El juez chileno Alejandro Madrid, de la Corte Apelaciones de Santiago, acusó el viernes 26sep08 a 19 personas, la mayoría militares de Chile y tres uruguayos, por el secuestro y asesinato del ex agente de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), el químico Eugenio Berríos.

El juez, quien instruye la causa desde 2003, acusó al mayor retirado del ejército, Arturo Silva Valdés, de autor del delito de secuestro con homicidio de Berríos, y al ex general Eugenio Covarrubias Valenzuela, de encubridor de los hechos.

Bajo los cargos de secuestro fueron inculpados siete uniformados retirados: el general Hernán Ramírez Rurange, el brigadier Manuel Provis Carrasco, el teniente coronel Pablo Rodríguez Márquez, el mayor Jaime Torres Gacitúa, el oficial Manuel Pérez Santillán y los suboficiales Marcelo Sandoval Durán y Nelson Román Cáceres. A ellos se sumó el civil Raúl Lillo Gutiérrez.

Los militares uruguayos extraditados a Chile en abril de 2006, por solicitud de Madrid, los coroneles Tomás Casella (retirado) y Wellington Sarli y el teniente coronel Eduardo Radaelli, fueron formalizados por secuestro y asociación ilícita.

Por este último delito el juez también acusó al ex auditor del ejército de Chile, Fernando Torres Silva, y al coronel retirado Enrique Ibarra, además de Provis, Ramírez, Covarrubias, Silva, Rodríguez, Torres, Lillo, Pérez, Sandoval y Román.

Madrid formalizó asimismo al oficial retirado Mario Cisternas Orellana y a los civiles Nelson Hernández Franco y Erika Silva Morales, además de Sandoval y Román, por infracción al artículo del Código Penal que establece la obligación de los funcionarios públicos de denunciar un ilícito. Por obstrucción a la justicia figura Ginez Rojas Gómez junto a los ya mencionados Ramírez, Rodríguez, Lillo y Covarrubias.

Berríos, un químico especialista en la fabricación de gases tóxicos y otras armas letales, como el gas sarín, fue agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el primer cuerpo represivo de la dictadura del general Pinochet, fallecido en 2006.

En octubre de 1991, un año después de la recuperación de la democracia en Chile, el científico fue sacado clandestinamente del país para impedir que declarara en el proceso judicial por la muerte del ex canciller del gobierno de Salvador Allende (1970-1973), Orlando Letelier, asesinado en un atentado perpetrado en 1976 en Washington...

La última vez que se lo vio con vida fue el 15 de noviembre de 1992, cuando acudió a una comisaría de Parque del Plata, localidad cercana a Montevideo, a denunciar que había sido secuestrado. El cadáver de Berríos, con dos impactos de bala en la cabeza, fue encontrado en 1995 en una playa de El Pinar, Uruguay, pero las pericias establecieron que la fecha de muerte databa de fines de 1992 o comienzos de 1993.

El magistrado reconoció que la investigación fue "complicada porque se trata de temas que obedecen a determinadas operaciones de inteligencia y que tuvo alcances de carácter internacional"...

Madrid adelantó que está cerca de cerrar los sumarios de otros importantes procesos ligados al secuestro y homicidio de Berríos, entre ellos el caso de la muerte del ex presidente democratacristiano Eduardo Frei Montalva (1964-1970), quien falleció de una infección generalizada en 1982, luego de someterse a una operación de rutina.

El Equipo Jurídico de Apoyo de los Presos Políticos Mapuche, ha informado que el Gobierno de Michelle Bachelet ha impedido a la presa y activista de la causa mapuche, Patricia Troncoso, comunicarse telefónicamente con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como había sido solicitado por Santiago Cantón, Secretario Ejecutivo del organismo internacional con sede en Washington. Patricia Troncoso lleva en huelga desde el 10oct07.

A medio día del 14ene08, el Equipo Jurídico recibió una llamada telefónica de Mario López, abogado asesor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien les requirió gestionar una "conversación telefónica" con Patricia Troncoso Robles. El Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señor Santiago Cantón, se comunicaría con la presa política, en el marco de la solicitud de medida cautelar Nº 239-07 interpuesta ante ese organismo el día 14 de noviembre de 2007 por el Equipo Jurídico, en favor de los cinco comuneros mapuche en huelga de hambre.

El Equipo Jurídico señala en un comunicado emitido sobre esta cuestión, que "[L]a medida cautelar tiene por objeto que la Comisión resguarde los derechos humanos de los comuneros mapuche que realizaron la huelga de hambre y actualmente, de manera urgente, de Patricia Troncoso Robles".

"El gobierno de Chile, de manera inexplicable, a través del Seremi de Justicia (S) de la Novena Región ha informado que no accede a que Patricia Troncoso, quien lleva 98 días en Huelga de Hambre, converse con el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos..."

Los abogados denunciaron además que el Ministerio de Justicia y Gendarmería habían resuelto su traslado al Hospital de Chillán, en contra de su voluntad y la de sus familiares...

