La Asociación de Fiscales del Ministerio Público, presidida por el Abogado Víctor Fernández, se ha declarado en huelga de hambre por tiempo indefinido ante las acciones discrecionales emprendidas por el Fiscal General, Leónidas Rosa Bautista, entre éstas, el despido injustificado de fiscales que conocen de casos sensibles de corrupción que vinculan a miembros de la clase política y económica de Honduras, traslados y rotaciones arbitrarias de fiscales miembros de la asociación de fiscales y que han denunciado la politización del Ministerio Público y la negligencia inexcusable que, denuncian, exhibe en el procesamiento de 16 casos de corrupción.

Los Fiscales demandan, entre otras cuestiones, que en forma inmediata se presenten los requerimientos fiscales en 16 casos archivados por el delito de corrupción; que cesen los procedimientos de despido y amenazas de rotación a los fiscales que ejercen su derecho a la libertad de asociación y la definición de un mecanismo que garantice a los fiscales en el ejercicio, la independencia de sus funciones y la seguridad para su vida e integridad.

Sobre esta huelga y las razones que la motivan Radio Nizkor ha entrevistado a Víctor Fernández, presidente de la Asociación de Fiscales del Ministerio Público e Honduras.

En una carta dirigida al Presidente de la República de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, el COFADEH expresa su "legítima preocupación por los nombramientos que se han dado a reconocidos integrantes de escuadrones de la muerte, el Batallón 3-16 a cargo de relevada importancia dentro de las estructuras de la Secretaría de Seguridad".

En esta ocasión, el Cofadeh llama la atención sobre el "nombramiento del nuevo Director de la Policía Preventiva a Salomón de Jesús Escoto Salinas, a Napoleón Nassar Herrera como Alto Comisionado para la zona noroccidental y la ratificación de René Maradiaga Panchamé en la Dirección de Tránsito.

En forma repetitiva, el Cofadeh le ha expresado a los gobernantes que no deben nombrar a personal señalado por violación a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en las estructuras de seguridad del Estado..."

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, informa a la comunidad nacional e internacional que el 05feb07, se personaron como parte en el Juzgado de Letras seccional de Catacamas, en su condición de representantes legales de los familiares de los dos ambientalistas fusilados en el Municipio de Guarizama, Departamento de Olancho: Eraldo Zúniga y Róger Iván Murillo. Ambos habían reiterado en varios momentos y en diversas instituciones amenazas a muerte por su labor en la defensa de los recursos naturales en la zona...

El COFADEH deuncia que el recién estrenado Sub Comisionado de la Jefatura Regional del Departamento de Olancho, Joaquín Amado Mejía Alvarenga, "desplazó un contingente de policías al lugar donde se sucedieron los hechos ... con el propósito de borrar las evidencias que quedaron en las paredes en donde fueron fusilados los ambientalistas. Esto en una clara violación al proceso de investigación criminal e intimidación a los familiares de las víctimas, a los testigos presenciales de los hechos, a la población de la zona y a la parte acusadora..."

El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU realizó una visita de tres días a Honduras, la cual concluyó el 02feb07. A lo largo de los mismos, informa COFADEH en un comunicado al respecto, se reunió con diversos actores implicados en el sufrimiento y la solución de este problema histórico, cuyas implicaciones penales no prescriben.

"El Grupo conoció desde los incumplimientos de las sentencias internacionales por violar la libertad y la vida de opositores políticos entre 1979 y 1989, hasta la más reciente acción del 30 de diciembre de 2006 contra el derecho de acceso a información pública existente en poder de las autoridades, utilizando la Ley de Transparencia para imponer un velo al pasado (ver Art. 39 de dicha Ley)."

"También fue informada la delegación de las Naciones Unidas sobre dos casos de detenciones arbitrarias que han derivado en desapariciones en el transcurso del primer año de gobierno del Presidente Manuel Zelaya, en perjuicio del dirigente agrario Jorge Ruíz y del agente de policía Elvis Zepeda Barrientos."

"Como familiares de víctimas de violaciones graves a la Constitución vigente de 1982 rechazamos los homenajes previstos al expresidente Roberto Suazo Córdova y sus colaboradores de aquella época, en ocasión de conmemorarse este 20 de enero los primeros 25 años de aquél texto 25 veces reformado y cotidianamente violado."

