On September 29th, 2010, the United States District Court for the District of Columbia affirmed its decision to dismiss Al-Zahrani v. Rumsfeld, a civil lawsuit brought by the Center for Constitutional Rights (CCR) and co-counsel concerning the deaths of three Guantánamo prisoners in June 2006.

The Court denied plaintiffs' motions for reconsideration despite newly-available evidence from soldiers stationed at the base at the time of the deaths that strongly suggest the men were killed at a black site at Guantánamo and a government cover-up of the true cause and circumstances of the deaths. The government reported the deaths as suicides.

The case, filed on behalf of the families of two of the deceased, Yasser Al-Zahrani of Saudi Arabia and Salah Ali Abdullah Ahmed Al-Salami of Yemen, charged the government and 24 federal officials with responsibility for the men's abuse, wrongful detention and ultimate deaths...

The case was initiated in the District Court for the District of Columbia on June 10, 2008, and the defendants subsequently moved to dismiss. On February 16, 2010, the district court granted the defendants’ motions and dismissed the case, holding that national security considerations prevented the court from hearing the families' claims...

Following the dismissal, the families filed a motion for reconsideration on the basis of the evidence from the soldiers, as reported by Scott Horton in Harper's Magazine in January 2010, arguing that the new facts compelled the court to reopen the case and they requested for permission to amend their complaint to incorporate the Newly-Discovered Evidence...

Un detallado documento debatido en la ONU, que no fue rechazado de plano por ninguno de los países involucrados, confirmó el empleo de cárceles clandestinas en la lucha contra el terrorismo liderada por Estados Unidos, que hasta ahora era un secreto a voces.

El informe, encomendado por la Organización de las Naciones Unidas y elaborado por cuatro expertos independientes del foro mundial, expone en detalle los aspectos de esas actividades ilegales y también de los vuelos organizados para desplazar a los supuestos terroristas, con escalas en numerosos estados cómplices.

Se trata de un documento importante porque recoge en una sola pieza una información que se conocía desde hace tiempo, pero de manera fragmentada, y concentra su atención en demostrar el alcance de la detención secreta como un problema mundial y también como un asunto real de este momento.

Los autores del documento fueron el finlandés Martín Scheinin, Relator especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, el austríaco Manfred Nowak, Relator especial sobre la cuestión de la tortura, la paquistaní Shaheen Ali, vicepresidenta del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria y el sudafricano Jeremy Sarkin, presidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas.

El informe de los expertos de la ONU asegura que son muchos los estados que recurren a la detención secreta de personas, aduciendo intereses de seguridad nacional que a menudo se ven como amenazas o emergencias sin precedentes o se presentan como tales...

El empleo de la detención secreta equivale en la práctica a sustraer a los detenidos del marco legal y dejar sin sentido las garantías que establecen diversos instrumentos internacionales, en particular el recurso de hábeas corpus, reflexiona el informe.

Los expertos recomiendan la prohibición expresa de la detención secreta, junto con cualquier otra forma de prisión no oficial.

Hay que llevar registros de detención inclusive en tiempos de conflicto armado como exigen los Convenios de Ginebra, que establecen el tratamiento debido a los combatientes y a la población civil en caso de guerras.

Scheinin se mostró satisfecho por la reacción del Consejo de Derechos Humanos, órgano ante el que el informe fue presentado, y comentó que según su opinión ha salido mejor de lo esperado y puntualizó que el informe ha sido controvertido, pero ahora parece que existe el reconocimiento de que el tema es lo suficientemente serio para no trivializarlo con obstáculos procesales.

La situación de los prisioneros en la base naval estadounidense en Guantánamo, Cuba, se "deteriora" con rapidez, mientras las autoridades procesan "unos pocos cambios cosméticos", advirtió el Centro por los Derechos Constitucionales (CCR).

Estas noticias contradicen los últimos informes de autoridades militares de Estados Unidos, según los cuales los prisioneros recibían un trato "humano".