El fiscal militar José Pinto Aparicio ordenó el 04ene08 la detención del cabo segundo de Carabineros Walter Ramírez Espinoza, quien habría percutado el disparo que el 03ene08 costó la vida del estudiante de agronomía de la Universidad La Frontera de Temuko, Matías Catrileo Quezada.

Ramírez, quien pertenece a la institución policial desde hace 10 años, se encuentra bajo arresto en la Subcomisaría de Fuerzas Especiales de Temuko a la espera de las diligencias que disponga el fiscal castrense para esclarecer las circunstancias en que se produjo el deceso del joven...

Una ola de críticas ha desatado el hecho de que la investigación sobre las circunstancias que significaron la muerte del joven esté a cargo de la justicia militar y, más aun esgrimen los mapuches, sea responsable de esclarecer los hechos el mismo fiscal que indagó el asesinato policial del comunero mapuche Alex Lemún el año 2002 en Ercilla.

Lemún fue baleado en la cabeza por el entonces mayor de Carabineros Marco Aurelio Treuer, tras participar de la ocupación del Fundo Santa Elisa de Forestal Mininco. Si bien el policía fue separado de sus funciones e investigado por la justicia militar, la causa fue sobreseída por la Corte Marcial en 2004 y el oficial reintegrado a la institución.

En Santiago, las Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y de ex Presos Políticos, junto a la Secretaría de Derechos Humanos del Partido Socialista, presentaron este una carta al presidente de la Corte Suprema, Enrique Tapia, solicitando también que sea la justicia civil la que instruya el caso de la muerte del joven universitario...

En un masivo funeral, sin incidentes y bajo máximas medidas de seguridad fueron despedidos el sábado, 05ene08, los restos de Matías Catrileo Quezada. Matías Catrileo falleció el 03ane08 baleado por la policía mientras participaba en una recuperación de tierras en un fundo de Vilcún.

Alrededor de 2 mil personas, mapuches y simpatizantes de la causa indígena, acompañaron el ataúd del joven de 22 años desde el Hogar Mapuche Pelontuwe, hasta el cementerio Parque del Sendero de Temuko. La ceremonia duró aproximadamente una hora y 15 minutos.

Oscar Ancatripay, vocero de la Coordinadora Arauco-Malleco dijo que reivindican a Matías Catrileo Quezada como un digno weichafe de la causa mapuche y de la Coordinadora Arauco-Malleco, quien junto a Alex Lemún se convierten en mártires gracias al accionar vil de Carabineros de Chile en los gobiernos de la Concertación. Los culpables operativos de este asesinato son las fuerzas represivas y sus responsables políticos son Felipe Harboe, Belisario Velasco y la Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, quienes llevarán también la responsabilidad histórica de asesinar un luchador de la justa causa mapuche por la recuperación de sus derechos"...

Por su parte, el dirigente del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, acusó a la Presidenta Michelle Bachelet de dar valores distintos a la muerte de un no mapuche respecto a la de un indígena, en alusión a que se ha hecho presente en otros funerales de gran connotación pública.

También asistieron al funeral dirigentes de la Identidad Territorial Lafkenche, del Parlamento de Koz Koz, Alianza Territorial Wenteche, Asamblea de Izquierda, Partido Wallmapuwen, delegados de Hogares estudiantiles , diversas asociaciones comunales y delegaciones de comunidades provenientes de todo el Wallmapu.

Catrileo formaba parte de un grupo de 30 comuneros que la madrugada del pasado 3 de enero llegó al fundo Santa Margarita, de propiedad del agricultor de origen suizo, Jorge Luchsinger. Según la versión policial, el grupo atacó con disparos de escopetas a dos carabineros que los sorprendieron en plena acción, la que fue repelida con sus armas de servicio, en un acto que definieron como "legítima defensa". Sin embargo, los comuneros han declarado que ingresaron al predio con la intención de realizar una recuperación pacífica, siendo repelidos en el acto a balazos por la policía.

Un lamien mapuche murió el 03ene08 al enfrentarse con Carabineros durante la toma de un predio en la región de la Araucanía.

Según una versión extraoficial dada a conocer por radio Bío Bío, el hecho se produjo en el fundo Santa Margarita, de propiedad del agricultor Jorge Luchsinger... Se informó que alrededor de las 6:00 unos 20 comuneros ingresaron al fundo y comenzaron a encender fardos de forraje que se encontraban esparcidos en un potrero. En ese momento, según la información emitida por la emisora, se hizo presente el personal policial, produciéndose un incidente donde una ráfaga de metralleta hirió y ocasionó la muerte a uno de los manifestantes, el estudiante de Agronomía de la Universidad La Frontera, de Temuco, Matías Catrileo Quezada, de unos 22 años de edad.

