El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras - COFADEH, desea expresar su profunda preocupación por los acontecimientos de los últimos días y el contexto de inseguridad para el ejercicio de la defensa y promoción de los derechos humanos en Honduras.

El pasado jueves 03jul08, en horas de la noche, varios desconocidos allanaron y destrozaron las oficinas del Cofadeh, sustrayendo equipo con información y vaciando archivos y gavetas de los escritorios de tres oficinas que trabajan con información sensible e importante para el quehacer del Cofadeh.

Los sujetos sustrajeton dos computadoras portátiles, tres cámaras fotográficas, dos filmadoras y tres USB que contenían valiosa información. Los hechos fueron reportados a las 07:30 a.m. del 04jul08, no bien fueron descubiertos. La policía de investigaciones se hizo presente cinco horas después para levantar las indagaciones preliminares y huellas dactilares.

Las circunstancias en que ocurrieron los hechos apuntan a que se trató de un acto deliberado y que su propósito era sustraer información sobre el trabajo que realiza el Cofadeh. Esta presunción viene reforzada por el hecho de que en la noche del domingo 06jul08, Bertha Oliva de Nativí, Coordinadora Gral. del Cofadeh, fue objeto de seguimiento.

El Cofadeh, siempre ha impulsado y apoyado acciones importantes contra la corrupción y la impunidad. Recientemente ha apoyado al movimiento de Fiscales que se declararon en huelga de hambre contra la corrupción, a la Comunidad de Zacate Grande (30 de sus pobladores, que reivindican su derecho a la tierra, han sido acusados por el Ministerio Público en representación de poderosos empresarios), lleva la representación en calidad de ente acusador privado en el caso de los Ambientalistas de Olancho fusilados por agentes del Estado el 20dic06 y la representación de 17 ambientalistas procesados por el Ministerio Público en el municipio de Talanga.

El ataque al Cofadeh se suma a una serie de hechos en contra de defensores de derechos humanos, como el asesinato de 5 campesinos en la zona norte del País, los asesinatos, amenazas y constante hostigamiento de la comunidad negra; las amenazas post huelga de hambre en contra de los miembros de la Asociación de Fiscales y las amenazas en contra de los defensores de los derechos económicos y sociales.

En el pasado reciente, las oficinas del Centro de Prevención y Tratamiento de las Víctimas de la Tortura CPTRT, fueron allanadas, igual situación enfrentaron la organización Vía Campesina y la organización negra OFRANEH. En Abril la dirigente sindical Alta Gracia Fuentes fue asesinada y antes en el 2006, el defensor de los derechos laborales Dionisio Días García fue asesinado.

En la gran mayoría de los casos señalados, la impunidad es el factor común.

Por todo ello, el COFADEH solicita apoyo internacional y que se inste a las autoridades de Honduras a asegurar la labor de defensa de los derechos humanos en cumplimiento de la normativa internacional que Honduras ha suscrito.

En la entrevista se nos muestra de una manera objetiva y descarnada la grave situación que atraviesan las 590 personas amenazadas en Barranquilla por parte de los grupos paramilitares, que no se han desmovilizado. Esa lista de amenazados la integran defensores de derechos humanos, sindicalistas, líderes sociales, quienes en la inmensa mayoría de los casos se encuentran en la más absoluta desprotección frente a estas estructuras de crimen organizado, a cuya legalización apunta la famosa ley de Justicia y Paz y el decreto que la reglamenta.

Las expectativas habían crecido en especial tras la visita a Rangún del subsecretario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Asuntos Políticos, Ibrahim Gambari, a quien se le concedió una entrevista de una hora con la activista y premio Nobel de la Paz..."

Reinaldo Vargas, integrante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, nos habla del contexto actual de estas amenazas, de la reacción a las mismas por parte de la representación de la presidencia de la UE en Colomnbia, en este momento en manos de Austria, así como del hostigamiento en contra del Colectivo de Abogados y el porqué del mismo.

En el caso del colectivo de abogados, es la cuarta vez que se registra un robo de estas características..."

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), hace de conocimiento público las recientes amenazas contra el Secretario Ejecutivo de esta institución, Francisco Soberón, y el Adjunto a la Secretaría Ejecutiva, Alejandro Silva, ocurridas en el contexto de la presentación, en Washington, el pasado 17oct05, de un informe sobre amenazas contra defensores de derechos humanos, testigos, agraviados, jueces y fiscales peruanos por su labor en el esclarecimiento de los crímenes y violaciones a los derechos humanos ocurridos en Perú en las últimas décadas.

