At the 2010 Kampala Review Conference of the Rome Statute of the International Criminal Court, States Parties adopted amendments to the Statute on the Crime of Aggression. They adopted a definition of the crime of aggression, contained now in a new article 8 bis to the Rome Statute.

The States Parties thus created a new mechanism to enforce the most important rule of international law: the prohibition on illegal use of force under the United Nations Charter.

In November 2010, the Secretary-General of the United Nations circulated the amendments in order to enable States Parties to ratify or accept them. 30 ratifications, as well as a further decision by States Parties in 2017, are required for the ICC to take up this new function.

As of January 31st, 2012, four States Parties have ratified the amendments on the Crime of Aggression: Liechtenstein, Samoa, Trinidad and Tobago and Luxembourg...

In this FAQ you will find answers to questions such as:

• How has the crime of aggression been defined?
• How was the controversial question of the role of the Security Council resolved?
• How do the amendments on aggression affect non-States Parties to the Statute?
• Article 15 bis allows any State Party to opt-out of the Court's jurisdiction over the crime of aggression. What are the reasons behind this provision?
• What about new States Parties to the Rome Statute? Do they have a choice of ratifying the "old" or the "new" Statute? or
• What are the policy reasons for which any State would ratify the amendments on the crime of aggression?

La Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma celebrada en junio de 2010 en Kampala, Uganda, ha supuesto una limitada contribución a la historia del derecho internacional y, especialmente, a la de los derechos humanos y la paz.

En Kampala quedó reflejado en forma transparente que numerosos estados no estaban dispuestos a llegar a una definición de crimen de agresión (crímenes contra la paz) para su incorporación al Estatuto de la Corte Penal Internacional y, menos aún, a que esta Corte tuviera jurisdicción sobre este delito que es considerado el más grave en la escala del derecho penal internacional, por encima incluso de los crímenes contra la humanidad...

Si bien finalmente se llegó a un acuerdo sobre tal definición, hay que señalar que las negociaciones para incluir la definición de crimen de agresión en el Estatuto de Roma se remontaban a más de una década, y durante todo este proceso, y después en su fase final en Kampala, el Departamento de Estado de los Estados Unidos se erigió en uno de los líderes de opinión, valga la expresión, para llevar adelante la oposición frontal a la incorporación de tal definición al Estatuto de la Corte...

No obstante, la mayor sorpresa estaba aún por llegar cuando el Departamento de Estado, en sesión informativa sobre la Conferencia de Kampala ofrecida por el Embajador Extraordinario para Asuntos de Crímenes de Guerra, Stephen J. Rapp, y un asesor jurídico del Departamento, Harold Hongju Koh, explicitó que eran muchas las organizaciones de derechos humanos que apoyaban la postura del Departamento de Estado, y, entre otras, hicieron mención explícita a Human Rights Watch y al Open Society Institute, así como a la carta encabezada por éste último y suscrita por unas 40 organizaciones no gubernamentales en contra de la incorporación de la definición de crimen de agresión...

Este hecho vino a confirmar la disrupción provocada entre los organismos internacionales de derechos humanos por los atentados del 11-S y el posterior estado de excepción global que vino a dar al traste con los paradigmas éticos que sostenían la lucha por las libertades civiles y la aplicación del derecho internacional como forma de mantener la paz...

Estas organizaciones rompieron con ello una tradición que, en algunos casos, se remontaba a las revoluciones republicanas, especialmente la francesa... En definitiva, perdieron la legitimidad para hablar de paz y, menos aún, de crímenes de guerra, como se evidenció en el conflicto georgiano, respecto del cual Human Rights Watch realizó un informe sobre la guerra que carecía de sustentación en los hechos reales. Lo mismo ocurrió con los informes de Amnistía Internacional durante la guerra de Libia y ahora está ocurriendo con la Guerra de Agresión en Siria.

