con los detenidos acusados de terrorismo.

En su pronunciamiento, los relatores y expertos enfatizaron su preocupación por "la grave incidencia de ciertas medidas adoptadas en nombre de la lucha contra el terrorismo en el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales".

Theo Van Boven, Relator Especial sobre la Cuestión de la Tortura, Leandro Despouy, Relator Especial sobre la Independencia de Jueces y Abogados, Paul Hunt, Relator Especial sobre el Derecho de Toda Persona al Disfrute del Más Alto Nivel Posible de Salud Física y Mental, y Leila Zerrougui, presidenta del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, fueron los designados para visitar Iraq, Afganistán, y la base de Guantánamo.

Hemos entrevistado a uno de los relatores que participará de esa misión, Leandro Despouy, en la actualidad Relator Especial de la ONU sobre independencia del poder judicial, quien también ha sido Relator Especial sobre los Estados de Excepción y los Derechos Humanos.

Leandro Despouy habla con nosotros de los estados de excepción y los derechos humanos, de por qué los tribunales especiales y la legislación de excepción violan los derechos humanos, así como del sistema de protección internacional al que tienen derecho las personas detenidas en Guantánamo y en otros centros de detención de Iraq y Afganistán.