En esta entrevista, el magistrado Araújo explica en forma concisa y clara el carácter delictual de la reelección del presidente Álvaro Uribe Vélez, obtenida mediante la comisión de sobornos y actos de corrupción durante el trámite del proyecto de reforma constitucional que permitió su elección por dos períodos consecutivos.

En su salvamento de voto fundamenta que el fallo de la Corte Constitucional al respecto "convalida una situación inconstitucional, injusta, ilegítima, ilegal y criminal".

Esta argumentación se basa en la sentencia de 26jun08 de la Corte Suprema en el caso Yidis Medina, conocido como "la yidispolítica", en el cual la Corte Suprema de Justicia da por demostrado que la reelección del Presidente se produjo mediante un acto de cohecho.

La Corte Constitucional sustenta su fallo en que no puede revisar sus propias sentencias y, dado que sobre esta cuestión ya se había expedido en la sentencia C-1040 (Reelección Presidencial) de 19 de octubre de 2005, declara haber perdido su competencia para emitir un nuevo pronunciamiento sobre el Acto Legislativo No. 02 de 2004, que permitió la reelección presidencial.

El magistrado Araújo se opone frontalmente a esta posición partiendo del principio de que el delito nunca puede ser fuente del derecho. Para ello se basa en la apreciación de hechos objetivos y en la aplicación de la propia Constitución de la República de Colombia.

La importancia de este salvamento de voto, a pesar de ser minoritario, estriba en que puede ser la base para la nulidad de los actos jurídicos y legislativos del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, al tener origen en un acto delictivo.

Los 14 jefes paramilitares son: Salvatore Mancuso, Francisco Javier Zuluaga alias Gordolindo, Diego Fernando Murillo Bejarano alias Don Berna, Rodrigo Tovar Pupo alias Jorge 40, Hernán Giraldo Serna, Nodier Giraldo Giraldo, Eduardo Enrique Bengoechea, Ramiro Vanoy alias Cuco, Guillermo Pérez Alzate alias Pablo Sevillano, Juan Carlos Sierra alias el Tuso, Martín Peñaranda, El Mello, y Eduardo Enrique Goynechea.

Su extradición es una obstrucción al proceso de verdad, justicia y reparación para con las víctimas, dado que estas extradiciones se producen por delitos de narcotráfico, y no por los crímenes que cometieron como paramilitares.

Esta medida significa el colapso de la denominada “Ley de Justicia y Paz”, dado que deja sin representación en el procedimiento a los principales sujetos de la mencionada ley.

Tal Ley, más que obedecer a una estrategia jurídica responde a una ingeniería jurídica, toda vez que no pretende la aplicación del derecho y la justicia, sino la pura violación de los principios del derecho penal y del derecho a la justicia.

La extradición es una forma perversa de reconocer el fracaso de la justicia transicional en Colombia, ya que la excepcionalidad penal implícita en esos modelos es una forma, a nuestro entender, de crear las bases de un estado de excepción global basado en la excepcionalidad jurídica, militar y diplomática, pero que garantizaría los derechos y libertades a los ciudadanos de los países centrales.

La perversión viene dada porque el proceso de Justicia y Paz no tiene validez procesal penal para un juez estadounidense, toda vez que no cumple con las normas básicas del derecho penal, especialmente en lo que se refiere a la declaración voluntaria de los procesados y la falta de investigación judicial en términos del debido proceso.

En esta reunión se adoptó una resolución tras una intensa jornada de negociaciones durante la cual cancilleres del todo el hemisferio dialogaron sobre la situación colombo-ecuatoriana por casi quince horas consecutivas.

El texto adoptado consta de nueve puntos y resuelve, entre ellos:

- Acoger positivamente la "Declaración de los Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de Río sobre los acontecimientos recientes entre Ecuador y Colombia" adoptada en Santo Domingo, República Dominicana el 7 de marzo de 2008, y destacar su contribución a la distensión de la situación y al acercamiento entre las Partes, con base en principio del derecho internacional.