"Entre 1982 y 1992 hubo decisiones de terrorismo de Estado en contra de la vida y la libertad de más de 180 seres humanos que disentían contra la entrega del territorio nacional a tropas extranjeras, para agredir a pueblos vecinos."

"Elevar las imágenes de esos hombres a la categoría pública de próceres o baluartes de la democracia y tutores del civismo, es una burla a la inteligencia colectiva y una ofensa a la memoria de las víctimas, también a la comunidad internacional..."

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras COFADEH, desea expresar su profunda preocupación por los acontecimientos en las comunidades campesinas del Valle de Sico y Paulaya, desde principios del mes de Junio del corriente año. Así mismo expresa su preocupación por el uso indebido del sistema judicial con el fin de presentar cargos penales por motivos ajenos a la justicia y a las leyes y disuadir a las personas de realizar trabajo social y comunitario...

La madrugada del 08 de junio un pelotón de noventa agentes del Estado pertenecientes al XV Batallón de infantería, policía nacional y cuerpo elite cobras, fuertemente armados y encapuchados, comandados por el oficial de policía Dorian Sovalbarro, irrumpieron en la comunidad, allanando de forma indiscriminada y sin orden competente las casas de los campesinos. Durante el operativo sometieron a los vecinos sin discriminar a los niños, a las mujeres y personas mayores, realizaron disparos a mansalva y golpearon a los habitantes, bajo el argumento que pretendían capturar una banda de delincuentes dedicada al robo de ganado mayor y al narcotráfico.

Los hombres de la comunidad fueron llevados a la plaza pública y obligados a acostarse boca abajo, se les aplicó golpes con toletes y se les interrogaba mientras simulaban ejecutarlos y amenazaban con cortarles la cabeza. A 13 campesinos se les detuvo sin cargos ni pruebas y permanecen detenidos en el presidio de Trujillo, Colón...

"El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), expresa su total repudio y preocupación por la campaña de hostigamiento, amenazas a muerte y descalificación en contra de la Asociación para una Sociedad más Justa ASJ y de su Coordinadora de Proyectos Periodista Dina Meetabel Meza Elvir, por parte de los propietarios de la Empresa de Seguridad Privada Delta Security propiedad del Señor Elvin Richard Swasey, a causa del ejercicio de su trabajo en defensa de los derechos laborales de los guardias de seguridad que trabajan para la empresa referida...

El Cofadeh manifiesta su preocupación por estos hechos, especialmente porque se manifiestan en un contexto proclive a las empresas de seguridad, especialmente cuando el Gobierno del presidente Manuel Zelaya en forma discrecional autorizó a los guardias privados de seguridad a participar en labores de seguridad pública el pasado 29 de agosto de 2006, delegando de esta manera la responsabilidad del Estado en personas particulares, que tienen un largo historial de delitos y violaciones a los derechos humanos, muchos de los propietarios de las agencias de seguridad privada son exmiembros de los escuadrones de la muerte que se organizaron en Honduras para reprimir a disidentes políticos..."

Varias organizaciones sociales y de derechos humanos se han dirigido al Presidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, al haber tenido conocimiento de que un ex integrante del tristemente célebre Batallón 3-16, Billy Joya, es ahora asesor del ministro de Seguridad, Álvaro Romero.

Tal y como informa el COFADEH, Billy Fernando Joya Améndola, ha sido integrante del Batallón 3-16, así como fundador del Escuadrón élite de represión "Lince", de los Cobras y primer Comandante de este Escuadrón.

De 1984 a 1991 permaneció en el Escuadrón de la Muerte 3-16 donde desempeñó diversos cargos, bajo el seudónimo de "Lic. Arrazola" entre ellos:

• Enlace entre consejeros norteamericanos y el Batallón 3-16;
• Jefe del Destacamento Técnico Especial;
  
• Coordinador entre Tegucigalpa y San Pedro Sula del 3-16;
• Enlace de los asesores argentinos y el 3-16.

A pesar de este perfil propio de los "especialistas" en campañas de exterminio de población civil, el Gobierno del Presidente Zelaya "ha tenido a bien" incorporarlo a su aparato de seguridad. Este hecho ha provocado la protesta pública de varias organizaciones sociales y de derechos humanos.