El CCR difundió el 23feb09 un informe sobre las condiciones de reclusión en los bloques denominados cinco, seis y Echo, tras la conferencia de prensa brindada por el vicejefe de operaciones navales, almirante Patrick M. Walsh. En el reporte que elevó a la Casa Blanca, Walsh concluyó que Guantánamo cumple con las normas establecidas en las Convenciones de Ginebra.

El informe del CCR, "Conditions of Confinement at Guantanamo: Still in Violation of the Law" ("Condiciones de confinamiento en Guantánamo: Todavía en violación de la ley") rechaza las conclusiones de Walsh.

Los redactores del estudio cubrieron el periodo enero-febrero de 2009 y tomaron en cuenta nuevos testimonios de abogados y detenidos. Según el mismo, "[L]os detenidos en Guantánamo han continuado sufriendo confinamiento solitario, abusos psicológicos, alimentación forzada abusiva de huelguistas de hambre, abusos religiosos, y abusos físicos y amenazas de violencia de parte de guardias y de equipos de la Fuerza de Reacción Inmediata"...

El director ejecutivo del CCR, Vincent Warren, llamó al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a "remediar y poner fin rápidamente al Guantánamo creado por su predecesor, sin blanquearlo".

"La indolencia de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos ante el clamor de los más de 300 detenidos en la base naval de este país en Guantánamo, Cuba, es objeto de duros cuestionamientos por parte de activistas y expertos en derechos humanos.

La Corte decidió el 2 de abril no atender los casos de los musulmanes tomados prisioneros en la "guerra" de Estados Unidos "contra el terrorismo" y recluidos en Guantánamo, hasta que no se agoten las vías legales en tribunales de apelaciones de menor rango.

Como consecuencia, el principal tribunal estadounidense se negó a revisar la legalidad de la detención hasta que se cumplan, en todos los casos, los procedimientos previstos en la Ley de Tratamiento a Detenidos (DTA), aprobada en 2005.

Esa norma permite apelaciones de las decisiones tomadas por paneles militares ante tribunales civiles, pero muy limitadas...

Los tres jueces que redactaron el fallo, Anthony M. Kennedy y John Paul Stevens, anotaron que deseaban ver el proceso establecido por la DTA en acción antes de determinar si se trata de un sustituto adecuado para el hábeas corpus...

Abogados del Centro para los Derechos Constitucionales consideraron que el proceso en estos tribunales es "una farsa"..."

Richard Wilson, Professor of Law and Director of the International Human Rights Law Clinic at the American University of Washington, provides us with a new and in depth update on the Detainees at Guantanamo Bay, their legal situation and in particular the legal situation of Wilson's client Omar Khadr, a Canadian citizen detained by U.S. forces in July 2002 when he was 15 years old.

Richard Wilson has collaborated with Equipo Nizkor for several years. He is also a member of Equipo Nizkor‘s Board of Directors.

Wilson has addressed for Radio Nizkor the situation of the Guantanamo Detainees and the US Administration policies on Guantanamo on two previous occasions:

On October 2004, Radio Nizkor interviewed Wilson on the the developments regarding the situation of the Guantanamo detainees and, at that time, the current status of legal issues in Guantanamo, where he addressed topics as important as:

• The relationship of the Guantanamo Bay situation and the torture scandal at Abu Ghraib prison in Iraq
• The publication of internal Memoranda bu high ranking officials within the Bush Administration regarding the approval of the use of torture, and
• The very important decision of the US Supreme Court in June of 2004, namely Rasul vs. Bush.

Upon addressing those matters, Wilson provides the audience with an outstanding systematization of the current legal situation of the Guantanamo Detainees and the issues at stake in order to properly exercise their defense.

Pour la seconde fois, le Parlement européen appelle à fermer le centre de détention de Guantanamo Bay, désigné par l’Administration américaine comme une zone de non-droit.

En février déjà, les eurodéputés avaient voté une résolution réclamant la fermeture du centre de détention.

