Los documentos aportados por Flores Alván también echan por tierra el argumento de la defensa de Fujimori acerca de que el "Destacamento Colina" jamás existió...

Desde nuestro punto de vista la Corte Suprema del Perú tiene una oportunidad histórica de completar el desarrollo doctrinal conseguido en los últimos años...

Según Mutal, su intención fue crear un espacio para que la población tome conciencia de lo que pasó en Perú en tiempos de Sendero Luminoso y el MRTA. Es así que en el memorial hay 32 mil piedras, de las cuales 26 mil representan la tragedia de cada víctima de violencia política...

El 11 de julio de 2007 se ha dado a conocer la decisión del juez chileno Orlando Álvarez en el proceso de extradición de Alberto Fujimori Fujimori. "Ahora se sabe que la decisión no solamente niega la solicitud peruana de justicia en todos sus extremos, sino que además resulta ser todo un alegato de defensa del extraditable y de desafío a los avances logrados a nivel internacional para hacer justicia frente a crímenes de derechos humanos y contra la corrupción, durante la última década. Álvarez ha apostado políticamente por la impunidad y contra la justicia...

[S]i de parte de Álvarez hay un empeño en limpiar a Fujimori de toda responsabilidad en los delitos de corrupción de funcionarios no cabe duda que su mayor esfuerzo lo concretó para limpiarlo de las imputaciones de los crímenes contra los derechos humanos. Una extraña coincidencia teniendo en cuenta que si algo preocupaba de verdad al extraditable era la procedencia de la extradición por crímenes de lesa humanidad, por las altas penas que implican. Sobre los casos de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta utiliza como primer argumento, un informe que la Cancillería peruana recibió sobre la solicitud de extradición hecha a Japón, y en el que se critica los expedientes presentados en aquella ocasión, pero el juez Álvarez hace vales esas observaciones para los expedientes elaborados posteriormente para Chile. Eso es un evidente contrabando...

Resulta evidente que esta resolución no busca resolver un procedimiento de extradición entre dos países. Sino a la luz de sus consideraciones en el fondo se trata de absolver a quien ejerció el poder sin control alguno...

[M]ás allá del destacado dictamen de la Fiscal Maldonado, este fallo pareciera ser el resultado de todo aquello que desde el Estado, y especialmente desde el Ejecutivo, se ha dejado de hacer o de decir. El actual régimen jamás ha dado muestra alguna de que realmente esté interesado en que se obtenga un resultado favorable a la extradición, y no debería extrañar si algunos encuentran en ella, la oportunidad para un mejor entendimiento con el fujimorismo."

El ex presidente peruano Alberto Fujimori, aún bajo arresto domiciliario aquí [en Chile], disfruta de sus primeras 24 horas de alivio al ser rechazado, el 11jul07, un pedido de extradición a Perú, pero parecen ser pocos sus escenarios futuros.

Según juristas locales, son sólo tres las variantes del futuro inmediato de Fujimori: primero, lo que muchos esperan, que la Corte Suprema acoja finalmente el pedido de extradición y, en un proceso más o menos rápido, lo envíe a Lima. Ese escenario no estaría exento de polémicas en Chile y en Perú y Fujimori moviliza todos sus recursos para evitarlo.

Las otras posibilidades, también polémicas, agregan las fuentes, son que la Corte Suprema ratifique el rechazo a la extradición y, entonces, el ex mandatario o se quede -sin juicios pendientes- en Chile o viaje a otro país, como Japón. En esa dirección apuntaban rumores durante las últimas semanas, recordando la alegada nacionalidad japonesa de Fujimori, propuesto para un cargo político en ese país asiático.

Conocedores del tema insisten en que Fujimori no ha descartado del todo protagonizar un eventual retorno político a Perú, si quedara finalmente en libertad.

De todas formas, la Corte Suprema chilena deberá pronunciarse cuanto antes sobre el tema, aunque abogados vinculados al caso estiman que el proceso pudiera demorar otros dos o tres meses..."