"La comunidad de inteligencia que operó en Honduras en los años ochenta y culminó con la desaparición forzada de más de un centenar de personas, nuevamente está operativa en el gobierno del Poder Ciudadano que preside el gobernante Manuel Zelaya Rosales, quien tiene a ex miembros del ex batallón de la muerte 3-16 entre sus principales asesores.

Así, es normal encontrar en los pasillos de Casa Presidencial al militar retirado Erick Sánchez, cuestionado en 1992 por el caso del mecánico Gustavo Funez a quien el militar, en ese entonces, comandante del batallón en La Ceiba, hirió de bala y lo dejó paralítico...

Su llegada a la administración del presidente Manuel Zelaya Rosales, obedece a recomendaciones del actual ministro de Seguridad, Álvaro Romero, de quien las organizaciones de derechos humanos tienen registro de colaborador también del 3-16, destacando cuando fungió como comandante en el batallón de La Ceiba.

No obstante, Sánchez y Romero son viejos compañeros de la sexta promoción de la Fuerzas Armadas. En el caso de Sánchez, éste incluso es socio del militar retirado Mario “el tigre” Amaya, a quien se le mencionó en la muerte de la ecologista Janeth Kawas..."

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) ha hecho pública su posición con relación a la masacre en la Penitenciaría Nacional en un comunicado donde dice que "La nueva masacre de reos con armas automáticas en la Penitenciaría Nacional responde a una política gubernamental de crímenes contra los privados de libertad bajo custodia del Estado. Los asesinatos de reclusos en La Ceiba, el envenenamiento colectivo e incendio negligente en el penal de San Pedro Sula y los crímenes brutales en la Cárcel de Támara son hechos que el gobierno pudo prevenir, pero no lo hizo..."

El 18nov05, el Presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), Andrés Pavón Murillo, se presentó ante las oficinas del Ministerio Publico, a interponer denuncia por violación de los deberes de los funcionarios públicos, por los hechos siguientes:

"El 23 de diciembre de 2004 fueron asesinadas 27 personas en el sector de Chamelecon, San Pedro Sula departamento de Cortés, todas las víctimas se conducían en un bus urbano...

Sobre este horrendo crimen no había testigos públicos, hasta que el día miércoles 26 de octubre el Señor Mel Zelaya Rosales, por cierto, precandidato a la Presidencia de la Republica por el Partido Liberal, durante la presentación de su plan de gobierno ante miembros del Club Rotario, según el Señor Rosales la masacre de Chamalecon la realizo el narcotráfico con apoyo de la policía..."

El médico y ciudadano hondureño Juan Almendares, Director Ejecutivo del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares y Presidente del Movimiento Madre Tierra, ha presentado una denuncia ante las autoridades hondureñas ante el hostigamiento y las amenazas de muerte de que están siendo objeto él, su familia y los miembros de sus organizaciones.

"Por nuestra actividad constante en defensa de los Derechos Humanos y nuestra lucha contra la Tortura y la defensa del Medio Ambiente y la Justicia Ambiental hemos sido objeto de tortura, intimidación, persecución, amenazas a muerte y atentados en muchas ocasiones (...)

Se considera insólito que estas amenazas y ataques se sucedan en contra de quienes tenemos como único fin el cumplimiento de nuestras obligaciones ciudadanas... Es mucho más denigrante e incomprensible ese cuadro de comportamientos por cuanto se hace aparecer como simples actos delincuenciales; no obstante, los dirigentes de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, Ambientales y Populares sabemos que esa es otra argucia para enmascarar la forma en que actúan los aparatos represivos del Estado de Honduras..."

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), expresa su total repudio y preocupación por el allanamiento ilegal de que fue objeto la residencia de Oscar Aníbal Puerto Posas, Director del Instituto Hondureño de Desarrollo Rural...

Este tipo de hechos tiene un efecto amedrentador sobre la familia y la sociedad, pues genera inseguridad; si el domicilio no es seguro, ya no hay un solo sitio seguro. La inexistencia de investigaciones efectivas e imparciales y la falta de sanción penal para los autores multiplican la vocación de los criminales, que se ven arropados con el manto de la impunidad.