- Reiterar la plena vigencia de los principios consagrados en el derecho internacional, de respeto a la soberanía, abstención del uso o amenaza de uso de la fuerza y de no injerencia en los asuntos de otros Estados, que consagra el art. 19 de la Carta de la O.E.A., y que constituyen principios fundacionales del Sistema Interamericano, obligatorios en cualquier circunstancia para todos sus Estados miembros;

- Reiterar la plena vigencia del principio de soberanía territorial, consagrada de manera irrestricta y sin ninguna excepción en el artículo 21 de la Carta de la OEA...

- Rechazar la incursión de fuerzas militares y efectivos de la policía de Colombia en territorio del Ecuador, en la Provincia de Sucumbios, el 1 de Marzo de 2008...

La resolución va acompañada de una nota de pie de página que dice: "Apoyamos los esfuerzos de esta resolución para crear un consenso entre Colombia y Ecuador con el fin de hacer frente a esta crisis. Estados Unidos no está preparado para aceptar la conclusión contenida en el párrafo operativo 4 dado que es muy específica en cuanto a los hechos y no toma en cuenta las disposiciones de las Cartas de la OEA y de las Naciones Unidas; de cualquier manera, ni esta resolución ni la resolución CP/RES. 930 (1632/08) afecta el derecho de autodefensa consagrado en el artículo 22 de la Carta de la OEA y el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas."

La reunión de los cancilleres de la OEA se dilató mucho más de lo previsto, puesto que ni Ecuador ni Colombia estaban dispuestos a renunciar a sus aspiraciones.

Ecuador, por un lado, quería que se respetara la resolución de los presidentes en la Cumbre del Grupo de Río, en la que se dejaba establecido que hubo la violación de su soberanía territorial sin ninguna mención al terrorismo.

Colombia pugnaba porque se incluyera en la declaración el principio de legítima defensa y de condena al terrorismo...

Tras 14 horas de diálogos a puerta cerrada sin llegar a ningún acuerdo, los cancilleres volvieron (a las 22:30) a suspender la sesión que mantenían para llevar a cabo una reunión "más pequeña" con el secretario José Miguel Insulza.

En esa declaración, los jefes de estado rechazan la "violación a la integridad territorial de Ecuador" y reafirman "el principio de que el territorio de un Estado es inviolable y no puede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado, directa o indirectamente, cualquiera fuera el motivo, aún de manera temporal.".

El ministro de Defensa de Ecuador, Wellington Sandoval, confirmó la mañana del sábado 01mar08 que el operativo de las fuerzas armadas colombianas que dio como resultado la baja de "Reyes" y otros combatientes de las FARC habría tenido lugar en Santa Rosa de Yanamaru, provincia limítrofe de Sucumbíos, en el nororiente...

Hace algunos meses moradores de esa zona habían denunciado bombardeos de la Fuerza Aérea colombiana e incursiones en territorio ecuatoriano del ejército del vecino país, lo que acentuó las diferencias entre Quito y Bogotá.

Quito se había quejado de las incursiones reiteradas del ejército colombiano en su territorio...

Reyes era guerrillero desde los años 70 y coordinaba la comisión internacional de las FARC. Fue negociador en los frustrados diálogos de paz en la zona desmilitarizada del Caguán, en el sur colombiano, entre enero de 1999 y febrero de 2002, y al descarrilarse ese proceso fue nombrado portavoz de la guerrilla, lo que lo convirtió en la principal fuente periodística en las FARC.

No hubo combates y no fue una persecución, sino una masacre, dijo. "Los aviones colombianos ingresaron al menos 10 kilómetros en nuestro territorio para realizar el ataque desde el sur. Luego llegaron tropas transportadas en helicópteros que culminaron la matanza. Incluso se hallaron cadáveres con tiros en la espalda", aseguró el mandatario. "Todo esto demuestra que el Ministerio de Defensa colombiano, la cancillería de dicho país y el propio presidente Uribe, más aun cuando me informó del hecho vía telefónica, le están mintiendo al Ecuador y al mundo", afirmó Correa. Ecuador no puede "confiar en un gobierno que traiciona la confianza de un pueblo hermano", añadió.