La Asociación Pro Derechos Humanos de Perú (APRODEH) calificó la resolución emitida por el juez Orlando Álvarez como inaceptable.

Francisco Soberón, director de esta organización, señaló que la solicitud era por la extradición de Fujimori, no por su juzgamiento. "El juez Álvarez ha valorado los elementos probatorios en torno a la responsabilidad de Fujimori, como si a él le correspondiera juzgarlo, en lugar de considerar la existencia de indicios suficientes para la extradición, como sí lo hicieron la fiscal Maldonado y diversas organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Clínica Jurídica de la Universidad de George Washington, entre otras."

Gloria Cano, abogada de APRODEH, manifestó su extrañeza respecto del desconocimiento de Álvarez sobre la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. "En relación a las sentencias sobre los casos Barrios Altos y La Cantuta, Álvarez señala que en ellas la Corte establece la responsabilidad del Estado, mas no de Fujimori, cuando es conocido que dicho tribunal no puede pronunciarse sobre responsabilidades individuales", afirmó...

"Tras un año y siete meses en Chile, Fujimori queda a un paso de ser extraditado a Perú. Luego de analizar los 12 tomos del caso desde marzo de 2006, la Fiscal de la Corte Suprema Mónica Maldonado recomendó extraditar al ex Presidente peruano. El informe, que no es vinculante, es un antecedente fundamental para la resolución final que tome el juez Orlando Alvarez durante las próximas semanas.

La fiscal de la Corte Suprema Mónica Maldonado entregó el 7 de junio de 2007 el informe por el cual recomienda extraditar a Perú al ex Presidente peruano Alberto Fujimori, quien en su país enfrenta varios delitos por corrupción y violación a los derechos humanos, entre ellos el caso de las muertes ocurridas en las localidades de La Cantuta y en Barrios Altos, a manos de un grupo paramilitar denominado "Colina", dirigido por Vladimiro Montesinos.

Aunque el informe no es vinculante, se estima que el juez del caso, Orlando Alvarez, seguirá los consejos de la fiscal del máximo tribunal. Sin embargo, la notificación oficial tardará aún un par de semanas debido a una prórroga de 10 días en la licencia médica que tiene el magistrado..."

"El Estado peruano pedirá la inmediata detención del ex presidente Alberto Fujimori apenas la Fiscalía Suprema de Chile dictamine a favor de su extradición, reveló el procurador anticorrupción Carlos Briceño.

La solicitud que se cursará a las autoridades chilenas tiene el objetivo de evitar la fuga del ex mandatario ante la cada vez más cercana posibilidad de ser extraditado al Perú, declaró el funcionario a la agencia Andina.

Briceño dijo confiar en el dictamen de la fiscal chilena Mónica Maldonado sea favorable porque existen indicios razonables de la culpabilidad de Fujimori en delitos de lesa humanidad y corrupción, por los cuales es requerido por la justicia peruana... Explicó que se espera que a fines de abril, la fiscal Maldonado emita su dictamen, y posteriormente, según el Código de Procedimientos Penales chileno, el juez Orlando Álvarez tiene un plazo de cinco días para emitir su veredicto en primera instancia...

El Perú solicita la extradición de Fujimori por diez delitos de corrupción y dos por violaciones a los derechos humanos, entre ellos Barrios Altos-La Cantuta, Interceptación Telefónica a opositores al régimen, Desviación de Fondos, Allanamiento, Sótano del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) y Pago Sunat-Borobio..."

Organizaciones de derechos humanos de Perú advirtieron que los 14 legisladores fujimoristas recién electos buscarán alguna fórmula legal para convertir en "perseguido político" al ex presidente Alberto Fujimori, detenido en Chile desde noviembre a la espera de un proceso de extradición solicitado por el Estado peruano que lo acusa de varios crímenes...