La Comisión de Derechos Humanos – COMISEDH, organización con sedes en las ciudades de Lima y Ayacucho, pone en conocimiento de la opinión pública que el día 13 de septiembre, aproximadamente a las 5 de la madrugada, su sede central en Lima sufrió una incursión por parte de sujetos armados...

La alta peligrosidad de los delincuentes se vio demostrada por la utilización de pertrechos para escalar, la inhabilitación del sistema de comunicaciones de la sede central de COMISEDH, la manipulación del sistema de alarma y el empleo de armas de fuego para amedrentar a un vigilante particular y a una unidad del Serenazgo de Jesús María...

Estos hechos intimidatorios se producen en circunstancias que la institución viene asumiendo la defensa de víctimas de violaciones a los derechos humanos

"El Servicio Paz y Justicia en América Latina expresa su más profundo rechazo ante los desmanes y maltratos de los cuales han sido víctimas los compañeros y compañeras Defensores de los Derechos Humanos en Guatemala el día 13 de septiembre cuando a las once horas un grupo armado ingresó a las oficinas de Pro SERPAJ-Guatemala secuestrando durante una hora a cinco personas, todas activistas de derechos humanos, que fueron amordazados, amarrados de pies y manos, e insultados con amenazas contra su vida e integridad física.

Asimismo, sustrajeron algunos bienes dentro de los cuales destacamos el ordenador que contenía la información respecto a su trabajo y también los discos de respaldo de la misma..."

El médico y ciudadano hondureño Juan Almendares, Director Ejecutivo del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares y Presidente del Movimiento Madre Tierra, ha presentado una denuncia ante las autoridades hondureñas ante el hostigamiento y las amenazas de muerte de que están siendo objeto él, su familia y los miembros de sus organizaciones.

"Por nuestra actividad constante en defensa de los Derechos Humanos y nuestra lucha contra la Tortura y la defensa del Medio Ambiente y la Justicia Ambiental hemos sido objeto de tortura, intimidación, persecución, amenazas a muerte y atentados en muchas ocasiones (...)

Se considera insólito que estas amenazas y ataques se sucedan en contra de quienes tenemos como único fin el cumplimiento de nuestras obligaciones ciudadanas... Es mucho más denigrante e incomprensible ese cuadro de comportamientos por cuanto se hace aparecer como simples actos delincuenciales; no obstante, los dirigentes de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, Ambientales y Populares sabemos que esa es otra argucia para enmascarar la forma en que actúan los aparatos represivos del Estado de Honduras..."

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), expresa su total repudio y preocupación por el allanamiento ilegal de que fue objeto la residencia de Oscar Aníbal Puerto Posas, Director del Instituto Hondureño de Desarrollo Rural...

Este tipo de hechos tiene un efecto amedrentador sobre la familia y la sociedad, pues genera inseguridad; si el domicilio no es seguro, ya no hay un solo sitio seguro. La inexistencia de investigaciones efectivas e imparciales y la falta de sanción penal para los autores multiplican la vocación de los criminales, que se ven arropados con el manto de la impunidad.

Oscar Aníbal Puerto fue en los años ochenta Vicepresidente del Comité para la Defensa d los Derechos Humanos en Honduras (CODEH) y Vicepresidente de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica (CODEHUCA).

El COFADEH reitera a las autoridades y a la comunidad internacional su preocupación por la seguridad de los activistas sociales y de derechos humanos en el país. Al reciente allanamiento al domicilio de Oscar Aníbal Puerto, se suma al allanamiento en julio de la casa de Juan Barahona, Coordinador General del Bloque Popular, al asesinato del dirigente sindical, Francisco Cruz, en septiembre, y las amenazas a muerte a Juan Almendares Bonilla y reiterados allanamientos a las oficinas del Centro de Prevención Contra la Tortura, del cual Almendares es su director, entre otros hechos que el COFADEH ha denunciado en forma oportuna...

El Observatorio vuelve a manifestar su preocupación por la integridad física y psicológica de las personas que apoyan y asesoran para resolver los conflictos de tierra por la vía legal e insiste para que las violaciones de sus derechos humanos no permanezcan en la impunidad.