"Hemos manifestado permanentemente nuestra condena a las acciones y métodos de las FARC", pero no aceptamos "que a pretexto del combate a lo que ellos llaman terrorismo, se implanten, repetimos, doctrinas y prácticas inaceptables de irrespeto a la soberanía de los Estados", agregó Correa.

"La negociación está viva. Nada ha cambiado. O todo ha cambiado, menos la negociación", dijo una fuente europea a IPS.

Los facilitadores europeos fueron citados por la cúpula insurgente "inmediatamente" después de que trascendió la noticia de la muerte de "Raúl Reyes", portavoz de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), cabeza de la comisión internacional de esa guerrilla y que sostenía contacto habitual con el "grupo de países amigos", integrado hasta ahora por Francia, Suiza y España...

"La violación territorial es condenable", dijo Amorim, descartando por ahora las circunstancias "atenuantes" que podrían representar las explicaciones colombianas de reacción a ataques o ejercicio de la legítima defensa. Una comisión de la OEA debería investigar la operación colombiana en tierras ecuatorianas, propone Brasil.

La posición de Brasilia contraría así una opinión generalizada entre parlamentarios y analistas de este país que sugirieron una mediación más activa y amplia de Brasil, no limitada a la crisis desatada por la incursión colombiana...

Brasilia debería ejercer un papel "movilizador" para crear un grupo mediador de países latinoamericanos, dijo a IPS el senador Cristovam Buarque, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y ex ministro de Educación. Actuar solo "no lograría el éxito", pero es una cuestión que debe ser resuelta en la región, sin participación de gobiernos ajenos a ella, especialmente de Estados Unidos, acotó.

El pasado 24ene08 el Presidente Álvaro Uribe interpuso "Querella Penal por los delitos de injuria y calumnia en contra del Doctor César Julio Valencia Copete en su calidad de Presidente de la Corte Suprema de Justicia", en lo que podríamos denominar un ataque institucional del Poder Ejecutivo contra la Corte Suprema de Justicia.

Ramiro Bejarano, uno de los tres abogados del magistrado, explica claramente el origen y motivación de esta querella, sus vicios de forma y el fondo de la cuestión que está realmente en discusión.

La propia Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia aprobó por unanimidad el pasado 24ene08 una declaración en apoyo al magistrado César Julio Valencia y manifestando su respaldo unánime a "las actuaciones adelantadas desde el año pasado por el doctor César Julio Valencia Copete reiterando según se señaló en el comunicado de 9 de octubre de 2007, que siempre ha actuado como su Presidente y en ningún caso a título personal".

Los datos de cada uno de los 39 congresistas encausados hasta la fecha mencionada, están ordenados cronológicamente y entre los mismos figura una descripción procesal de cada caso y de los procesos que cursan hasta dicha fecha en la Corte Suprema de Justicia.

En vista de la información proporcionada, el balance hasta el 27sep07 es el siguiente:

• 39 indagados de una u otra manera
• 24 congresistas en indagación preliminar
• 15 detenidos (de ellos uno prófugo).
• De éstos, 5 ya fueron llamados a juicio: Erik Morris, Álvaro García, Dieb Maloof, Luis Eduardo Vives y Mauricio Pimiento
• 1 congresista se acogió a sentencia anticipada y aceptó los cargos en su contra (Alfonso Campo Escobar)
• 1 congresista detenida (Karelly Patricia Lara Vence).

"...Nosotros pedimos a nuestro gobierno que suspenda toda asistencia militar a Colombia hasta que el estado colombiano implemente de forma completa las repetidas recomendaciones hechas por el Alto Comisionado de la Naciones Unidas por los Derechos Humanos. Los asesinatos tienen que parar..."

La declaración la firman, entre otros, Mike Griffiths, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Laborista; Tony Lloyd MP, Presidente del Partido Laborista Parlamentario; Richard Howitt, MEP, Presidente del Partido Laborista Parlamentario del Parlamento Europeo; Tony Dubbins, Presidente de TULO, la Organización de Relaciones entre el movimiento sindical y el Partido Laborista...