El eventual acercamiento de Humala al fujimorismo inquieta a las organizaciones de los derechos humanos, porque el postulante a la Presidencia está investigado por presuntas violaciones de derechos humanos y tiene entre sus más importantes asesores a ex militares que trabajaron para el régimen de Fujimori o para cómplices de Montesinos.

En la campaña electoral, los fujimoristas rechazaron el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación que investigó la guerra contra la insurgencia maoísta, entre 1980 y 2000, y plantearon la revisión de los juicios contra militares que cometieron acciones brutales contra civiles en ese periodo...

Fedepaz, la Asociación Pro Derechos Humanos de Perú, la Compañía de María, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, entre otras organizaciones peruanas, han denunciado los sucesos del 12 de marzo en Huancabamba (Piura).

Desde el año 2002 Huancabamba se encuentra en estado de conmoción social por la presencia de la empresa británica Monterrico Metals, que bajo el nombre de Majaz pretende explotar un yacimiento minero en la parte más elevada de la provincia.

En el transcurso de la celebración del foro "Minería, Agricultura y Desarrollo Sostenible", el gerente de Majaz, Raúl Urbina, lideró una incitación a la violencia contra los expositores del Foro, en medio de la pasividad policial...

Detenido hasta el fin del procedimiento permanecerá el ex presidente peruano, Alberto Fujimori, luego que el 06 de enero el ministro Orlando Álvarez, a cargo de su extradición, dictara su primera resolución, abriendo formalmente el proceso para indagar si hay mérito para enviarlo de regreso a su país.

El magistrado ya tiene en sus manos las cajas que contienen los 12 cuadernos en que se solicita su extradición por igual número de delitos.

El dictamen se produce el último día de plazo de la detención preventiva decretada el 6 de noviembre pasado y que Fujimori cumple en la Escuela de Gendarmería.

De inmediato, la defensa de Fujimori, representada por el abogado Francisco Veloso, reaccionó ante la decisión de Álvarez y contrario a lo que podría suceder, el jurista confesó que no les preocupa que el ex presidente siga detenido.

Lo que sí los alarma, y de hecho motivó la presentación de un nuevo escrito, es que agrupaciones de derechos humanos peruanos sean parte en la investigación... El ministro Álvarez accedió a la demanda de los representantes de Fujimori, al estimar que no corresponde que terceros sean parte en este juicio...

"Numerosas cuentas secretas hasta por 4,5 millones de dólares a nombre del ex embajador peruano en Japón, Víctor Aritomi, y de su esposa Rosa Fujimori, hermana del ex presidente Alberto Fujimori, fueron descubiertas por las autoridades anticorrupción de este país...

Los documentos bancarios que registran los movimientos de dinero aparecieron durante el proceso de liquidación del Norbank, un banco que entre 1990 y 2000 Fujimori y sus familiares más cercanos utilizaron para efectuar importantes transacciones financieras en Lima...

La fiscal suprema encargada de investigar las operaciones de la familia Fujimori en el Norbank, Cecilia Hinojosa, ha recibido abundante documentación que ofrece una pista segura del origen de los 20 millones de dólares que se movieron en las cuentas descubiertas..."

La extradición de Alberto Fujimori Fujimori está en marcha.

"En las dos últimas semanas el Ministerio Público, la Procuraduría Ad Hoc y la parte civil (tratándose de violaciones de los derechos humanos: los familiares y sus abogados) cumplieron con plantear al Poder Judicial las solicitudes de extradición.

Cabe destacar que, en un exceso de entusiasmo, la Procuraduría pidió la formación de cuadernillos en los 22 procesos, incluidos los que no calzan con los exigentes requisitos del tratado de 1932; y que, como corresponde en un Estado de Derecho y a un Poder Judicial sustentado en la ley, estos últimos fueron rechazados.