"“El día 7 de julio, a las 7.40 horas de la mañana, en las oficinas centrales de la organización en Chimaltenango ingresó un fax conteniendo amenazas contra nuestro Coordinador General, Sr. Mario Antonio Godinez López, que literalmente mencionaba que '...las acciones desestabilizadoras hechas por su organización han provocado descontento e indignación en las organizaciones que trabajamos por la paz del departamento. Le recomendamos que se abstengan de llevar a cabo reuniones de mas de 20 personas en cualquier lugar ya que lo entenderemos como un acto de nueva provocación y reaccionaremos en respuesta de sus acciones desestabilizadoras. Le recomendamos mucha prudencia en lo que de aquí en adelante planeen en las comunidades y en el departamento...'

Dicho documento está firmado por un grupo desconocido auto llamado Grupo de Acción por la Paz en Huehuetenango.

Esta amenaza se une a varios hechos de intimidación que en distintas partes del país han recibido tanto miembros directivos de Ceiba como personal de la misma, durante el primer semestre de este año, las cuales han sido documentadas en la Procuraduría de Derechos Humanos y el Ministerio Público..."

According to the latest report recently submitted by the Unit for the Protection of Human Rights Defenders of the National Human Rights Movement, between January and May of this year 68 attacks against human rights defenders have been reported, a number which also includes breaking and entering of the offices of such organizations, attacks against and killings of justice officials, social leaders, members of human rights organizations and communications workers.

In the face of this situation the Human Rights Ombudsman (Procurador de los Derechos Humanos), gravely concerned by the recent increase in the number of attacks against justice officials and human rights defenders, has released a statement in which he calls for an effective implementation of international mechanisms to protect human rights in Guatemala. He also highlights the need to unite efforts at the national level to defend such rights.

Según el último informe presentado recientemente por la Unidad de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos del Movimiento Nacional de Derechos Humanos, entre enero y mayo de 2005 se han reportado 68 ataques en contra de defensores de derechos humanos, cifra que comprende allanamientos a sedes de organizaciones, atentados y asesinatos en contra de operadores de justicia, dirigentes y líderes sociales, así como contra miembros de organizaciones de derechos humanos y comunicadores sociales.

Ante esta situación, el Procurador de los Derechos Humanos ha emitido un pronunciamiento exponiendo la grave situación de acoso contra el movimiento de derechos humanos y la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección de los ddhh en Guatemala.

El Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo", Organización No Gubernamental de Derechos Humanos, ha denunciado ante la comunidad nacional e internacional una serie de nuevos y graves hechos de amenazas en su contra:

- En la noche del viernes 13 de mayo, al llegar a su casa, la presidenta del Colectivo de Abogados Soraya Gutiérrez, recibió de manos de la vigilancia del conjunto residencial donde vive, un extra˜o paquete. En el interior del mismo se halló una muñeca descabezada y descuartizada. Junto a la muñeca venía una nota escrita a mano que decía: "Usted tiene una familia muy linda; cuídela, no la sacrifique".

- En la sección de avisos clasificados del diario El Tiempo del 13 y del 14 de mayo, sin mediar orden alguna del Colectivo de Abogados, se publicaron sendos anuncios solicitando personal laboral con licenciatura académica y vigilantes, especificando los teléfonos y la direccion del Colectivo, en los cuales los interesados podrían preguntar por "José Alverar Restrepo".

Del primer anuncio se infiere que hay riesgo inminente de ataques contra los integrantes del Colectivo, que podrían "generar vacantes". El segundo podría significar que el Colectivo de Abogados estaría "bajo permanente vigilancia".

Por otra parte, el contenido del anuncio coincide con la fecha, hora y sitio de una reunión con víctimas de crímenes de lesa humanidad programada en la sede del Colectivo. Estas amenazas se explican por el trabajo que el Colectivo Alvear Restrepo y otras organizaciones sociales y de derechos humanos, vienen haciendo junto con las organizaciones de víctimas de crímenes de lesa humanidad, quienes reivindican verdad, justicia y reparación, y lo hacen en el escenario del proceso de "diálogo-desmovilización" entre el Estado y los paramilitares, y de la tramitación del marco jurídico que pretende asegurar la impunidad de las graves violaciones de los derechos humanos cometidas por estas organizaciones.

Los señalamientos, hostigamientos y amenazas contra el Colectivo de Abogados se han acentuado e incrementado a partir de los señalamientos que realizara el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, en sus discursos públicos del mes de septiembre de 2003 y de febrero de 2004...