La declaración ha sido firmada todos los miembros del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Laborista, excluyendo a los que ocupan cargo en el Gabinete actual, todos los eurodiputados laboristas, todos los Sindicatos afiliados al Partido Laborista y una gran cantidad de diputados del grupo parlamentario laborista en el Parlamento británico, además de una serie de organizaciones afiliadas al Partido Laborista británico

Pero mientras todo esto ocurre, y como muestra de que los gobiernos europeos tienen enfoques diferentes sobre la cuestión colombiana, Radio Nizkor ha tenido acceso al programa de un seminario de apoyo a la Ley de Justicia y Paz, a la justicia transicional y a la desmovilización paramilitar.

Este seminario será organizado por el Ministerio español de Asuntos Exteriores, que desde la época del primer gobierno de Felipe González ha apoyado en forma incondicional a Uribe Vélez. Hasta el momento esa práctica no tiene visos de cambiar y existe un verdadero consenso entre el Partido Popular, Izquierda Unida y el Partido Socialista en mantener este tipo de apoyo.

También analiza en la entrevista el conflicto que mantiene con la periodista Salud Hernández Mora y cuya tutela fue denegada recientemente por la Corte Constitucional, debido a que la mencionada periodista se negó a aportar la prueba de su acusación contra el magistrado. El caso tiene relación con la cuestión paramilitar y el alto tribunal, como explica el magistrado Araújo en la entrevista.

Este antiguo integrante del cuerpo de comandos de las Fuerzas Armadas israelíes, retirado con el grado de teniente coronel, tiene numerosos antecedentes por actividades ligadas a grupos de ultraderecha y, principalmente, a organizaciones criminales.

En 1980 entrenó a integrantes de organizaciones de narcotraficantes en Colombia, donde existe orden de captura desde 1999; en 2001, el Tribunal Superior de Manizales condenó a Klein, en ausencia, a diez años y ochos meses de prisión.

En una entrevista publicada por la Revista Semana de Bogotá el 06 de junio de 2005, Vicente Castaño afirma que Klein entrenó militarmente a jefes militares de las Autodefensas Unidas de Colombia y, especialmente, a Carlos Castaño.

La Comisión Internacional de la Unión Sindical Obrera (USO) hizo público en febrero de 2001 un documento titulado "Versión petrolera del Plan Colombia", en el que se afirma "que el mercenario Yair Klein, excoronel del ejército israelí, adiestró grupos paramilitares en el Magdalena Medio..."

También en el primer tomo de la obra "Colombia Nunca Más" se afirma que "en entrevista concedida al periodista Ronald Fisher, del diario Maariv, por el entonces Coronel del Ejército Israelí, Yair Klein, en diciembre de 1987, por invitación de miembros del gobierno estadounidense entrenó a un contingente de paramilitares en el Magdalena Medio..."

En dicha declaración, la Sala Plena de la Corte Suprema, entre otras cuestiones, afirma que:

"El principio universal de la independencia judicial, como de todos debe ser conocido y admitido, antes que una prerrogativa o facultad de los jueces, constituye una garantía fundamental de los ciudadanos, que hoy debe ser pregonada y defendida con más vigor que nunca frente a cualquier intento encaminado a cercenarlo o limitarlo".

"La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia respalda en forma incondicional y categórica las decisiones que, en el marco de sus precisas competencias, ha adoptado la Sala de Casación Penal, con la absoluta seguridad que las mismas son producto inequívoco de la interpretación y aplicación de las normas constitucionales y legales vigentes, al igual que de los tratados internacionales ratificados por nuestro país."

En el más reciente de los dos comunicados emitidos por la Corte, ésta expresa que:

[A]nte las declaraciones dadas por el Señor Presidente de la República a los medios radiales, televisados y escritos, en relación con el fallo adoptado el día 11 de julio, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, se ve precisada a comunicar lo siguiente:

1. Rechazamos la censura grave y peligrosa formulada por el señor Presidente de la República, con respecto al proceder de la Sala, la cual, no guarda coherencia con su invitación al diálogo y a la colaboración armónica de la Ramas del Poder Público.

2. La providencia cuestionada por el Gobierno Nacional, en cabeza del Presidente de la República, es el resultado del cabal cumplimiento del deber judicial de la Sala y refleja un absoluto apego y compromiso de ella con la Constitución y la Ley.