La résolution adoptée le 13 juin 2006 par le Parlement européen sur la situation des prisonniers à Guantanamo, "appelle à nouveau l'administration américaine à fermer le centre de détention de Guantanamo Bay et demande instamment que chaque prisonnier soit traité conformément au droit humanitaire international et, s'il est inculpé, jugé sans retard, dans le cadre d'une procédure équitable et publique, par un tribunal compétent, indépendant et impartial ou un tribunal international".

Elle appelle aussi les autorités américaines "à mettre en ouvre la convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et à mettre fin immédiatement à toutes les "techniques d'interrogatoire spéciales".

"El mando militar de Estados Unidos suspendió las ya limitadas visitas de abogados y periodistas a la base naval de Guantánamo, prohibición ordenada tras la muerte de tres prisioneros en ese enclave...

Según letrados del Centro para los Derechos Constitucionales (CCR), una organización no gubernamental con sede en Nueva York, la restricción contra los representantes legales afloró casi al unísono de una negativa a reporteros interesados en visitar el enclave...

Barbara Olshansky, abogada del CCR, dijo que sus colegas sospechaban que las visitas serían suspendidas súbitamente, pero que aún así establecerían una querella ante un tribunal federal en Washington para procurar el acceso a sus clientes..."

Antonio Cartañá nos habla de la no observancia, por parte de Estados Unidos, de las medidas aprobadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en favor de los presos de Guantánamo, así como de la permanente violación de la aplicación de las normas del debido proceso y la política de estado de excepción que supone el sistema de Guantánamo.

"El gobierno de Estados Unidos se empeña en presentar a los prisioneros en su base naval de Guantánamo, Cuba, como peligrosos terroristas, pero informes independientes y poco conocidos indican que la evidencia contra los detenidos es casi nula.

'Las personas que están allí, detenidas en el campo de batalla, son terroristas, fabricantes de bombas, reclutas e instructores de terrorismo, guardaespaldas (del líder saudita Osama bin Laden), potenciales suicidas, quizás vinculados con los atentados del 11 de septiembre' de 2001 en Nueva York y Washington, dijo el año pasado el secretario (ministro) de Defensa, Donald Rumsfeld. Los detenidos son "lo peor de lo peor", agregó el jefe del Pentágono.

Pero dos recientes informes independientes basados sobre documentos del propio Departamento (ministerio) de Defensa llegan a conclusiones diametralmente diferentes a las de Rumsfeld.

A pesar de las millones de palabras publicadas en la prensa sobre Guantánamo en los últimos años, la mayoría de los principales medios de comunicación de Estados Unidos han ignorado estos dos estudios..."

"The Bush Administration, through an amendment introduced by South Carolina Senator Lindsey Graham, has successfully stripped federal courts of jurisdiction to hear applications for habeas corpus brought by those unilaterally declared enemy combatants without any process and held by the U.S. indefinitely throughout the world and even in the United States.

This was accomplished by means of a last minute amendment to the Military Authorization Bill, brought up on the floor of the Senate without committee deliberations and virtually no advance warning to the American people that it was happening.

It was not only human rights groups like the Center for Constitutional Rights, but many in the military or retired from the military who opposed the Graham amendment: Judge John Gibbons, who argued the landmark case Rasul v. Bush before the Supreme Court; John Hutson, Dean of Franklin Pierce Law Center and former Judge Advocate General of the U.S. Navy, and the National Institute for Military Justice, among others, wrote open letters to the Senate to oppose the dismantling of habeas corpus..."

Le 2 novembre 2005, la Commission interaméricaine des droits de l'Homme a étendu les mesures de précaution en faveur des personnes indéfiniment détenues à Guantanamo par les Etats-Unis.

Les avocats de la Clinique de Droit International des Droits de l'Homme de la Faculté de Droit de l'Université Américaine de Washington et du Centre pour les Droits Constitutionnels, ont tenu une audience auprès de la commission, le 20 octobre.