Los más, por supuesto, han sido inicialmente aceptados. Así, por ejemplo, en lo que se refiere a las causas por violaciones a los derechos humanos, es de señalar que mediante resolución Nº 68 de fecha 22 de noviembre, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema (integrada por San Martín Castro, Palacios Villar y Lecaros Cornejo) accedió al pedido de extradición del ex presidente por la comisión del delito de tortura en agravio del periodista Fabián Salazar Olivares y la humanidad (40-2003 A.V)..."

Los organismos y defensores de derechos humanos chilenos, en este comunicado, manifiestan su "más profunda solidaridad y apoyo a las víctimas, organismos de derechos humanos y pueblo peruano, que hoy demandan al Estado de Chile una solución expedita y efectiva para los efectos de poner a disposición de las autoridades judiciales peruanas al prófugo de la justicia Alberto Fujimori, quien durante la década de los 90 dirigió y ejecutó una política masiva, sistemática e institucionalizada de violaciones graves a los derechos humanos y de corrupción en la república del Perú."

Afirman también que "El Estado de Chile, dada la naturaleza de los delitos imputados, entre ellos desaparición forzada de personas, ejecuciones extrajudiciales y torturas, todos crímenes internacionales, tiene el deber ético y jurídico de extraditar al prófugo de la justicia Alberto Fujimori y ponerlo a disposición de las autoridades requerientes del Perú. Que dicho imperativo se funda en el principio de derecho internacional en virtud del cual, tratándose de un imputado respecto del cual pesan cargos de haber perpetrado delitos de lesa humanidad, o se le juzga en el país o se le extradita, descartando toda posibilidad de mantener el estado de impunidad..."

Para conocer de primera mano la situación creada por la detención en Chile del prófugo Alberto Fujimori, ex Presidente de Perú, hemos entrevistado a Pancho Soberón, presidente de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú.

El prófugo huyó a Japón en noviembre del 2000 al caer su régimen de 10 años en medio de escándalos de corrupción, y llegó al aeropuerto de Santiago de Chile antes de las 15:00 horas del 6 de noviembre de 2005, acompañado de cuatro personas.

Según el propio Fujimori, el día 6 de noviembre de 2005 partió de Tokio, Japón, por vía aérea, con destino a la ciudad de Santiago de Chile, llegando a ésta a las 13:30 (hora local) del mismo día".

Pancho Soberón integra una delegación de activistas de derechos humanos peruanos que viajará a Santiago de Chile a efectos de coordinar los esfuerzos para lograr la rápida entrega de Alberto Fujimori a la jurisdicción de los tribunales peruanos.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), hace de conocimiento público las recientes amenazas contra el Secretario Ejecutivo de esta institución, Francisco Soberón, y el Adjunto a la Secretaría Ejecutiva, Alejandro Silva, ocurridas en el contexto de la presentación, en Washington, el pasado 17oct05, de un informe sobre amenazas contra defensores de derechos humanos, testigos, agraviados, jueces y fiscales peruanos por su labor en el esclarecimiento de los crímenes y violaciones a los derechos humanos ocurridos en Perú en las últimas décadas.

La Comisión de Derechos Humanos – COMISEDH, organización con sedes en las ciudades de Lima y Ayacucho, pone en conocimiento de la opinión pública que el día 13 de septiembre, aproximadamente a las 5 de la madrugada, su sede central en Lima sufrió una incursión por parte de sujetos armados...

La alta peligrosidad de los delincuentes se vio demostrada por la utilización de pertrechos para escalar, la inhabilitación del sistema de comunicaciones de la sede central de COMISEDH, la manipulación del sistema de alarma y el empleo de armas de fuego para amedrentar a un vigilante particular y a una unidad del Serenazgo de Jesús María...

Estos hechos intimidatorios se producen en circunstancias que la institución viene asumiendo la defensa de víctimas de violaciones a los derechos humanos

Diversas organizaciones de afectados por la violencia política se unirán, el próximo 3 de mayo, para expresar su solidaridad y respaldo a la fiscal Cristina Olazábal.