3. La Sala desaprueba las acusaciones que se le han imputado como presunta obstaculizadora del proceso de paz que adelanta el Gobierno Nacional con los grupos paramilitares, y considera que las dificultades que éste pueda afrontar, deben ser superadas mediante el examen de las falencias y los vacíos de las normatividad vigente...

El documento doctrinal, de 266 páginas, se distribuyó especialmente a las instituciones judiciales y se entregó en forma personalizada a los jueces de la Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, Procuraduría y Fiscalía General de la Nación, así como al presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y a otros operadores jurídicos especializados. También se distribuyó selectivamente a organizaciones especializadas en derecho internacional de los derehos humanos y a algunas organizaciones de derechos humanos...

El documento que presentamos tiene como finalidad dar una respuesta a un tipo de consulta que se nos ha realizado en varias oportunidades por quienes podríamos llamar operadores jurídicos en un sentido amplio. Es, por lo tanto, un análisis de la situación específica de los desmovilizados de las autodefensas y de las cuestiones derivadas de la aplicación de la denominada "Ley de Justicia y Paz".

Como consecuencia necesaria, este análisis afecta también a todos los responsables políticos respecto de los cuales se ha demostrado su participación, directa o indirecta, en lo que en la jurisprudencia internacional actual se conoce como "empresa criminal conjunta", expresión que reemplaza en la terminología a la de "organización criminal" en el sentido de las sentencias de Nuremberg...

El documento en cuestión no tiene como finalidad analizar jurídicamente las operaciones militares, ni las operaciones de fuerzas e individuos extranjeros en el territorio de Colombia ... de conformidad con el derecho internacional y el derecho internacional humanitario. Tampoco se analiza la guerra civil en Colombia desde la óptica del derecho internacional, análisis jurídico que sería necesario a la hora de tratar la cuestión de las guerrillas...

El análisis que presentamos se adecúa al estado actual de la jurisprudencia en el derecho internacional, la cual, en los últimos años, ha tenido un avance decidido al reconocerse expresamente la figura de "crímenes contra la humanidad" en la jurisdicción ordinaria en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también por una decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, avances que se recogen en forma amplia en el informe... Desde este punto de vista, la finalidad del mismo es la socialización pública de la jurisprudencia aplicable y de la necesidad de comprender que la justicia es una condición necesaria de un sistema de derecho...

Esta sentencia es la respuesta a la estrategia jurídica elaborada por el abogado Abelardo de La Espriella, defensor de los ex congresistas Eleonora Pineda, Muriel Benito Rebollo y José María Imbett, firmantes del 'Pacto de Ralito', en un documento de la firma Lawyers Enterprise Consultoría y Servicios Legales Especializados, titulado "Concepto Jurídico sobre el Proceso de la Parapolítica".

En el memorando mencionado se dice textualmente:

"Como alternativa de respuesta al problema jurídico planteado, el presente concepto propone una estrategia jurídica adecuada que implica una mixtura entre la Ley 782 de 2002 y el artículo 71 de la Ley 975 de 2005 y parte del cambio de adecuación típica de concierto para delinquir a sedición, bien sea en la Fiscalía, o en la Corte...

En su sentencia de 11jul07 la Corte afirma que "Aceptar que en lugar de concierto para delinquir el delito ejecutado por los miembros de los grupos paramilitares constituye la infracción punible denominada sedición, no sólo equivale a suponer que los mismos actuaron con fines altruistas y en busca del bienestar colectivo sino, y también, burlar el derecho de las víctimas y de la sociedad a que se haga justicia y que se conozca la verdad, pues finalmente los hechos podrían quedar cobijados con la impunidad absoluta -entendida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana- que se les brindaría por medio de amnistías e indultos, medidas que podrían ser tomadas a discreción del ejecutivo y el legislativo y sin posibilidad de control judicial, tornándose en un imposible la obtención de la verdad, el deber de recordar y el derecho a saber lo que realmente sucedió en el caso...