El dirigente identificado como Rodrigo dijo que llegaron al predio para iniciar "conversaciones" en el marco de una iniciativa de recuperación de tierras impulsada por la Coordinadora Arauco Malleco. "Nosotros intentamos hacer una recuperación pacífica, ingresamos al fundo, inmediatamente Carabineros comenzó a disparar con subametralladoras; en eso nosotros empezamos la retirada y una de las balas alcanzó al hermano Matías".

José Aylwin, codirector del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, señaló que "Este es el resultado del silencio y complicidad del actual gobierno con carabineros".

Coincidentemente, organizaciones y personalidades defensoras de los derechos humanos convocaron para el 03ene08 a una conferencia de prensa para denunciar el "silencio" mantenido por el gobierno de Michelle Bachelet sobre la huelga de hambre que tiene a una activista de la causa mapuche, Patricia Troncoso, al borde de la muerte. Ese día Patricia Troncoso cumplió 82 días en huelga de hambre y está dispuesta a morir por conseguir la libertad de todos los autodenominados presos políticos mapuches y por la desmilitarización de las comunidades que reivindican tierras.

Ante la gravedad del caso, el senador Alejandro Navarro dijo que han tomado la decisión de presentar sus antecedentes a la OEA, para que sean conocidos por la Comisión Interamericana y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Navarro declaró que "si muere un mapuche será una derrota para el Estado chileno, pues son muchos los organismos internacionales, empezando por la propia ONU, que han manifestado la necesidad de revisar el actual estado de cosas, donde no sólo no se están respetando los derechos universalmente aceptados para los pueblos originarios, sino que además se siguen trabando instancias necesarias como la aprobación del Convenio 169 de la OIT, a la que ahora quieren ponerle condiciones inaceptables...".

La activista de la causa mapuche Patricia Troncoso, quien completó 74 días en huelga de hambre que comenzó el 10oct07, fue internada el 23dic07 en la Unidad de Tratamiento Intensivo (UTI) del Hospital de Angol, de la IX Región, en grave estado de salud.

Familiares de los "presos políticos mapuches" del penal de Angol informaron que un equipo médico examinó tanto a Llaitul como a Troncoso y, a pesar de la negativa de éstos, ordenó su traslado inmediato al centro asistencial de la provincia, debido al deteriorado estado de salud de ambos, quienes han perdido cerca de 25 kilos de peso.

La semana pasada otros tres comuneros mapuches José Huenchunao, Jaime Marileo y Juan Millalen, tras 67 días de ayuno, optaron por abandonar la movilización, al aceptar la mediación del obispo de Temuco, Camilo Vial, para la instalación de una mesa de negociaciones con el Gobierno, en busca de respuestas a los tres puntos de su petitorio: libertad a los presos políticos mapuches, desmilitarización de la zona en conflicto y fin a los allanamientos policiales.

Para Patricia Troncoso -winka aceptada como mapuche según las creencias de ese pueblo originario- y Héctor Llaitul -importante líder de la Coordinadora Arauco Malleco- para terminar la huelga era necesario el compromiso de que no se aplique la Ley Antiterrorista al caso Poluco Pidenco, por el cual hoy se encuentran encarcelados.

El caso Poluco Pidenco fue un incendio a bosques de la forestal Mininco, ocurrido en diciembre de 2001, por el cual -a pesar de que no hubo víctimas fatales- a sus supuestos autores se les juzgó con "testigos sin rostros" y se les aplicó la Ley Antiterrorista creada durante la dictadura militar.

Esta situación ha sido condenada ya en dos oportunidades por los organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, quienes han pedido la derogación de la Ley Antiterrorista y la revisión de los procesos realizados bajo esa norma...

Con una grave descompensación originada por los efectos de más de 70 días de huelga de hambre, la activista de la causa mapuche Patricia Troncoso, ha fue internada de urgencia.

Su padre, Roberto Troncoso y la esposa de Llaitul - otro preso mapuche que continúa en huelga de hambre en la cárcel de Angol - regresaron al sur de chile, tras permanecer en Santiago sin que se concretara el diálogo comprometido por el Gobierno a través del obispo de Temuco Camilo Vial.

En Santiago, la esposa de Llaitul emplazó al ex Presidente Ricardo Lagos a asumir su responsabilidad por la errónea aplicación de la Ley Antiterrorista a los mapuche condenados en el juicio Poluco-Pidenco

El padre de Patricia Troncoso recalcó que su hija, condenada a diez años de prisión, está injustamente encarcelada, y sostuvo que a la activista no se le han concedido beneficios carcelarios legales, como la salida dominical, pese a que está en prisión desde el 14sep02 y por tanto ya ha cumplido más de la mitad de su condena, con "buena conducta", según el reglamento carcelario.

Llaitul sólo está imputado, pero lleva diez meses en prisión preventiva, sin ser aún sometido a juicio. Por petición del defensor público Jaime López se suspendió indefinidamente la audiencia que debió realizarse el 18dic07, en Nueva Imperial.

Roberto Troncoso mostró su desazón porque el Gobierno no quiera conocer de fuente directa los planteamientos de su hija, que en carta pública anunció estar dispuesta a morir para que finalmente se les escuche.