Es un desafío a la inteligencia el que Estados Unidos, Francia, Reino Unido, España y la OTAN nos quieran imponer como adalides de la libertad a los guerreros de la Yihad o que nos quieran imponer mediante operaciones de imagen muy organizadas y muy costosas que Qatar y Arabia Saudita luchan por la democracia y la libertad...

En consecuencia, el discurso de que se lucha contra tiranos se convierte en un discurso falso y que no tiene sustento racional posible... Este hecho resulta evidente en el caso de la Guerra de Iraq, la cual convirtió a este país en un estado inviable inducido a la lucha racial, habiéndose recurrido para ello a operaciones de contra inteligencia al mejor estilo nacionalsocialista, calcadas de las que usaron los nazis en el Este de Europa y mediante las cuales, los guerreros de la Yihad entrenados por los oficiales de contra inteligencia británicos y estadounidenses e integrados en Al Qaeda, se han convertido en los nuevos dirigentes sociales y políticos, como sucede en Libia.

El derecho internacional y la Organización de las Naciones Unidas se han convertido en el objetivo de la políticas militaristas de nuevo cuño que, aunque preexistentes, el atentado del 11-S catalizó a través de las teorías del terrorismo como nuevo enemigo...

En este momento en Siria hay un grupo de países que están poniendo al mundo al borde de una guerra nuclear, ya que para el ataque indirecto promovido por Estados Unidos y la OTAN mediante la interposición de Qatar y Arabia Saudita -y que está dirigido desde bases militares en Turquía- se financia y se arma a paramilitares con una estrategia militar muy parecida a la utilizada por los militares estadounidenses y argentinos en las guerras en Centroamérica, en la época en que John Negroponte era embajador en Honduras...

Todavía estamos a tiempo de hacer frente a este militarismo irracional y a esta gigantesca operación de contra inteligencia que pretende consolidar un estado de excepción global, donde las libertades son reemplazadas por una verdadera contra reforma religiosa liderada por estados absolutistas donde sólo importa el origen racial y la religión.

"Ha llovido mucho desde Nuremberg y aún queda mucho camino por recorrer.

La esperanza es el motor que impulsa el empeño humano. Después de que 20 millones de personas perdieran la vida en la Primera Guerra Mundial, los diplomáticos de la Liga de Naciones reconocieron la necesidad de borrar la guerra como instrumento de política nacional. Recomendaron que, en el futuro, las guerras de agresión debieran ser castigadas como crimen internacional, a lo que las potencias respondieron: "Todavía no es el momento oportuno". 50 millones más de personas perecieron en la Segunda Guerra Mundial. Como respuesta, se creó en Nuremberg un Tribunal Militar Internacional para juzgar a los dirigentes alemanes responsables de crímenes contra la paz (agresión), crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. [...]

En diciembre de 1946 las Naciones Unidas confirmaron los principios de Nuremberg y sus sentencias. Se instruyó a la Comisión [de Derecho Internacional] para que preparara un proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad, incluido el crimen de agresión, y que fuera diseñando una jurisdicción penal internacional permanente para el enjuiciamiento de los perpetradores. [...]

El mandato de 1946 de definir el crimen de agresión fue finalmente aprobado por la Asamblea General de la ONU el 14 de diciembre de 1974 como Resolución 3314. En aras del consenso, se insertaron cláusulas de última hora en el sentido de que la definición no sería más que una guía no vinculante para el Consejo de Seguridad, órgano al que se le otorgó una amplia discrecionalidad a la hora de determinar si un acto de agresión se había producido realmente. [...]

En 1996, los 34 miembros de la Comisión de Derecho Internacional completaron la redacción de un código de crímenes internacionales en el que se favorecía la definición original de Nuremberg. Ciento ochenta y cinco naciones... conformaron comités en el seno de las Naciones Unidas para pergeñar un tribunal penal internacional permanente. Cientos de cuestiones abiertas permanecieron pendientes de solución al cabo de una conferencia final de plenipotenciarios que duró 4 semanas y que se celebró en Roma en el verano de 1998. En un clímax inolvidable, cuando ya el tiempo oficial se había agotado, el Presidente Philippe Kirsch anunció la aprobación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI). [...]