Declara la Corte además que: "[M]uchos de los crímenes atribuidos a los miembros de los grupos paramilitares constituyen graves atentados a la humanidad y a los valores supremos que de ella se predican en la actualidad, cobrando hoy mayor vigencia lo dicho por el Tribunal Constitucional en la sentencia C-004/03" en el sentido de que "[E]s pues claro que en los casos de impunidad de violaciones a los derechos humanos o de infracciones graves al derecho internacional humanitario derivadas del incumplimiento protuberante por el Estado colombiano de sus deberes de sancionar esas conductas, en el fondo prácticamente no existe cosa juzgada, pues ésta no es más que aparente. En esos eventos, nuevamente los derechos de las víctimas desplazan la garantía del non bis in ídem, y por ello la existencia de una decisión absolutoria con fuerza formal de cosa juzgada no debe impedir una reapertura de la investigación de esos comportamientos, incluso si no existen hechos o pruebas nuevas, puesto que la cosa juzgada no es más que aparente".

La sentencia de la Corte Suprema hace responsable a la judicatura del cumplimiento de la legalidad y dedica a esta cuestión un apartado titulado "Deberes de la judicatura en el Estado social de Derecho", en el que afirma que "El Estado, en este caso los jueces, faltan a sus deberes cuando ante graves violaciones a los derechos humanos no investigan, juzgan y sancionan a los responsables de cometerlas...

Antes de llegar a las conclusiones, la sentencia es meridianamente clara con relación a la falta de rigurosidad del proceso penal previsto por la ley de impunidad conocida con el nombre de Justicia y Paz, y dice expresamente

La razón no declarada de este acoso jurídico y moral viene dado porque en esa residencia se encuentran los restos familiares de la familia, incluido los restos del famoso líder político Jorge Eliécer Gaitán.

El día 30jun07 Gloria Gaitán dedidió tomar posesión de su casa, después de que en un juicio ciertamente rápido le fuera reconocida la propiedad de la casa familiar por la justicia.

"El gobierno de Estados Unidos considera a Fabio Enrique Ochoa Vasco uno de los más grandes capos del narcotráfico. Su rostro y sus datos biográficos fueron incluidos a finales del año pasado en el cartel de los extraditables más buscados del mundo. Por su captura ofrecen cinco millones de dólares de recompensa. Aunque su nombre resulta desconocido para la mayoría de los colombianos, puede ser uno de los hombres que más conocen el mundo del narcotráfico en las últimas tres décadas...

En 1983, Ochoa purgó una condena de dos años en Estados Unidos por ingresar 10 kilos de marihuana. Cinco años más tarde, regresó a Colombia y trabajó al lado de Fernando Galeano, uno de los más importantes miembros del cartel de Medellín, y se hizo muy amigo de su jefe de seguridad, Diego Fernando Murillo, alias 'Don Berna'... Estuvo con Pablo Escobar, a quien visitó con frecuencia en La Catedral, pero en 1992 terminó como miembro de los 'Pepes'...

Vio surgir el cartel del Norte del Valle y en 1994 se fue a vivir a México. Por esa época ya tenía cuatro solicitudes de extradición. Este no fue un impedimento para que viajara frecuentemente a Colombia utilizando tres pasaportes diferentes.

A comienzos de 2000 se le presentó a Salvatore Mancuso en una de sus fincas en Córdoba. El jefe paramilitar le pidió a Ochoa utilizar sus "contactos" en México para traer a Colombia un armamento para las AUC.

Durante los siguientes cinco años vivió en las entrañas de los paramilitares. Denuncia que Mancuso y otros miembros de las AUC traficaron toneladas de cocaína cuando ya estaban en pleno proceso de paz. Cuando sintió cerca los pasos de la justicia estadounidense, fue protegido por los paras, que no tuvieron inconveniente en esconderlo, como a muchos otros extraditables, en pleno corazón de Santa Fe Ralito.

También dice que fue testigo de cómo los paramilitares recogieron plata para sumarle votos a la primera candidatura presidencial de Álvaro Uribe..."

En su informe 2006, publicado el 5 de junio pero con fecha del lunes 4, la estadounidense Oficina de Política Nacional de Control de Drogas le da la razón: midió ocho por ciento de aumento de los cultivos, unas 13.000 hectáreas más que las detectadas en 2005, para llegar a un total de 157.200 hectáreas.

