La connivencia entre Gobiernos de la Unión Europea (UE) y el de Estados Unidos en un programa secreto de torturas y secuestros socava las pretensiones de la UE de defender los derechos humanos, según un informe interno.

En 2001, la UE instruyó a los diplomáticos que la representan sobre los criterios para oponerse a los malos tratos sufridos por detenidos en otros países. Esas pautas tenían origen en el compromiso declarado de "desarrollar una acción sistemática y sostenida contra la tortura".

Una nueva evaluación de la UE sobre la aplicación de esos parámetros admite que algunos gobiernos practicaron un doble discurso, al implicarse en el programa denominado de "entregas extraordinarias" operado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos. Este mecanismo es empleado para capturar a sospechosos de terrorismo y transferirlos, sin pasar por los tribunales, a terceros estados que cometen torturas, según activistas.

En el informe interno se especifica que se debería garantizar el "pleno respeto" a los derechos humanos al formular políticas de lucha contra el terrorismo, sin permitir la expulsión de extranjeros a sus países de origen si hay probabilidades de que sean torturados, perseguidos o asesinados allí.

Un informe elaborado en 2007 por una comisión investigadora del Parlamento Europeo concluyó que al menos 1.245 vuelos de la CIA atravesaron espacio aéreo del bloque o aterrizaron en sus aeropuertos entre fines de 2001 y fines de 2005.

El resultado de la connivencia entre la UE y la CIA es "una brecha de credibilidad" a la hora de recomendar "en otros países" medidas contra la tortura, en palabras del eurodiputado socialista británico Claude Moraes...

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) considera que los procedimientos utilizados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la Unión Europea para elaborar las listas negras de individuos y grupos supuestamente vinculados al terrorismo, violan derechos básicos y son "completamente arbitrarios". En consecuencia, sus miembros insisten en que estos procedimientos deben ser revisados "para preservar la credibilidad de la lucha internacional contra el terrorismo".

El 23ene08 la PACE sometió a votación una recomendación sobre la cuestión de las listas negras del Consejo de Seguridad de la ONU y de la Unión Europea. Esta recomendación fue aprobada con 110 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones. Votaron en contra los parlamentarios Cezar Florin PREDA (Rumanía) del grupo del Partido Europeo de los Pueblos y Dragan ŠOC (Montenegro), miembro de la Asamblea por el mismo partido. Se abstuvieron Ryszard BENDER (Polonia), del Grupo Demócrata Europeo, Tomáš JIRSA (República Checa), también del Grupo Demócrata Europeo y Ladislav SKOPAL (República Checa), parlamentario del Grupo Socialista Europeo.

La publicación el 16nov07 del proyecto de resolución y recomendación, así como del memorándum explicativo sobre las listas negras, ha ayudado a reavivar la discusión sobre esta cuestión en los círculos políticos y académicos.

Ese memorándum explicativo o informe fue publicado por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, siendo relator del mismo el parlamentario suizo Dick Marty, perteneciente a la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa. Entre las conclusiones del informe, Dick Marty manifiesta que "Es lamentable y preocupante que organismos internacionales tan importantes y prestigiosos, fundados sobre la protección de los derechos humanos, el estado de derecho y la democracia, hayan decidido retroceder en estos valores, mientras el mundo permanece casi indiferente. Da que pensar cómo los estados abandonan tan fácilmente los principios recogidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos... Los gobiernos lavan su conciencia invocando, sencillamente, la prioridad que deben acordar a las decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU. Esto... no dispensa a los estados de abstenerse de aplicar "procedimientos" arbitrarios que son contrarios a todos los principios fundamentales de la cultura jurídica de los países civilizados. Ciertamente la lucha contra el terrorismo es una necesidad que nadie puede cuestionar. Pero consideramos inaceptable renunciar, en nombre de esta lucha, a los principios fundamentales de una sociedad democrática. Esto es intolerable desde el punto de vista jurídico, éticamente inaceptable y difícilmente defendible como una cuestión de eficacia."

"... [L]a práctica actual de las listas negras es escandalosa y mancha el honor de las instituciones que hacen uso de ella en estos términos. La elaboración de listas negras sin respetar los derechos más elementales cuestiona la credibilidad de la lucha contra el terrorismo y como consecuencia reduce su eficacia. Es posible desarrollar una prevención eficaz y una persecución rigurosa del crimen de carácter terrorista al tiempo que se respetan los principios fundamentales del Convenio Europeo de Derechos Humanos; respetar estos principios es incluso indispensable para que todos los ciudadanos apoyen y se identifiquen con esta lucha. La injusticia es un aliado importante de los terroristas: por tanto, combatámosla también. Esta es precisamente la finalidad de los textos presentados a consideración de la Asamblea por la Comisión de asuntos jurídicos."