Éste fue el planteamiento dado a conocer por Patricia en lo que calificó como "mis últimas palabras", y que hemos incluido en este Programa de Radio Nizkor. Se trata de un mensaje a la Presidenta Bachelet grabado el 17dic07, y en el que Patricia Troncoso recuerda a Michelle Bachelet la política represiva de los sucesivos Gobiernos contra la población mapuche, el recurso de éstos a artimañas engañosas que inutilizaban todo proceso de negociación y la aplicación de legislación de estado de excepción, poniendo además de manifiesto las violaciones al debido proceso en estos procedimientos contra comuneros mapuches, especialmente en el caso de Héctor Llaitul, en cuyo juicio habrían comparecido testigos que fueron torturados para inculparle.

El pasado 15dic07, los presos políticos Mapuche recluidos en la cárcel de Angol, a los 66 días de su huelga de hambre, emitieron un comunicado público, leído por Patricia Troncoso Robles, en el que respaldan las gestiones realizadas por el obispo de Temuco, Monseñor Camilo Vial, en su calidad de apoyo humanitario y mediador e informan de que, como resultado de esa mediación, el Gobierno, a través del Ministro del Interior, ha manifestado su voluntad de conformar una mesa de negociación a partir del 17dic07.

Producto del acuerdo alcanzado con el Gobierno en ese momento, Monseñor Camilo Vial les solicitó un receso en su huelga de hambre a los 66 días de su inicio, receso asumido por Jose Huenchunao Mariñan, Juan Millalen Milla y Jaime Marileo Saravia, dado su deteriorado estado de salud.

Patricia Troncoso Robles y Hector Llaitul Carillanca continuarán con la huelga de hambre hasta que se de inicio a la mesa de diálogo.

Por último, los presos Mapuche de Angol hacen "un llamado a las comunidades y a las organizaciones del movimiento Mapuche autónomo así como a las distintas organizaciones sociales y políticas del pueblo chileno que apoyan nuestra causa, a estar alertas y continuar manifestándose por:

- la libertad a todos los presos politicos mapuche
- la desmilitarizacion de las zonas en conflicto
- el fin a la represion en las comunidades mapuche".

El 11 de julio de 2007 se ha dado a conocer la decisión del juez chileno Orlando Álvarez en el proceso de extradición de Alberto Fujimori Fujimori. "Ahora se sabe que la decisión no solamente niega la solicitud peruana de justicia en todos sus extremos, sino que además resulta ser todo un alegato de defensa del extraditable y de desafío a los avances logrados a nivel internacional para hacer justicia frente a crímenes de derechos humanos y contra la corrupción, durante la última década. Álvarez ha apostado políticamente por la impunidad y contra la justicia...

[S]i de parte de Álvarez hay un empeño en limpiar a Fujimori de toda responsabilidad en los delitos de corrupción de funcionarios no cabe duda que su mayor esfuerzo lo concretó para limpiarlo de las imputaciones de los crímenes contra los derechos humanos. Una extraña coincidencia teniendo en cuenta que si algo preocupaba de verdad al extraditable era la procedencia de la extradición por crímenes de lesa humanidad, por las altas penas que implican. Sobre los casos de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta utiliza como primer argumento, un informe que la Cancillería peruana recibió sobre la solicitud de extradición hecha a Japón, y en el que se critica los expedientes presentados en aquella ocasión, pero el juez Álvarez hace vales esas observaciones para los expedientes elaborados posteriormente para Chile. Eso es un evidente contrabando...

Resulta evidente que esta resolución no busca resolver un procedimiento de extradición entre dos países. Sino a la luz de sus consideraciones en el fondo se trata de absolver a quien ejerció el poder sin control alguno...

[M]ás allá del destacado dictamen de la Fiscal Maldonado, este fallo pareciera ser el resultado de todo aquello que desde el Estado, y especialmente desde el Ejecutivo, se ha dejado de hacer o de decir. El actual régimen jamás ha dado muestra alguna de que realmente esté interesado en que se obtenga un resultado favorable a la extradición, y no debería extrañar si algunos encuentran en ella, la oportunidad para un mejor entendimiento con el fujimorismo."

El ex presidente peruano Alberto Fujimori, aún bajo arresto domiciliario aquí [en Chile], disfruta de sus primeras 24 horas de alivio al ser rechazado, el 11jul07, un pedido de extradición a Perú, pero parecen ser pocos sus escenarios futuros.

Según juristas locales, son sólo tres las variantes del futuro inmediato de Fujimori: primero, lo que muchos esperan, que la Corte Suprema acoja finalmente el pedido de extradición y, en un proceso más o menos rápido, lo envíe a Lima. Ese escenario no estaría exento de polémicas en Chile y en Perú y Fujimori moviliza todos sus recursos para evitarlo.