Ese aumento se registra pese a que en 2006, mediante el Plan Colombia antidrogas y antinarcóticos, se erradicaron 213.724 hectáreas de coca, la mayoría mediante fumigaciones con una mezcla de herbicidas (glifosato) y surfactantes, y otra parte en forma manual.

Desde 2000, el Plan Colombia financiado por Washington ha destruido 946.000 hectáreas de coca. La Casa Blanca justifica las últimas cifras en el aumento del territorio medido el año pasado, 19 por ciento superior al de 2005.

El ecuatoriano Comité Interinstitucional sobre las Fumigaciones (CIF), un grupo interdisciplinario civil, estudia desde 2001 los "efectos colaterales" del Plan Colombia sobre la salud humana y siembras no ilegales...

El CIF comprobó, dentro de Ecuador, el impacto de las fumigaciones colombianas a dos, cinco y 10 kilómetros de la frontera. Detectó afecciones respiratorias, digestivas, de la piel y oculares."

• El día de ayer, 5 de junio de 2007, se inició la diligencia de versión libre de Fredy Rendón Henao, alias El Alemán, jefe del bloque paramilitar Elmer Cárdenas que opera en los departamentos de Antioquia, Chocó, Córdoba, Santander y Cundinamarca y quien es determinador de cientos de crímenes de lesa humanidad entre los que se cuentan: ejecuciones extrajudiciales, masacres, desapariciones forzadas, torturas, desplazamiento forzado, violaciones sexuales a mujeres y apropiación de tierras colectivas de comunidades campesinas, negras e indígenas...

• En la audiencia el jefe paramilitar Fredy Rendón Henao, alias El Alemán, no confesó los crímenes sistemáticos perpetrados por la estructura paramilitar bajo su mando y se limitó a alegar que todas las víctimas eran integrantes de grupos insurgentes que fueron "neutralizadas", lo que generó gran indignación entre los asistentes a la diligencia. Cabe destacar que no confesar plena y verazmente en la audiencia de versión libre impide otorgar los beneficios de la ley de justicia y paz a los paramilitares que se sometieron a este proceso excepcional, lo que obligaría a la Fiscalía a suspender dicho trámite y someter los procesos penales nuevamente a la justicia ordinaria.

• La Campaña denuncia nuevamente la actitud de la Fiscalía, representada por el fiscal 19 delegada ante el Tribunal de Justicia y Paz que persiste en negar la participación de las víctimas y sus representantes, con plenas facultades, en el desarrollo de la diligencia de versión libre, tal como ha sido reconocido en varios pronunciamientos de la Corte Constitucional. La argumentación del funcionario público fue aducir que el proceso de desmovilización paramilitar se ha cumplido en medio de la guerra y que esto no genera condiciones de seguridad a las victimas para que puedan intervenir directamente o a través de sus representantes, confrontando la versión de los victimarios. Sin embargo, cuando alias el Alemán quiso la presencia directa de las víctimas en la audiencia, el Fiscal accedió a su solicitud. Lo anterior, pone de manifiesto la preponderancia que en el proceso penal tienen los víctimarios y los obstáculos a las víctimas para el ejercicio legítimo de sus derechos...

Entre las acusaciones formuladas por el Senador y que éste apoyó documentalmente en el transcurso de su intervención, destacan:

• Que el entonces senador Fabio Valencia Cossio buscó el apoyo de los grupos paramilitares para conseguir el voto de un grupo de concejales conservadores.
• Que el actual Director de la Policía Metropolitana de Bogotá se reunió con Pablo Escobar, cuando se desempeñaba como Comandante de la Policía de Puerto Boyacá.
• Que en la finca Guacharacas del presidente Álvaro Uribe Vélez fueron asesinadas varias personas a manos de paramilitares
• Que el presidente, cuando se desempeñaba como Gobernador de Antioquia, autorizó la conformación de varias Convivir bajo la dirección de reconocidos paramilitares.
• Que el hermano del presidente, Santiago Uribe, mantenía nexos con Fabio Ochoa.