Members of the European Parliament fear that the new Passenger Name Record agreement between the European Union and the United States, reached on June 28th, 2007, fails to protect citizens' data.

The European Parliament passed a resolution on July 12, 2007 on this agreement expressing that that the new deal still fails to offer an adequate level of data protection and it has been concluded without any involvement of parliaments from both sides, lacking democratic oversight.

While recognising the difficult conditions under which the negotiations took place, MEPs regret that the EU-US agreement for the transfer of Passenger Name Records is "substantively flawed", in particular by "open and vague definitions and multiple possibilities for exception".

Even though the European Parliament welcomed the provision that existing data protection law for US citizens (US Privacy Act) will be extended administratively to EU citizens' data processed in America, MEPs felt there is still much more to be improved... It "criticises the failure of the new PNR agreement to offer an adequate level of protection of PNR data, and regrets the lack of clear and proportionate provisions as regards the sharing of information and retention and supervision by data protection authorities; is concerned about the numerous provisions that are to be implemented at the discretion of the US Homeland Security Department"...

After the European Union concluded on June 28, 2007 a controversial new agreement with the USA giving its agencies access to PNR (passenger name record) personal data on everyone flying to and from that country, the European Commissioner for justice and home affairs, Mr Frattini, said that he would present a Framework Decision for a EU PNR system in October.

Mr Frattini is reported as saying that, in the wake of the attempted attacks in London and Glasgow: "I suggest that all member states should equip themselves with a PNR system and share information with others when relevant".

Mr Frattini's proposal is all the more confusing as there appears to have been no reference to the implementation of the April 2004 EU Directive on the obligation of carriers to communicate passenger data which had to be implemented in all member states by 5 September 2006...

The data to be sent comprises, according to said Directive, personal data on each passenger: type of travel document (eg: passport/visa), nationality, full name and date of birth, that is, the data held on the "machine readable zone" (MRZ) of passports (just four items of data). This is known as Advance Passenger Information or "API".

It appears that Spain is the first EU country to start collecting API (Advance Passenger Information) from incoming travellers as from 13 June 2007 - the UK requires Advance Passenger Information from targeted countries.

Article 3.1 of the 2004 Directive refers to transferring data "by the end of check-in". However, airlines are likely to collect Advance Passenger Information data when the ticket is booked days or weeks before the flight. This data could be passed to the national agencies well prior to check-in and be followed by a final passenger manifest after check-in.

So the question has to be asked: If the collection of Advance Passenger Information at the flight booking stage becomes the norm why is Passenger Name Record needed?...

An "Extraordinary meeting" of the Permanent Representatives Committee (COREPER) was held in Luxembourg on 12 June 2007 during the Justice and Home Affairs Council. The sole subject on the agenda was the EU-USA passenger name record (PNR) agreement.

The current "Undertakings" state that PNR data will be held for: "3.5 years from the date the data is accessed (or received) from the air carrier's reservation system. After 3.5 years, PNR data that has not been manually accessed during that period of time, will be destroyed. PNR data that has been manually accessed during the initial 3.5 year period will be transferred by the Customs and Border Protection Department to a deleted record file."

Under the proposed new agreement: "PNR data would be kept for 7 years as "active" data and 8 years as "dormant" data." Under the existing agreement data which has not been accessed for 3.5 years is destroyed. Under the proposed agreement all data will be held for 15 years...

The USA has used the successful challenge against the legal basis of the 2004 EU-US agreement (plus "Undertakings") on the transfer of passenger name records in the European Court of Justice by the European Parliament to put forward significant changes - to which the EU has agreed.

"What is particularly outrageous is that if the law changes in the USA the way the agreement is implemented changes too without any renegotiation - which is very worrying given the nature of new laws which remove the rights of suspects including habeaus corpus", commented Tony Bunyan, Statewatch editor...

On June 27th, 2007, two weeks after the EU Permanent Representatives Committee meeting on the agreement, the European Data Protection Supervisor, Peter Hustinx, addressed a letter to the German Council Presidency, expressing grave concern" at the proposals to:

• extend the time personal data is held from 3.5 years to 15 years:
• data can be passed to a "broad range of US agencies" with "no limitation" on its further processing;
• the absence of a "robust legal mechanism" for EU citizens to "challenge misuse" of their data;
• and the fact that the US "wants to avoid a binding agreement"

"Au cours de nos recherches, nous n'avons découvert aucune pièce infirmant les déclarations de M. Al-Masri" qui accuse la CIA de l'avoir enlevé, a indiqué le 10 juillet devant les députés Martin Hoffman, procureur de Munich chargé d'instruire le dossier. Témoignant devant la commission temporaire sur les activités présumées illégales de la CIA en Europe, il a cependant indiqué ne disposer d'aucune preuve de la participation des autorités ou des services secrets allemands dans cet enlèvement.