Las otras posibilidades, también polémicas, agregan las fuentes, son que la Corte Suprema ratifique el rechazo a la extradición y, entonces, el ex mandatario o se quede -sin juicios pendientes- en Chile o viaje a otro país, como Japón. En esa dirección apuntaban rumores durante las últimas semanas, recordando la alegada nacionalidad japonesa de Fujimori, propuesto para un cargo político en ese país asiático.

Conocedores del tema insisten en que Fujimori no ha descartado del todo protagonizar un eventual retorno político a Perú, si quedara finalmente en libertad.

De todas formas, la Corte Suprema chilena deberá pronunciarse cuanto antes sobre el tema, aunque abogados vinculados al caso estiman que el proceso pudiera demorar otros dos o tres meses..."

La Asociación Pro Derechos Humanos de Perú (APRODEH) calificó la resolución emitida por el juez Orlando Álvarez como inaceptable.

Francisco Soberón, director de esta organización, señaló que la solicitud era por la extradición de Fujimori, no por su juzgamiento. "El juez Álvarez ha valorado los elementos probatorios en torno a la responsabilidad de Fujimori, como si a él le correspondiera juzgarlo, en lugar de considerar la existencia de indicios suficientes para la extradición, como sí lo hicieron la fiscal Maldonado y diversas organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Clínica Jurídica de la Universidad de George Washington, entre otras."

Gloria Cano, abogada de APRODEH, manifestó su extrañeza respecto del desconocimiento de Álvarez sobre la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. "En relación a las sentencias sobre los casos Barrios Altos y La Cantuta, Álvarez señala que en ellas la Corte establece la responsabilidad del Estado, mas no de Fujimori, cuando es conocido que dicho tribunal no puede pronunciarse sobre responsabilidades individuales", afirmó...

El lunes 11jun07, el ex jefe del Departamento Exterior de la tristemente célebre DINA, Raúl Iturriaga Neumann, debía entregarse ante la justicia, tras haber llegado a un "acuerdo de caballeros" con el magistrado de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Solís. El magistrado debía notificar a Iturriaga para que comenzara a cumplir ese mismo día la condena a cinco años y un día de presidio por la desaparición del militante del MIR Dagoberto San Martín en 1974.

La sentencia había pasado a ser firme el 28may07, día en que fue confirmada por la Corte Suprema.

Las versiones de prensa señalan que Iturriaga se dio a la fuga el lunes 11 de marzo, la fecha en que se debía entregar ante el juez Solís. Sin embargo, se ha logrado acreditar que el prófugo salió el viernes 8 del apartamento que su actual conviviente, Máxima Martota, tiene en Las Condes.

Para evitar cualquier sospecha sobre su fuga, el general en retiro se preocupó, en las últimas dos semanas, de llamar constantemente al tribunal para confirmar el día y la hora en que iba a ser notificado. De paso, también reafirmó en cada una de esas ocasiones su decisión de concurrir voluntariamente al Penal Cordillera.

Cuando los funcionarios de Investigaciones que trabajan con el juez Solís supieron que en realidad se había escapado el viernes, se sorprendieron porque esa misma tarde, a eso de las cuatro, ya clandestino, Iturriaga realizó su última llamada al tribunal confirmando su asistencia el lunes.

La condena de cinco años del "Chico" Iturriaga Neumann (eran diez, pero la Corte Suprema la rebajó), tiene que ver con uno de los centros clandestinos de la DINA donde más se ejerció la depravación sexual como tortura, principalmente contra mujeres. De ahí que la casa ubicada en Irán 3937 en Macul fuera conocida como la "Venda sexy", justamente por los tormentos sexuales aplicados a las prisioneras con la vista vendada.

Sobre Iturriaga Neumann pesan además tres órdenes de captura internacional: Una, por la condena que le impuso la justicia italiana por el atentado contra el ex vicepresidente de la República Bernardo Leighton y su esposa, Anita Fresno. La segunda proviene de Argentina, donde la jueza María Servini de Cubría lo procesó y acusó del crimen del general Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert. La última es de España, donde el juez Baltasar Garzón lo requiere por los asesinatos de los sacerdotes Joan Alsina y Antonio Llidó, y el diplomático Carmelo Soria...

"Tras un año y siete meses en Chile, Fujimori queda a un paso de ser extraditado a Perú. Luego de analizar los 12 tomos del caso desde marzo de 2006, la Fiscal de la Corte Suprema Mónica Maldonado recomendó extraditar al ex Presidente peruano. El informe, que no es vinculante, es un antecedente fundamental para la resolución final que tome el juez Orlando Alvarez durante las próximas semanas.

La fiscal de la Corte Suprema Mónica Maldonado entregó el 7 de junio de 2007 el informe por el cual recomienda extraditar a Perú al ex Presidente peruano Alberto Fujimori, quien en su país enfrenta varios delitos por corrupción y violación a los derechos humanos, entre ellos el caso de las muertes ocurridas en las localidades de La Cantuta y en Barrios Altos, a manos de un grupo paramilitar denominado "Colina", dirigido por Vladimiro Montesinos.