Esta exposición fue contestada desde el Gobierno a través de las intervenciones del Ministro de Interior y Justicia y del Ministro de Transporte.

Los ficheros audios que ponemos a disposición siguen el orden cronológico de las distintas intervenciones y reproducen fielmente las actas videográficas oficiales de la sesión. La observación "Pendiente" corresponde a ficheros que pondremos a disposición en breve.

Para completar el debate faltan unas últimas preguntas que no afectan al fondo de la cuestión y que no hemos producido debido a que por motivos técnicos, ajenos a Radio Nizkor, no se han podido recuperar de las actas videográficas. Si en algún momento fuera técnicamente posible recuperarlas, se agregarían a los ficheros ya existentes y que corresponden a la práctica totalidad del debate.

Y es que durante el debate de votación de Transferencias se presentó una "casualidad" en la oficina del senador Gustavo Petro. A la misma hora llegaron dos comisiones de la Policía: la primera tenía como finalidad llevar a cabo una inspección judicial, por orden de una fiscal de la Unidad Antiterrorista que necesitaba unos documentos de un debate realizado en el año 2003, y la segunda, era una reunión programada con la Policía para reforzar el esquema de seguridad del senador .

Petro dijo que el error se presentó por una inconsistencia entre una orden emitida por el despacho de un fiscal antiterrorismo para solicitar unos documentos que se presentaron en un debate del 2003 (sobre militares sindicados de corrupción por la compra de unos radios), aunque después se precisó que la petición de la documentación fue impartida por un funcionario de la Procuraduría.

En relación con los hechos, el Ministro del Interior, Carlos Holguín, afirmó que "No fue un allanamiento, ni había una orden, lo que había era una orden de inspección judicial para pedir unos documentos, hay está el error de la Fiscal, ella debía haber pedido los documentos simplemente por oficio, respetando el fuero del senador".

Por otra parte, la familia del senador Petro ha denunciado el incremento de las amenazas de muerte tras la celebración en el Senado, el 17abr07, de un debate sobre el paramilitarismo en Antioquia. Las amenazas han llegado tanto a la casa de la madre de Gustavo Petro como a las de sus hermanos y en ellas se advierte a los Petro que sus días están contados...

Los desplazados están llegando al área urbana de Barbacoas por los combates que se registran en el río Tapaje, zona rural de El Charco. Pero es en este último donde se evidencia la peor tragedia: "Ayer hablábamos de casi 5.000 desplazados y hoy tenemos más de 6.000", lamentó el alcalde de El Charco, Víctor Candelo, quien aseguró que el número de desplazados (837 familias censadas) podría subir.

Víctor Candelo ha contado a Radio Nizkor, en entrevista efectuada el 04abr07, la situación que se vive en la zona...

A su vez, según informes de la Organización Panamericana de la Salud, se vienen registrando desplazamientos masivos en El Charco y La Tola en la costa pacífica norte Nariñense por enfrentamiento de actores armados en la zona.

Hay alrededor de 5000 personas recibidas en el Charco, en 4 albergues: Instituto Educativo el Canal, La Parroquia, el Hogar Infantil y la Base Militar.

Se tiene información de 560 personas en las veredas de San Pablo, Pampón, Achote, Paulina en inmediaciones de La Tola que se han albergado en casas de familia. Se ha reportado asimismo la llegada a Barbacoas proveniente de Bocas de Satinga, El Charco y Cumbitara, de entre 200 y 500 personas según diversas fuentes.

A la vereda de Pulvusa no se puede entrar porque hay combates y hay indicios de población confinada e incomunicada, pero no se tiene información precisa. También 27 familias se han desplazado desde Cumbitara hasta Barbacoas. Y 51 personas: 26 mujeres, 19 menores de 10 años y un adulto mayor que se han recibido en la cabecera de Magüí provenientes de la zona rural.

El centro de salud de La Tola se encuentra en alerta amarilla y ha brindado atención directa a 60 personas siendo las principales causas de consulta: enfermedad diarreica aguda, deshidratación, infección respiratoria aguda y micosis (reporte 29 de marzo).