Citoyen allemand d'origine libanaise, Khaled Al-Masri affirme que des agents de la CIA l'ont enlevé en décembre 2003 et détenu pendant cinq mois dans une prison secrète en Afghanistan.

Il avait raconté son histoire devant la commission parlementaire au mois de mars, affirmant qu'il avait été arrêté lors d'un voyage dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, séquestré durant 23 jours dans un hôtel de Skopje, interrogé, puis transporté "les yeux bandés et un capuchon sur la tête" dans une prison secrète en Afghanistan où il aurait été torturé à plusieurs reprises. Il a été finalement relâché sans qu'aucune charge ne soit retenue contre lui..."

Selon le Parlement européen, "dans un certain nombre de cas, la CIA ou d'autres services américains se sont rendus clairement responsables de l'arrestation, de l'expulsion, de l'enlèvement et de la détention illégaux de terroristes allégués" en Europe.

Le texte souligne également la complicité de certains Etats membres. La commission temporaire a reçu le feu vert du Parlement afin de poursuivre son travail pour six mois de plus.

Les députés ont adopté, le 6 juillet, un rapport intérimaire de la commission temporaire sur l'utilisation alléguée de pays européens par la CIA pour le transport et la détention illégale de prisonniers.

Le rapport de Giovanni Claudio FAVA (député italien qui fait partie du Group Socialiste européen) a été adopté par 389 voix pour, 137 contre et 55 abstentions.

Les députés rappellent que ces actions "ne correspondent pas à des concepts de droit international connus et sont contraires aux principes fondamentaux de la législation internationale en vigueur en matière de droits de l'homme".

Le rapporteur de la commission d'enquête temporaire sur les activités illégales présumées de la CIA en Europe s'est exprimé devant les députés, mercredi 5 juillet, ainsi que le Conseil et la Commission. Selon lui, les restitutions extraordinaires sont un "fait", réalisé avec la complicité de certains Etats membres. Les députés ont toutefois exprimé des opinions parfois plus nuancées.

Le rapporteur du Parlement, Giovanni Claudio FAVA a rappelé à l'Assemblée qu'il était question de contribuer à faire la lumière sur les abus commis au nom de la lutte contre le terrorisme. Ou dans le cas présent, rechercher "la vérité sur une négation des droits", en l'occurrence "les droits refusés à ceux qui sont accusés d'être nos ennemis mais qui, en tant qu'êtres humains, en tant que suspects, ont ces droits - à un procès équitable, à une défense, à un jury et à un traitement digne-". Selon le rapporteur, "sans cela, il n'y a pas de loi, il n'y a que la force arbitraire, exercée par certains pays et acceptée par les autres"...

La "Commission temporaire du Parlement sur l’utilisation présumée des pays européens par la CIA pour le transport et la détention illégale de prisonniers" a indiqué dans son rapport intérimaire adopté le 12 juin 2006, que la CIA était "directement responsable" des "restitutions extraordinaires", de "la saisie illégale, l'enlèvement et la détention de terroristes présumés sur le territoire des Etats membres", qui constituent des violations du droit international.

Les députés critiquent aussi les Etats membres pour leur passivité face aux agissements de la CIA, voire leur complicité avec celle-ci.

Le rapport --rédigé par le député italien Claudio FAVA-- a été adopté par 25 voix pour, moyennant 14 contre et 7 abstentions. Il indique que la CIA a utilisé des avions pilotés par des compagnies aériennes de premier rang pour le transfert illégal de terroristes présumés vers des pays utilisant couramment la torture pour l'interrogation des prisonniers...

D'autre part, la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a déclaré le 7 juin 2006 que les Etats-Unis ont progressivement tissé une « toile d’araignée » de disparitions, de détentions secrètes et de transferts illégaux d’un Etat à l’autre – grâce à la collaboration ou la tolérance d’Etats membres du Conseil de l’Europe.

Dans un projet de résolution adopté lors d’une réunion à Paris et inspiré d'un rapport de Dick Marty, la commission affirme que des centaines de personnes, même simplement soupçonnées de sympathie pour des organisations considérées terroristes, se sont ainsi retrouvées piégées...

Pour la justice européenne, le transfert de données des voyageurs à l'administration américaine est illégal.

La Cour de Justice européenne, dans un arrêt redu le 30 Mai 2006, a jugé illégales les autorisations de transfert des données des passagers aériens aux autorités américaines données par la Commission et le Conseil.

Un accord entre les Etats-Unis et l'UE dans ce domaine a été signé au nom de la lutte contre le terrorisme mais, visiblement, contre la loi. L'arrêt de la Cour donne partiellement raison aux critiques émises par le Parlement européen mais ne résout pas tous les problèmes...