El 02abr05, una Comisión de Verificación se dirigió a las zonas humanitarias del Río Jiguamiandó, Departamento del Chocó, a fin de verificar la retención y/o desaparición de 5 defensores de derechos humanos integrantes de Justicia y Paz. Esta Comisión la conformaron el Proyecto Justicia y Vida, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, con delegados de la Iglesia Diocesana de Quibdó, y Brigadas Internacionales de Paz.

En la última semana, la Comisión de Justicia y Paz, recibió una amenaza de muerte, por correo postal, 15 días después de que se realizara una audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a las medidas provisionales encaminadas a la protección de los Consejos Comunitarios del Jiguamiandó y las familias del Curvaradó.

Las comunidades afrodescendientes han sido víctimas de actuaciones de tipo paramilitar y sus integrantes han sido amenazados debido a las denuncias entabladas contra empresas palmicultoras por la ocupación ilegal de sus tierras cultivadas colectivamente, tal cual constata el informe del INCODER de 15mar05...

Varias organizaciones sociales y de derechos humanos han denunciado el allanamiento y registro de que fue objeto la sede de la Fundación Sumapaz, organismo de derechos humanos miembro del Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad -CODEHSEL- el día 30 de marzo de 2005. Según la información suministrada por el fiscal delegado para esta diligencia, fue comisionado por la fiscalía adscrita al Comando Élite Antiterrorista para establecer posibles vínculos de la Fundación Sumapaz con el grupo insurgente Ejército Revolucionario del Pueblo.

En desarrollo de la diligencia, fueron decomisadas e incautadas todas las carpetas con la información contable de la institución, algunos documentos y agendas de trabajo y carteles alusivos a la reciente masacre ocurrida en San José de Apartadó, además fue copiada toda la información contenida en los tres ordenadores que se encontraban en la oficina.

En la oficina allanada funciona además la sede del Comité Permanente de Derechos Humanos Héctor Abad Gómez y la coordinación de CODEHSEL, cuya información igualmente fue copiada de los ordenadores. Minutos antes de la diligencia de allanamiento y registro fue capturado el señor Alejandro Quiceno, empleado de la Fundación Sumapaz...

On 21st February 2005, soldiers of the National Army of Colombia carried out a massacre among the civilian population of the Peace Community of San Jose de Apartado.

The Peace Community Council set up a verification commission consisting of 300 people who, after visiting the site where these events took place, issued its report on 27th February 2005.

"On Friday 25th February at about midday we found evidence of the massacre: two common graves containing the mutilated bodies of Alfonso Bolívar Tuberquia, Sandra Milena Muñoz and their children Natalia Andrea Tuberquia aged 4 years and Santiago Tuberquia Muñoz aged 18 months... We also found in one of the graves the remains of Alejandro Perez, aged 30."

"The removal of the five bodies was carried out by representatives of the prosecutor´s office who arrived at La Resbalosa by helicopter on the afternoon of Friday 25th. Since we arrived at Mulatos and la Resbalosa we have been surrounded by members of the army who, as we have already reported, were conducting operations in the entire area since Thursday 17th February. Since that date, the army has maintained a strong presence in all the settlements of San José. In the report we made, we referred to the strategy of the army and the paramilitary to evacuate the settlements and take control of the land.

There have been indiscriminate bombings followed by operations destroying everything with which they have come into contact: animals, crops, houses and, as this latest incident shows, entire families, children of only 4 years of age, babies of only 18 months - all victims of an inhuman conflict. What is even worse is the fact that they are victims of the forces of the Colombian state whose constitutional function is to protect its own citizens."

"Organizaciones gremiales de Colombia y Estados Unidos acusan a Coca-Cola y a la empresa mexicana Femsa, dueña de embotelladoras de esa marca de refrescos en el país sudamericano, de contratar a paramilitares para asesinar a sindicalistas.

Las agrupaciones denunciantes promueven una campaña internacional -que incluye una demanda legal en Estados Unidos contra estas dos empresas- en favor de la protección de los trabajadores y la compensación a las familias de los sindicalistas asesinados.

El sindicato nacional siderúrgico de Estados Unidos presentó una demanda judicial ante los tribunales federales estadunidenses contra Coca-Cola, Femsa y la embotelladora colombiana, que potencialmente podría representar cientos de millones de dólares en daños para estas empresas. Femsa fue incluida en la demanda, ya que es uno de los dueños principales de la embotelladora en Colombia..."

"The security situation of human rights defenders and various civil society organizations deteriorates further in Guatemala.