Aunque el informe no es vinculante, se estima que el juez del caso, Orlando Alvarez, seguirá los consejos de la fiscal del máximo tribunal. Sin embargo, la notificación oficial tardará aún un par de semanas debido a una prórroga de 10 días en la licencia médica que tiene el magistrado..."

El Equipo Nizkor ha hecho público un comunicado con motivo del día de los derechos humanos que tiene que ver con la aplicación de la figura de crímenes contra la humanidad por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso relacionado con la dictadura chilena.

El comunicado ha coincidido con el deceso del dictador Augusto Pinochet y bien podría ser su epitafio: ha muerto el responsable de la comisión de crímenes contra la humanidad cometidos en Chile durante su dictadura.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos aplica la figura de crímenes contra la humanidad en un caso de asesinato, y, como consecuencia, la cuestión de la no prescripción y de la imposibilidad de amnistiar estos crímenes. La sentencia que comentamos es la recaída en el Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, de 26 de septiembre de 2006 (Serie C No. 154).

La Sentencia de la Corte Interamericana tiene una gran importancia para los integrantes del Equipo Nizkor dado que viene a recoger, en su práctica totalidad, los argumentos que venimos usando ante los tribunales ordinarios y en nuestro discurso contra los modelos de impunidad desde hace al menos 10 años...

Sus consecuencias afectan a todos los modelos de impunidad latinoamericanos y ponen término, a nivel jurídico, a discusiones arbitrarias sobre la validez de actos jurídicos manifiestamente ilegales a la luz del derecho internacional, como son los casos de Argentina, Chile, Guatemala, Honduras, Perú, El Salvador y Uruguay.

En el caso de Chile tiene al menos dos consecuencias directas:

- Elimina la posibilidad de la utilización del Decreto Ley No. 2.191, conocido como Decreto de Amnistía, dado que si los actos de asesinatos son considerados "crímenes contra la humanidad" -al haberse cometido éstos sistemáticamente o a gran escala-, éstos no prescriben y tampoco pueden ser amnistiables, lo que convierte en ineficaz la propia legislación de amnistía en todos los casos.

"152. En efecto, por constituir un crimen de lesa humanidad, el delito cometido en contra del señor Almonacid Arellano, además de ser inamnistiable, es imprescriptible. Como se señaló en los párrafos 105 y 106 de esta Sentencia, los crímenes de lesa humanidad van más allá de lo tolerable por la comunidad internacional y ofenden a la humanidad toda. El daño que tales crímenes ocasionan permanece vigente para la sociedad nacional y para la comunidad internacional, las que exigen la investigación y el castigo de los responsables. En este sentido, la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad |161| claramente afirmó que tales ilícitos internacionales "son imprescriptibles, cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido.

153. Aún cuando Chile no ha ratificado dicha Convención, esta Corte considera que la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad surge como categoría de norma de Derecho Internacional General (ius cogens), que no nace con tal Convención sino que está reconocida en ella. Consecuentemente, Chile no puede dejar de cumplir esta norma imperativa."

Le Samedi 22 Avril 2006, les 4 dirigeants Mapuches emprisonés au Penitencier de Angol au Sud du Chili, ont entamé leur quarantième journée de gréve de la faim. Il s'agit des dirigeants: Juan Patricio Marileo Saravia, Florencio Jaime Marileo Saravia, Juan Carlos Huenulao Lielmil et Patricia Roxana Troncoso Robles.

Leur condamnation s'élève a 10 ans et un jour d’emprisonement, et se base sur une présomption de participation dans un delit d'incendie terroriste d'une plantation forestière de l'entreprise FORESTAL MININCO S.A. Outre l'emprisonement ferme, les inculpés ont été condamnés également à payer une indemnisation de 425 millions de pesos a l'entreprise FORESTAL MININCO.

De par la grève, les prisonniers Mapuches veulent attirer fondamentalment l’attention du gouvernement sur leur détention et sur la révision de leur condamnation et ainsi dénoncer l'inaplicabilité de la loi antiterroriste, étant donné qu'ils considèrent que leur procès a manqué de garanties minimales afin de leur assurer un procès équitable.

Les manquements déplorés par les 4 dirigeants, ont été constatés également par diverses organisations internationales de défense des Droits de l’Homme, y inclus le Rapporteur spécial des Nations Unies, Rodolfo Stavenhage, sur la situation des droits de l'homme et des libertés fondamentales des populations autochtones, ainsi que le Comité des droits economiques et sociaux de l'ONU

Ces instances internationales condamnent catégoriquement l'usage que le gouvernement Chilien fait de la législation antiterroriste afin de réprimer les reivindications sociales des dirigeants Mapuches et des éventuels délits communs commis lors des manifestations de reivindications de leur droit à la terre.

La comunidad Juan Paillalef solicita a los organismos internacionales el apoyo necesario a efectos de obtener la pronta libertad de la lonko, quien es objeto de una clara persecución por parte del Estado, lo que se refleja en las acusaciones infundadas que la mantienen detenida...