Pour la seconde fois, le Parlement européen appelle à fermer le centre de détention de Guantanamo Bay, désigné par l’Administration américaine comme une zone de non-droit.

En février déjà, les eurodéputés avaient voté une résolution réclamant la fermeture du centre de détention.

La résolution adoptée le 13 juin 2006 par le Parlement européen sur la situation des prisonniers à Guantanamo, "appelle à nouveau l'administration américaine à fermer le centre de détention de Guantanamo Bay et demande instamment que chaque prisonnier soit traité conformément au droit humanitaire international et, s'il est inculpé, jugé sans retard, dans le cadre d'une procédure équitable et publique, par un tribunal compétent, indépendant et impartial ou un tribunal international".

Elle appelle aussi les autorités américaines "à mettre en ouvre la convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et à mettre fin immédiatement à toutes les "techniques d'interrogatoire spéciales".

According to an article published on August 4, 2005 by the British newspaper “The Guardian”, a new army special forces regiment was involved in the operation that led to the killing of an innocent man at Stockwell tube station in south London.

The article says that the Special Reconnaissance Regiment, set up in April to help combat international terrorism, was deployed in the surveillance operation which led to the shooting of Jean Charles de Menezes, a Brazilian electrician, on July 22, according to Whitehall sources...

On August 3, Whitehall sources told the Guardian that soldiers of the Special Reconnaisance Regiment, modelled on an undercover unit that operated in Northern Ireland, was engaged in "low-level intelligence behind the scenes" when the Brazilian was shot. There was "no direct military involvement in the shooting", the sources said...

The regiment absorbed 14th Intelligence Company, known as "14 Int", a plainclothes unit set up to gather intelligence covertly on suspect terrorists in Northern Ireland. Its recruits are trained by the SAS...

A "Declaration on the European Union response to the London bombings", that defines the priorities to combat terrorism and indicates a strict timetable for implementing practical measures, was adopted on July 13th. 2005 in Brussels at the end of an extraordinary meeting of the European Interior ministers.

According to this Declaration, the Council will:

• agree the Framework Decisions on the Retention of Telecommunications Data (October 2005), on the European Evidence Warrant (December 2005), and on the exchange of information between law enforcement authorities (December 2005); adopt the Decision on the exchange of information concerning terrorist offences (September 2005);
• combat terrorist financing by agreeing by December 2005 a Regulation on Wire Transfers; adopting the Third Money Laundering Directive and the Regulation on cash control by September 2005; agreeing a Code of Conduct to prevent the misuse of charities by terrorists (December 2005); reviewing the overall EU’s performance (December 2005) and urging Member States to ensure that comprehensive financial investigation is a part of all terrorist investigations and to develop robust asset freezing powers.

Regarding the specific issue of data retention, a proposal for an EU Framework Decision on the mandatory retention of all traffic data was put forward by the UK, Ireland, France and Sweden on 28 April 2004. Tony Bunyan, Statewatch editor, comments that "...If this proposal was limited to tackling terrorism that would be one thing but it is not. It will put everyone in the EU under surveillance, be used to tackle crime in general and potentially could be used for social and political control."

El pasado 01dic04 se llevó a cabo, en la Sede del Parlamento Europeo en Bruselas, una Audiencia bajo el título "Derechos Humanos en Colombia: balance y perspectivas de los derechos civiles, económicos y sociales".

Esta Audiencia fue organizada por la FIDH, Coordination Paysanne Européenne, OIDHACO, Comités Ingrid Betancourt, Coordination Belge pour la Colombie, Confédération Internationale des Syndicats Libres, Fédération Générale des Travailleurs de Belgique y la Confédération des Syndicats Chrétiens de Belgique.

Contó con el apoyo de los siguientes europarlamentarios: Luisa Morgantini, (Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica) presidenta de la Comisión de Desarrollo; Alain Lipietz, (Grupo de los Verdes) presidente de la delegación para las relaciones con la Comunidad Andina; Luigi Cocilovo (Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa), Karyn Scheele (Grupo Socialista), Giusto Catania (Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica) y Giulietto Chiesa (Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales).

Contó asimismo con la participación como invitados del padre Javier Giraldo, Hildebrando Vélez y Wilson Higuita, entre otros.

La intención de las organizaciones era presentar a los grupos parlamentarios el punto de vista de organizaciones europeas comprometidas con la realidad colombiana de cara al debate del 02dic04, en el Parlamento Europeo, sobre la situación en Colombia.

Acerca del acto, el contexto en que se desarrolla el mismo y su objetivos nos habla Koen Warmmenbol, en nombre de la Coordinación Belga por Colombia.