Se llegó a un compromiso de última hora según el cual la agresión entraría en la lista de los cuatro crímenes principales, si bien la CPI no podría ejercer su jurisdicción sobre este crimen hasta que no se reunieran algunas condiciones específicas. Tendría que llegarse a una definición aceptable, así como a una confirmación clara de que se respetarían las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas (esto es, las prerrogativas del Consejo de Seguridad)... Se establecieron Grupos de Trabajo Especiales de la Asamblea de Estados Partes (AEP) para satisfacer los requisitos de activación de la jurisdicción de la CPI sobre este "supremo crimen internacional". [...]

Se avanzó en una definición revisada, pero el acuerdo sobre el papel del Consejo de Seguridad no se vislumbraba en el horizonte. Cuando la Conferencia de Revisión [del Estatuto de Roma] comenzó en Kampala, Uganda, el 31 de mayo de 2010, una definición mejorada aclaró la distinción entre el crimen de agresión cometido por una persona... y el acto de agresión cometido por un estado... Se añadieron nuevos obstáculos al requerir el acuerdo de 30 Estados Partes y la aprobación por al menos dos tercios de todas las partes para que una enmienda resulte vinculante. Nadie podría ser juzgado por agresión hasta 2017 como pronto, año en que la AEP someterá esta cuestión a ulterior consideración.

El Estatuto de Roma es un contrato voluntario en forma de tratado al que los estados prestan su consentimiento. Estos estados no están obligados a vincularse por algo que no hayan aceptado. Como garantía hacía las naciones que no querían vincularse, las enmiendas adoptadas en Kampala estipulan que los Estados Partes pueden optar previamente por su no sujeción al crimen de agresión. [...]

Así que, ¿qué podemos esperar del futuro?... Permitir que los agresores sigan inmunes frente a la acción de la CPI no ejerce efecto disuasorio alguno sobre las guerras ilegales, sino que más bien las favorece.... El escepticismo puede ser comprensible, pero no justifica la inacción. Los obstáculos inevitables y temporales no debieran oscurecer el progreso y la necesidad de cambio..."

Benjamin B. Ferencz fue Fiscal en los juicios de Nuremberg y es un infatigable defensor del estado de derecho internacional y del establecimiento de una corte penal internacional.

"We have come a long way from Nuremberg, and have miles to go before we sleep

Hope is the engine that drives human endeavour. After some 20 million people were killed in WW1, League of Nations diplomats recognized the need to eliminate war as an instrument of national policy. They advised that future wars of aggression should be punished as an international crime. The common response from powerful states was: 'The time is not yet ripe.' An additional 50 million victims perished in WW2. In response, an International Military Tribunal was set up in Nuremberg to try German leaders responsible for crimes against peace (aggression), crimes against humanity, and war crimes. [...]

In December 1946, the UN affirmed the Nuremberg principles and judgement. Committees were directed to draft a Code of Crimes Against the Peace and Security of Mankind, including the crime of aggression, and to plan for a permanent international criminal jurisdiction to try offenders. [...]

The UN, of course, could not exist in a political vacuum... The veto-wielding powers in the Council proved unable 'to save succeeding generations from the scourge of war.' [...]

The 1946 mandate to define the crime of aggression was finally approved by the UN General Assembly, on December 14th, 1974, as Resolution 3314. To achieve consensus, last-minute clauses were inserted to the effect that the definition was only a non-binding guide to the Security Council, which was given wide latitude to determine whether an act of aggression had indeed occurred. [...]

A code of international crimes was completed in 1996 by the 34-member International Law Commission that favoured the original Nuremberg definition. One hundred eighty-five nations... formed UN committees to fashion a permanent international criminal tribunal. Hundreds of open questions were left to be resolved during a final four-week conference of plenipotentiaries in Rome in the summer of 1998. In an unforgettable climax, after the official time had expired, Chairman Philippe Kirsch announced that the Rome Statute for an International Criminal Court (ICC) had been approved. [...]