Oscar Aníbal Puerto fue en los años ochenta Vicepresidente del Comité para la Defensa d los Derechos Humanos en Honduras (CODEH) y Vicepresidente de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica (CODEHUCA).

El COFADEH reitera a las autoridades y a la comunidad internacional su preocupación por la seguridad de los activistas sociales y de derechos humanos en el país. Al reciente allanamiento al domicilio de Oscar Aníbal Puerto, se suma al allanamiento en julio de la casa de Juan Barahona, Coordinador General del Bloque Popular, al asesinato del dirigente sindical, Francisco Cruz, en septiembre, y las amenazas a muerte a Juan Almendares Bonilla y reiterados allanamientos a las oficinas del Centro de Prevención Contra la Tortura, del cual Almendares es su director, entre otros hechos que el COFADEH ha denunciado en forma oportuna...

"El Gobierno implanta, de nuevo, la doctrina de seguridad nacional del estado.

Incluye penetración e infiltración de organizaciones sociales, vigilancia física y electrónica de dirigentes populares, allanamiento ilegal de sedes, robo de bases de información, asociación con tráfico de armas para las FARC, vinculación política y logística a gobiernos de Cuba y Venezuela, detenciones ilegales y asesinatos políticos...

El Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH) denuncia ante la opinión pública nacional e internacional, la ejecución de una política nacional de persecución y muerte por parte del Gobierno del Presidente Ricardo Maduro..."

Ante el deterioro progresivo de los recursos naturales de la zona, las comunidades y el movimiento ambientalista de Olancho se reunieron en el municipio de Salamá y dieron a conocer la "Segunda Proclama de Salamá", en que piden "el cese inmediato de los cortes de madera en el Departamento de Olancho, independientemente de que estén legalizados o no, en tanto no se logre un acuerdo integral con las comunidades y el Movimiento Ambientalista de Olancho, que avance hacia una política de aprovechamiento justo, racional y participativo, que siente las bases del desarrollo sostenido de las comunidades y que reconozca como mandato el respeto por el medio ambiente..."

El 11may05, el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, Andrés Pavón Murillo, compareció ante la Secretaria General del Ministerio Público a interponer denuncia y petición frente a la internacionalización de la tortura por parte del Estado de Honduras.

Manifiesta la denuncia formulada por el CODEH que durante los dos últimos años del Gobierno de Maduro, está cobrando fuerza la presencia de agentes de inteligencia de Colombia, algunos pertenecientes al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), quienes han llegado al paí para participar en interrogatorios y torturas a supuestos miembros de las FARC, en complicidad con miembros de cuerpos de seguridad del Estado...

En el extremo suroeste del valle de Amarateca, la Fiscalía de Derechos Humanos y el COFADEH, con apoyo de antropólogos forenses guatemaltecos, iniciaron el 21 de abril de 2005 la búsqueda de los restos de al menos siete personas desaparecidas entre 1981 y 1983.

Hoy es el Centro de Rehabilitación de Menores "El Diamante", pero antes fue un ilegal cuartel militar de la contra nicaragüense que funcionaba con el conocimiento, consentimiento y apoyo de las Fuerzas Armadas de Honduras.

Según revelaciones del ex embajador Jack Bings, que precedió a John Dimitri Negroponte, los niños, mujeres y ancianos del equipo de Monseñor Romero ingresaron a Honduras en 1981 huyendo de la represión en El Salvador...

Radio Nizkor entrevista a Almudena Bernabeu, de la oficina en San Francisco, California, del Center for Justice and Accountability e integrante del equipo jurídico de esta organización.

El caso Reyes et al v. Juan Evangelista López Grijalba, tuvo su origen en una demanda de tipo civil contra el ex jefe de inteligencia militar de Honduras, Coronel López Grijalba, que se encontraba viviendo en Miami.

Los peticionarios le acusan de la perpetración de crímenes de torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

Almudena nos habla acerca de Cómo se inició el caso en Estados Unidos, quiénes son los demandantes y el perfil del oficial de inteligencia demandado y su vinculación con el tristemente célebre Batallón 3-16.

Para ello debes ponerte en contacto vía correlectrónico con Editor Radio Nizkor, desde donde se te enviarán las instrucciones necesarias para ello.