Los representantes de las organizaciones de afectados solicitarán a la Fiscal de la Nación que Cristina Olazábal continúe como responsable de las investigaciones de violaciones a los derechos humanos cometidas en Ayacucho, a cuyo frente ha venido desarrollando un encomiable trabajo.

El impulso del proceso de judicialización de violaciones contra los derechos humanos es, sin duda, uno de los acpectos más destacados del escenario post Comisión de la Verdad en Perú. En 2004 se creó un sub sistema penal de derechos humanos encargado de la investigación y juzgamiento de este tipo de crímenes, situación incómoda para algunos sectores involucrados en la comisión de crímenes contra la humanidad en el pasado.

Es por ello que la denuncia penal que la fiscal de derechos humanos de Ayacucho, Cristina Olazábal, presentó hace algunas semanas por las matanza de Accomarca y las investigaciones que viene desarrollando por la matanza de Cayara, le han valido la presentación de una queja por parte del abogado del ex presidente Alan García, quien se encuentra comprometido en ambos casos...

El 15 de julio de 2004, el Consejo Supremo de Justicia Militar rechazó la solicitud de nulidad del proceso seguido en la jurisdicción militar sobre el caso La Cantuta.

Como se recordará, en la madrugada del 18 de julio de 1992, miembros del Servicio de Inteligencia del Ejército y de la Dirección de Inteligencia del Ejército, así como otros integrantes -en su mayoría del denominado Grupo Colina- irrumpieron, encapuchados y armados, en las viviendas de los estudiantes y profesores de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta.

Nueve estudiantes y un profesor fueron detenidos, torturados, desaparecidos y ejecutados extrajudicialmente, con la participación de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y los más altos mandos de las Fuerzas Armadas.

Ante la resolución del Consejo Supremo de Justicia Militar que otorga impunidad a Vladimiro Montesinos Torres y Nicolás Hermosa Ríos, respecto de su responsabilidad en este crimen, Radio Nizkor ha entrevistado a la abogada de APRODEH, Gloria Cano, quien se ocupa del caso y conoce bien los avatares del mismo, tanto a nivel interno como desde que se presentara, hace ya más de una década, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

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Los días 5, 6 y 7 de mayo de 2004, la Corte escuchará en audiencia pública los alegatos finales orales de las partes en el caso Gómez Paquiyauri.

Este caso tiene su origen en una demanda contra el Estado peruano por la supuesta detención arbitraria, tortura y asesinato de los jóvenes Emilio Moisés y Rafael Samuel Gómez Paquiyauri realizada presuntamente por agentes de la Policía Nacional del Perú.

La Corte se ocupará también los días 7 y 8 de mayo del Caso Lori Berenson, por las presuntas violaciones a los derechos humanos de Lori Helene Berenson, ocurridas en el contexto tanto de un proceso al que fue sometida en el fuero militar, como en otro posterior en el fuero penal ordinario, así como por las condiciones inhumanas de detención a que fue sometida durante 2 años y ocho meses, en la cárcel de Yanamayo.

José Burneo es Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Lima y de la Maestría del curso sobre la Corte Penal Internacional. Ha sido también Jefe del equipo jurídico de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) que investigó los crímenes y violaciones a los derechos humanos cometidos en Perú, lo que le permite explicarnos de primera mano en qué consistió el trabajo de la CVR.

José Burneo responde a las siguientes preguntas:

• Cuándo y por qué se creó la CVR
• Qué la distingue de otras comisiones de la verdad, como la de Chile o Argentina
• En qué consistió el trabajo técnico de la CVR.
• Cuáles fueron las conclusiones y recomendaciones de la CVR
• Tras la entrega del Informe Final de la CVR a finales de agosto de 2003, cuál es el estado actual de cumplimiento de las recomendaciones de la misma.

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Derechos Humanos en Perú