A last-minute compromise was accepted, where aggression would be listed as one of the four core crimes, although the ICC could not exercise its jurisdiction over that crime until and unless certain specified conditions could be met. There would have to be an acceptable definition, as well as clear confirmation that UN Charter provisions (meaning Security Council rights) would be respected. The Rome Statute... went into effect on July 1st, 2002. Special Working Groups of the Assembly of State Parties (ASP) set out to meet the requirements for activating ICC jurisdiction over 'the supreme international crime.'

A Special Working Group laboured long and mightily to meet the preconditions laid down at Rome. Progress was made on a revised definition, but agreement on the role of the Security Council was nowhere in sight. When the Review Conference began in Kampala, Uganda, on May 31st, 2010, an improved definition clarified the distinction between the crime of aggression by an individual... and an act of aggression by a state... New hurdles were added by requiring agreement by 30 states, and approval by at least two-thirds of all parties before an amendment would become binding. No one could be tried for aggression until 2017 at the earliest - at which time the ASP would consider the matter further.

The Rome Statute is a voluntary contract in treaty form entered into by consenting states. These states were not obliged to be bound by anything that they did not accept. To reassure nations that did not want to be bound, the amendments adopted in Kampala stipulated that State Parties can elect in advance not to be subject to aggression charges. [...]

So what to expect for the future?... Allowing aggressors to remain immune from prosecution by the ICC surely does not deter illegal war-making, but rather encourages it... To be sure, the long historical record of glorifying war causes many doubts about the utility of trying to alter the way that people think about such vital issues. Skepticism may be understandable, but it does not justify inaction. Unavoidable temporary shortcomings should not obscure progress and the need for change...

Benjamin B. Ferencz was a prosecutor at the Nuremberg war crimes trials, and has been a lifetime advocate of the international rule of law and the establishment of an International Criminal Court."

During the seminar on "States of Exception and Strategies for Peace and for the Defence of Civil Rights", held in Brussels between the 27th. and the 29th. of March 2003, Richard Wilson- Professor of Law and Director of the International Human Rights Law Clinic, American University Washington, D.C.- took the opportunity to interview Rey Claro Casambre about the Filipino Peace Negociations Model.

The importance of this interview relies on the fact that there is a lack of concrete information about the Filipino peace process. Also, in these peace negotiations International Human Rights Law and International Humanitarian Law are clearly used, which promotes a better comprehension of the important role of these two elements in any peace negotiation process.

This interview was first recorded in Brussels (Belgium) on March 28, 2003; its digitization, production and online posting have been carried out by Radio Nizkor on February 22, 2004.

This speech by Prof. Richard Wilson was delivered at the seminar on "States of Exception and Strategies for Peace and for the Defence of Civil Rights", organized by Equipo Nizkor and held in Brussels between the 27th. and the 29th. of March 2003.

Richard Wilson analyses the "legal black hole" surrounding the status of the Guantanamo detainees, as well as the question of precautionary measures that the Inter-American Commission on Human Rights has asked the US government to adopt.

The Commission decided during its 114th regular period of sessions to adopt precautionary measures on behalf of the Guantanamo detainees. The Commission asserted that:

"....where persons find themselves within the authority and control of a state and where a circumstance of armed conflict may be involved, their fundamental rights may be determined in part by reference to international humanitarian law as well as international human rights law. Where it may be considered that the protections of international humanitarian law do not apply, however, such persons remain the beneficiaries at least of the non-derogable protections under international human rights law. In short, no person under the authority and control of a state, regardless of his or her circumstances, is devoid of legal protection for his or her fundamental and non-derogable human rights".

This speech was first recorded in Brussels (Belgium) on March 27, 2003; its digitization, production and online posting have been carried out by Radio Nizkor on February 22, 2004.

In order to do so, you may e-mail us at Editor Radio Nizkor.

You may find further information on the International Criminal Court and current conflicts at the website of Equipo Nizkor