Fuentes de la Comunidad Juan Paillalef, en Sector Curacó de la Comuna de Cunco, IX región de Chile, informaron que el miércoles 21 de diciembre a las 18 horas, fuerzas especiales de Carabineros atacaron violentamente a los comuneros e hirieron a la Lonko Juana Calfunao, quien iba a caballo.

El viernes 23 de diciembre a las 14 horas, fuerzas especiales de Carabineros de los cuarteles de los Laureles y Temuco, efectuaron un violento allanamiento, durante el cual produjeron numerosos destrozos en la vivienda y enseres de Juana Calfunao, dañaron los generadores de corriente eléctrica y secuestraron materiales de comunicación.

La lonko Juana Calfunao fue detenida junto a Luisa Calfunao, quien se encuentra gravemente herida a causa de los incidentes...

"El Ministerio Público formalizó ante el Tribunal de Garantía de Temuco una investigación por el delito de desacato contra Myriam Reyes García, Defensora Penal Pública, quien en esa calidad ha asumido la defensa judicial de dirigentes mapuche en el marco del conflicto territorial de este pueblo originario.

La formalización de la investigación se fundamenta en la presunción de que ella habría hecho público una documentación de carácter reservada que daba a conocer pagos en dinero que habría efectuado la Fiscalía a testigos en causas judiciales que persiguen determinar eventuales responsabilidades penales de dirigentes y miembros de comunidades mapuche."

"Codepu rechaza el ánimo persecutorio de la Fiscalía local y que amenaza seriamente el libre ejercicio profesional de esta abogada que se ha destacado en la defensa de los derechos humanos y de los pueblos indígenas..."

Los organismos y defensores de derechos humanos chilenos, en este comunicado, manifiestan su "más profunda solidaridad y apoyo a las víctimas, organismos de derechos humanos y pueblo peruano, que hoy demandan al Estado de Chile una solución expedita y efectiva para los efectos de poner a disposición de las autoridades judiciales peruanas al prófugo de la justicia Alberto Fujimori, quien durante la década de los 90 dirigió y ejecutó una política masiva, sistemática e institucionalizada de violaciones graves a los derechos humanos y de corrupción en la república del Perú."

Afirman también que "El Estado de Chile, dada la naturaleza de los delitos imputados, entre ellos desaparición forzada de personas, ejecuciones extrajudiciales y torturas, todos crímenes internacionales, tiene el deber ético y jurídico de extraditar al prófugo de la justicia Alberto Fujimori y ponerlo a disposición de las autoridades requerientes del Perú. Que dicho imperativo se funda en el principio de derecho internacional en virtud del cual, tratándose de un imputado respecto del cual pesan cargos de haber perpetrado delitos de lesa humanidad, o se le juzga en el país o se le extradita, descartando toda posibilidad de mantener el estado de impunidad..."

Para conocer de primera mano la situación creada por la detención en Chile del prófugo Alberto Fujimori, ex Presidente de Perú, hemos entrevistado a Pancho Soberón, presidente de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú.

El prófugo huyó a Japón en noviembre del 2000 al caer su régimen de 10 años en medio de escándalos de corrupción, y llegó al aeropuerto de Santiago de Chile antes de las 15:00 horas del 6 de noviembre de 2005, acompañado de cuatro personas.

Según el propio Fujimori, el día 6 de noviembre de 2005 partió de Tokio, Japón, por vía aérea, con destino a la ciudad de Santiago de Chile, llegando a ésta a las 13:30 (hora local) del mismo día".

Pancho Soberón integra una delegación de activistas de derechos humanos peruanos que viajará a Santiago de Chile a efectos de coordinar los esfuerzos para lograr la rápida entrega de Alberto Fujimori a la jurisdicción de los tribunales peruanos.

"En una decisión que constituye un violento golpe contra Augusto Pinochet, la Corte Suprema decidió dar lugar al desafuero del militar en retiro por tres de los capítulos vinculados al denominado caso Riggs. La resolución del máximo tribunal alude a la causa por fraude tributario, en que están procesados su esposa Lucía Hirart, su hijo Marco Antonio Pinochet, su secretaria Mónica Ananías y su ex albacea óscar Aitken. A ello se suma el episodio por la falsificación de declaración jurada de bienes ante notario, realizada por Pinochet el 19 de octubre de 1989 y además el uso de pasaportes adulterados entre ellos la utilización de membrete de la Subsecretaría de Guerra."

Por otra parte, "Antes de jurar como ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz advirtió que dejará sin efecto la libertad provisional de ambos [Lucía Hiriart y Marco Antonio Pinochet] por la 'renuncia' a cumplir con el trámite. Asimismo, elevó una nueva solicitud de desafuero contra Augusto Pinochet, por malversación de fondos públicos por más de 2 millones de dólares."