Les mesures de la commission incluent les demandes suivantes :

• que le gouvernement des Etats-Unis garantisse que les détenus de Guantanamo ne soient pas transférés dans un pays dans lequel il existe des motifs substanciels leur faisant courir un risque d'être soumis à la torture ou à tout autre type de mauvais traitement ;
• que les Etats-Unis, en conformité avec le droit international, interdisent que toute déclaration obtenue sous la torture soit utilisée dans une procédure judiciaire ;
• que le gouvernement instruise et juge les cas d'abus et de torture, ce qui signifie que le Ministère de la Défense ne doit pas pouvoir continuer à enquêter sur ses propres actes ;
• et que ce soit un tribunal compétent qui détermine la condition juridique des détenus de Guantanamo, ce qui n'a pas été convenablement fait par les tribunaux militaires, ni par les procédures d'habeas corpus entamées jusqu'à présent.

On November 2, 2005, the Inter-American Commission on Human Rights extended precautionary measures for the men being held indefinitely at Guantánamo Bay by the U.S. government.

Attorneys from the International Human Rights Clinic at American University's Washington College of Law and the Center for Constitutional Rights had a hearing before the Commission on October 20th.

The Commission's measures included requests:

• that the U.S. government ensure the detainees at Guantánamo are not transferred to countries where there are substantial grounds for believing they would be in danger of being subjected to torture or other mistreatment;
• that the U.S., in accordance with international law, not permit any statement obtained under torture to be used in a legal proceeding;
• that the government investigate and prosecute instances of abuse and torture, which does not mean letting the Department of Defense continue to investigate itself; and
• to have the legal status of the Guantánamo detainees determined by a competent tribunal, which has not been adequately addressed by the military tribunals or the habeas corpus proceedings to date.

El 2 de noviembre de 2005 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos extendió las medidas cautelares en favor de las personas detenidas indefinidamente en Guantánamo por el Gobierno de los Estados Unidos.

Los abogados del la Clínica de Derecho Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Americana de Washington y del Centro por los Derechos Constitucionales tuvieron una audiencia ante la Comisión el 20 de octubre.

Las medidas de la Comisión incluyen las solicitudes siguientes:

• que el Gobierno de los Estados Unidos garantice que los detenidos en Guantánamo no serán trasladados a países en donde existen motivos sustanciales para creer que corren peligro de ser sometidos a tortura u otro tipo de maltrato;
• que los Estados Unidos, de conformidad con el derecho internacional, no permita que ninguna declaración obtenida bajo tortura pueda utilizarse en ningún procedimiento jurídico;
• que el Gobierno investigue y enjuicie los casos de abuso y torturas, lo que se traduce en que no se ha de permitir que el Departamento de Defensa siga investigándose a sí mismo, y
• que sea un tribunal competente el que determine la condición jurídica de los detenidos en Guantánamo, extremo éste que no ha sido debidamente abordado por los tribunales militares o los procedimiento de habeas corpus que se han dado hasta la fecha.

On December 1st, 2004, the Center for Constitutional Rights asked two federal court judges to forcefully reject the Bush Administration's effort to dismiss 12 Habeas Corpus petitions brought on behalf of individuals detained at Guantanamo Bay.

In an extraordinary move, the government has essentially sought to overturn the decision of the U.S. Supreme Court in the landmark case Rasul v. Bush.

On November 5th, 2004, a group of attorneys representing several Guantanamo detainees submitted a Memorandum in opposition to the government's motion to dismiss the instant habeas petitions.

The Petitioners assert in their Memorandum the following:

• that the President's exercise of his war powers is subject to judicial review
• that the Supreme Court has already determined that the Guantanamo detainees have stated a claim
• that pertinent case law, moreover, confirms that the detainees have due process rights under the Constitution that they may vindicate through habeas actions.
• that the detainees also have rights under the Geneva Conventions and other international law that may be vindicated in a habeas action and,
• that the detainees have common law rights that inhere in the habeas statute and do not depend upon the cognizability of rights otherwise provided by the Constitution, laws or treaties of the United States.