The first type of actions consisted in illegal covert break-ins which looked like normal delinquency but which, due to the circumstances, the material stolen and the background of intimidation and prior threats, have the hallmark of the co-ordinated action of the military counter-intelligence services.

On the 19th September, 2004, in Guatemala City three organizations experienced break-ins with this modus operandi: "Casa del Migrante", "Paz y Tercer Mundo" and the "Proyecto Institucionalización del Mesodiálogo"...

In addition, claims by local communities affected by the construction of the Chixoy dam have been the subject of a defamation campaign, similar in type to the PR campaigns carried out by specialist firms, and set in motion contemporaneously with the events which have taken place in Guatemala City...

This campaign, has been led by the newspaper "El Periódico" which has published an article which even a superficial contextual analysis would describe as a "military intelligence report". It merely demonstrates that the military counter-intelligence services continue to act on the borders of Guatemalan constitutional legality..."

En relación con el acoso y hostigamiento contra la periodista C.J. Duque, pueden escuchar también la Entrevista a Claudia Julieta Duque sobre el caso del asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón.

La precaria situación de seguridad de los defensores de derechos humanos y de algunos organismos sociales se agrava en Guatemala.

La primera forma de actuación ha consistido en allanamientos ilegales, encubiertos como acción de delincuentes comunes, pero en los que la circunstancialidad, el material que ha sido robado y el contexto de intimidación y amenazas previo, hacen notorio la acción coordinada al estilo de los servicios de contrainteligencia militares.

El 19sep04, en Ciudad de Guatemala, sufrieron este tipo de modus operandi la "Casa del Migrante", "Paz y Tercer Mundo" y el "Proyecto Institucionalización del Mesodiálogo". También fueron allanadas la Unión Progresista Amatitlaneca y la cooperativa COOSADECO...

Paralelamente, se llevaba a cabo una grave campaña de difamación puesta en marcha al estilo de las campañas de imagen promovidas por empresas especializadas, y que ha sido concurrente en el tiempo con los hechos ocurridos en Ciudad de Guatemala.

Esta campaña la encabezaba el diario "El Periódico", que publica un artículo al que un mero análisis contextual puede catalogar como "informe militar de inteligencia" y simplemente viene a demostrar que los servicios de contrainteligencia militar continúan actuando al margen de la legalidad constitucional guatemalteca.

Uno de los principales afectados por esta campaña de difamación ha sido Juan de Dios García, Director de ADIVIMA (Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia en las Verapaces, Maya Achì), a quien Radio Nizkor ha entrevistado y quien nos habla del continuo acoso y hostigamiento al que se ve sometido el trabajo de defensa de los derechos humanos.

En la madrugada del jueves 5 de agosto de 2004, tropas del Grupo Mecanizado Revéiz Pizarro - perteneciente a la brigada XVIII del Ejército, con sede en Saravena (Arauca),- irrumpieron en el caserío de Caño Seco (municipio de Saravena), llegaron hasta la casa donde se encontraba el líder sindical Jorge Prieto y ejecutaron de varios disparos al Sr. Prieto, al también líder sindical Leonel Goyeneche y al histórico líder campesino Héctor Alirio Martínez.

En los mismos hechos fueron detenidos -y posteriormente encarcelados- otros dos líderes sindicales de Arauca: Samuel Morales Flores, presidente de la CUT Arauca, y Maria Raquel Castro Pérez, dirigente del sindicato Asociación de Ecucadores de Arauca (ASEDAR).

El sábado 7 de agosto de 2004 una comisión integrada por representantes de organismos de derechos humanos y de organizaciones sociales se desplazó a Arauca. La Comisión la conformaron el Comité de Solidaridad con Presos Políticos, Humanidad Vigente Corporación Jurídica, Proceso de Comunidades Negras, Justicia y Paz, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Red de Comunidades en Ruptura y Resistencia (RECORRE), la Red Europea de Hermandad con Colombia, el Coordinador Nacional Agrario y el Comité de DDHH de la Unión Sindical Obrera-USO y contó con el acompañamiento de Brigadas Internacionales de Paz.

Radio Nizkor ha extractado el informe de esta comisión. Esta información debe complementarse con la entrevista a Yenly Angélica Méndez, del organismo de ddhh "Humanidad Vigente", que viene trabajando el problema de las violaciones a los derechos humanos en Arauca.

In order to do so, you may e-mail us at Editor Radio Nizkor.

You may find further information on the International Criminal Court and current conflicts at the website of Equipo Nizkor