La Comisión Fundación Presidente Allende ha hecho público un comunicado informando a la opinión pública de la conformación de la Comisión Calificadora de quienes soliciten a la Fundación Presidente Allende el reconocimiento y beneficio de ayuda a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en Chile, violaciones acaecidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.

Los comisionados sons: Rosemarie Bornand, Carmen Hertz, en representación de la FPA, Víctor Pey Casado; el Presidente, Helmut Frenz y el Presidente Subrogante, Claudio González Urbina.

Viviana Uribe ha sido designada como Secretaria Ejecutiva de la Comisión.

"El mandato único de la Comisión está expresado en el Auto del Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional de España, de fecha del 25 de febrero del 2005, que establece un fondo de ayuda a las víctimas del alzamiento de bienes y blanqueo de capitales de Augusto Pinochet...Nuestro mayor interés es convocar a todas aquellas personas víctimas para que se presenten a solicitar este reconocimiento y beneficio, antes del 15 de diciembre del presente año, plazo final de la recepción de solicitudes..."

"A principios de la semana [del 03oct05], cuando el ministro de fuero Sergio Muñoz realizó un careo entre la secretaria privada de Pinochet, Mónica Ananías, y el hijo del ex dictador Marco Antonio, las luces se encendieron en la oficina del abogado Pablo Rodríguez. Intuían que Muñoz dictaría un procesamiento y de seguro elevaría los antecedentes de la causa al pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago para iniciar el juicio de desafuero contra su cliente. Hasta ahí, todo era esperable. Incluso que encausara al abogado y albacea Oscar Aitken y a Mónica Ananías, como finalmente sucedió el jueves a última hora de la tarde, en calidad de cómplices de delito tributario.

Sin embargo, el mismo jueves [06oct05], cuando aún la confirmación del procesamiento de los dos más cercanos colaboradores del militar (R) era una nebulosa, comenzó a correr un rumor, tanto entre fuentes judiciales como militares: el magistrado había encausado a Marco Antonio Pinochet y su hermana Lucía, así como a la madre de ambos, Lucía Hiriart.

El hecho, si bien no pasó de ser una información errada, evidencia claramente cuáles serán los próximos pasos de Muñoz en el caso Riggs. Y es que el magistrado tendría establecido -en la cuerda separada del sumario relacionada con los delitos tributarios- que Marco Antonio fue un articulador en las operaciones para blanquear los fondos de su padre y no un mero receptor de los beneficios que de ellos provenían..."

El formato Real Media de este fichero, permite visualizar documentos de análisis contextual sincronizadamente con el audio. Esto es posible con el programa Real One Player. Más Información.

"En Chile, los organismos de Derechos Humanos, desde el mismo 11 de septiembre de 1973 y desde sus particulares trabajos, produjeron una gran e importante cantidad de documentación sobre las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron en el país durante la dictadura militar (1973-1990).

Esta documentación, oportunamente puesta a disposición de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (1990) y la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (2003), ha sido un antecedente irrefutable para el restablecimiento de la verdad y la justicia frente a los crímenes de lesa humanidad y es una de las principales fuentes de información de un período de la historia de Chile que se ha querido negar, ocultar, silenciar y tergiversar...

El reconocimiento del valor de los archivos de derechos humanos chilenos, no sólo como reserva de memoria de nuestro pueblo, sino como memoria de la humanidad, lo consagró la UNESCO, en agosto de 2003...

Inmediatamente conocida la nominación de la UNESCO, cinco de estos organismos, la AFDD, CODEPU, FASIC, PIDEE y ex Teleanálisis, se coordinaron con el objeto de crear una "Casa de la Memoria"...

La creación de la Casa de la Memoria se realiza en medio de un extenso y complejo proceso burocrático de negociaciones con la autoridad política y las instituciones gubernamentales; se enfrenta con cierta resistencia gubernamental que normalmente dilata resoluciones de actividades relativas a la promoción de los derechos humanos.

No obstante, en base a la obligación que tiene el Estado de proteger estos archivos de derechos humanos con estatus de patrimonio de la humanidad, confiamos más que nunca en la posibilidad de hacer posible, finalmente, un largo anhelo de los organismos de derechos humanos: crear una Casa de la Memoria..."

Con ocasión del ingreso a trámite legislativo de la moción parlamentaria que tiene por objeto el indulto a violadores de los derechos humanos, la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, CODEPU, ha emitido un comunicado en contra de este proyecto de ley.

Se trata de una medida contraria al derecho internacional de los derechos humanos y a la doctrina y jurisprudencia de la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos... "Una iniciativa legislativa no puede comprometer la responsabilidad internacional del Estado, que es lo que en los hechos sucedería de properar la moción parlamentaria... constituye una grave ofensa a los familiares y víctimas de violaciones a los derechos humanos.. es un atentado a la convivencia nacional y la conciencia democrática, puesto que conduce a la renuncia de la obligatoriedad del Estado a perseguir las responsabilidades penales, incluida la ejecución de penas".